El sector empresarial ya calcula cuántas empresas y el impacto que tendrá en el sector y la economía la contribución temporal de seguridad dirigida a las utilidades de las compañías, una de los 4 impuestos o contribuciones que aprobó el martes 6 de febrero la Asamblea Nacional para financiar el conflicto armado interno en Ecuador.
Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), indicó este miércoles 7 de febrero que aunque no cuenta con la cifra exacta del número de empresas que tendrán que cancelar la contribución son alrededor de 4.000 empresas entre medianas y grandes las que tuvieron utilidades positivas y por tanto serían sujetas al pago del impuesto aprobado por el Legislativo con 134 votos.
Las empresas que pagarán, según lo aprobado, son las sociedades residentes fiscales en Ecuador que obtuvieron ingresos gravados durante el ejercicio fiscal 2022, así como los establecimientos permanentes. Se excluye a las micro, pequeñas empresas, bancos y cooperativas de ahorro y crédito.
La contribución será del 3,25 % sobre la base imponible de las utilidades netas gravadas con el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2022. Se pagará durante lo que resta del año 2024 y durante el 2025.
González también confirmó los cálculos del Ejecutivo que señalan que por la contribución a las utilidades de las empresas se proyecta un ingreso anual de $ 325,6 millones.
Sobre el impacto en estas empresas, el titular del CEE reconoció que existe una grave preocupación. “Recordemos que este año también comenzaron con las autoretenciones que en algunos casos ascienden hasta el 10 %. A esto hay que sumarle un nuevo desembolso extraordinario por contribución sobre utilidades”, sostuvo González.
Analizó que las consecuencias inmediatas serán menor liquidez, menor crecimiento, menor generación de empleo. “Estamos haciendo lo contrario de lo que se necesita para mejorar la economía del país. Y hoy necesitamos luchar contra la guerra, contra la inseguridad, pero al mismo tiempo impulsar la economía”, manifestó.
En una entrevista radial el presidente del CEE criticó que el sector privado tenga que hacer recortes y que el Estado no los haga. “Tampoco está bien que mientras algunos formales pagan sus impuestos, no está bien que haya otros que hacen las cosas por la izquierda, defrauden al fisco y al final se les sigue cobrando al que siempre paga… antes de pensar en contribuciones adicionales el Estado debe hacer su tarea”, agregó.
Por ejemplo, el dirigente aseguró que “más de $ 1.500 millones o $ 2.000 millones, según estimaciones, se van en compras públicas que están hechas a precios fuera del mercado. Nosotros decimos que las compras públicas deben estar hechas al precio del mercado, no de negociado, entonces si por corrupción se va la plata, ahí es donde hay que conseguir los recursos”.
Fuente: El Universo
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