Para el Consejo Nacional Electoral (CNE) empieza a correr el plazo de 45 días para convocar a referéndum de reforma parcial a la Constitución, pero está a la espera que el presidente de la República, Daniel Noboa firme el decreto ejecutivo convocando a su consulta popular de diez preguntas para ir a elecciones conjuntas, probablemente a mediados de abril.
De forma paralela, en las próximas horas estaría previsto que la presidenta del organismo, Diana Atamaint, convoque a los consejeros a una sesión para declarar el periodo electoral para la organización de las elecciones presidenciales y legislativas del 2025.
Este miércoles, 7 de febrero de 2024, a eso del mediodía la Corte Constitucional (CC) notificó al Consejo Nacional Electoral con el dictamen favorable de los considerandos, la pregunta y anexos para reformar el artículo 158 de la Carta política, para que las Fuerzas Armadas puedan actuar de forma complementaria con la Policía Nacional en la seguridad interna, producto de una iniciativa del expresidente Guillermo Lasso.
La CC le ordenó al Consejo continuar con el proceso prescrito en la Constitución y el Código de la Democracia para los referéndums, al confirmar que los considerandos, pregunta y los anexos que fueron aprobados en la Asamblea Nacional, en primero y segundo debate, no incurren en vicios de inconstitucionalidad.
No obstante, le dispuso que excluya en su totalidad tres considerandos y varias frases, porque inducían a una respuesta al elector; no estaban redactadas en términos neutros y contenían lenguaje emotivo que no respeta la garantía de plena libertad.
De esta forma, la propuesta no requerirá de un nuevo control previo de la convocatoria a elecciones, por lo que el CNE puede avanzar.
Según la Constitución, una vez que se aprobó el proyecto de reforma, hay 45 días para llamar al electorado a votar; en tanto, el artículo 197 del Código de la Democracia da un plazo de 60 días para organizar el proceso.
Tras conocer el oficio de la CC, las áreas operativas esperan las disposiciones de la presidenta Diana Atamaint para declarar el periodo electoral que contempla la elaboración del calendario y el presupuesto.
Aunque ello tendrá que esperar. Los consejeros están atentos a que Daniel Noboa informe de su decisión de convocar al plebiscito de seis preguntas para cambiar textos de leyes y las cuatro propuestas de enmiendas constitucionales, para empatarlas con el referéndum que impulsó su antecesor.
La Corte calificó la legalidad de cuatro enmiendas, pero pidió al jefe de Estado que haga cambios en al menos, siete frases de los considerandos y anexos porque no garantizan la claridad y lealtad con el elector y no son neutrales.
«Solo en caso de que el presidente de la República adecúe las propuestas estrictamente a lo previsto en el dictamen, se prosiga conforme al procedimiento de referendo. (…) Previo a la emisión del decreto ejecutivo de convocatoria a referendo, el presidente remitirá el contenido final de las preguntas a la Corte Constitucional para una verificación de cumplimiento inmediata», subraya el fallo constitucional.
Noboa cumplió de inmediato con lo determinado en la sentencia de este 6 de febrero, pues horas después envió el proyecto de enmiendas con las correcciones solicitadas.
Ahora solo resta que el pleno de la CC verifique el cumplimiento y lo devuelva al Ejecutivo para que disponga al CNE llamar a elecciones.
Los consejeros José Cabrera y Enrique Pita tienen un criterio similar de que las dos propuestas: la consulta de Noboa y el referéndum sobre las Fuerzas Armadas se unifiquen para ahorrar recursos y diseñar una sola papeleta electoral, que incorpore las once preguntas.
Tomando en cuenta el plazo de 60 días para organizar este proceso de democracia directa, se estima que entre el 14 o 21 de abril del año en curso los ecuatorianos vayan a las urnas.
José Cabrera considera que se requeriría un presupuesto de $ 50 millones o $ 55 millones y que podría imprimirse una sola papeleta que integre a las once preguntas: las diez de Noboa y la reforma parcial a la Constitución.
El consejero advierte que el Ejecutivo debe considerar la asignación de recursos, pues hasta el momento hay una deuda del Ministerio de Economía y Finanzas de poco más de $ 10 millones que se necesita para pagar a vocales de las Juntas Receptoras del Voto, proveedores y medios de comunicación que transmitieron promocionales de campaña electoral de las elecciones seccionales de febrero del 2023 y de las anticipadas presidenciales y legislativas de octubre pasado.
Las cuentas del vicepresidente del CNE, Enrique Pita, apuntan también a que entre el 14 y 21 de abril se podrían realizar las votaciones y demandará alrededor de $ 56 millones.
La papeleta electoral que se imprima deberá contemplar las observaciones que hizo la Corte Constitucional al plebiscito de Daniel Noboa.
«El presidente de la República deberá solicitar, de manera obligatoria, al CNE que los textos de las preguntas y su anexo sean unificados, se los presente seguidamente y no se los divida en diferentes papeletas. El Consejo deberá atender esta solicitud tomando en cuenta que dichas adecuaciones son necesarias, a criterio de esta Corte, para garantizar las cargas de claridad y lealtad con el elector». (I)
