ENTÉRATE – Defensa de Dani Alves pide anular el proceso, por ser investigado en caso por agresión sexual

El futbolista, que lleva un año en prisión preventiva por un delito de agresión sexual, afronta una petición de la Fiscalía de nueve años de cárcel acusado de violar a una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022.

La abogada ha esgrimido ante el tribunal las circunstancias de la detención de Alves, que fue arrestado en el despacho de su abogada en Barcelona el 20 de enero de 2023 pese a que, ha insistido, los Mossos d’Esquadra lo estaban investigando desde la noche de los hechos, cuando la víctima presentó la denuncia contra él.

«Fue una investigación a sus espaldas», se ha quejado la abogada, que ha resaltado que ello impidió a Alves ejercer su derecho a la defensa y, entre otras cuestiones, someterse a una prueba para acreditar que la noche de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol.

También cree la letrada que la jueza que instruyó el caso vulneró el derecho a la defensa de Alves porque se le impidió acceder a la causa antes de su detención, los atestados policiales y documentos que se le facilitaron cuando ya estaba en el calabozo tras su arresto estaban mutilados y se concedieron apenas dos horas a su defensa para prepararse su declaración en el juzgado de guardia.

«Nunca tuvo oportunidad de defenderse de manera efectiva durante la instrucción», ha destacado la letrada, que también ha denunciado que no se autorizó un segundo reconocimiento médico de la víctima, como habían solicitado.

La abogada ha insistido que en este caso se ha vulnerado la presunción de inocencia de Alves porque ha sido sometido a un «juicio paralelo», mediante una «campaña mediática» y un «sometimiento tendencioso», con un goteo «constante e incesante» de informaciones para presentarle como un «agresor sexual«, provocando el «convencimiento social» de que es culpable.

Ese juicio paralelo incluye las presunciones sobre su capacidad financiera, que según la abogada no es tan holgada como proclama la prensa sino que, al contrario, Alves sufre una «ahogada situación económica»: tiene una deuda de medio millón de euros con Hacienda, un embargo de 150.000 y su saldo bancario es de 70.000 euros.

Guardiola ha apuntado también que la jueza instructora se ha visto «contaminada» por los medios de comunicación y se ha producido una «flagrante» vulneración de los derechos de defensa, por lo que cree que Alves no ha tenido un proceso «justo» ni «con todas las garantías».

También ha pedido que se revoque la decisión de la sala de que la grabación de la declaración de la víctima en el juicio -el único trámite a puerta cerrada- se haga con su voz distorsionada y su imagen pixelada, ya que entiende que ello pone en riesgo una «diligencia esencial» de cara a eventuales recursos, dado que la denunciante tiene que ser escuchada «con claridad».