Del 8 de octubre pasado que cerraron los 60 de instrucción fiscal dentro del proceso que investiga el asesinato al estilo sicariato producido el último 9 de agosto contra Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República de la alianza Construye-Gente Buena, han pasado ya cuatro meses y dos diferimientos de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los cinco ecuatorianos y un colombiano que se mantienen detenidos como sospechosos.
Para este martes 6 de febrero, desde las 09:30, se intentará una vez más se concrete la audiencia mediante la cual se defina si Laura C., Carlos A., Erick R., Alexandra Ch. y Óscar F. y el colombiano Víctor F., quienes cumplen una orden de prisión preventiva en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga, son o no llamados a juicio, al ser parte de los autores materiales que concretaron el crimen, días antes de la primera vuelta electoral, cuando Villavicencio abandonaba un coliseo ubicado al norte de Quito.
Varios sicarios dieron marcha a un plan para asesinarlo. Uno de ellos, Jhojan Castillo, de origen colombiano, disparó impactando por tres ocasiones en el cuerpo de su víctima. El directo atacante murió a causa de los golpes recibidos por parte de la seguridad de Villavicencio y eso se confirmó cuando fue llevado a la Unidad de Flagrancia, al norte de la ciudad.
Luego de los allanamientos iniciales y una audiencia de vinculación fueron trece las personas identificadas como parte de quienes sumaron esfuerzos para concretar el sicariato. Solo seis quedan con vida, pues el mismo día que cerraba la instrucción fiscal los también sospechosos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., todos de nacionalidad colombiana, y el ecuatoriano José M. fueron asesinados al interior de las cárceles de Guayaquil y Quito en las que estaban.
Antonio M., exdirector del CPL Guayas número 1, en Guayaquil, ha sido procesado por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. La causa se le abre por supuestamente haber desobedecido la disposición de trasladar por temas de seguridad a Jules C. y Jhon R. Ambos, al igual que otros de los investigados en el caso Villavicencio debían ser trasladados de Guayaquil a Quito días antes, pero esa acción no se concretó y lo que sucedió fue que el 6 de octubre fueron encontrados los cuerpos de los extranjeros colgados en distintas celdas.
El 14 de diciembre pasado, un juez de Garantías Penales de Guayaquil decidió llamar a juicio al exdirector Antonio M., quien asegura no ha cometido falta alguna ni ha desobedecido la orden de un inmediato superior. Ya el caso estaría radicado en un Tribunal de Juzgamiento que analizará las pruebas que presente tanto la Fiscalía como la defensa del procesado.
En este tiempo que no se ha dado la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, respecto al asesinato de quien también fue asambleísta y peridista de 59 años, la Fiscalía ha abierto una investigación previa para analizar especificamente quiénes serían los autores intelectuiuales del asesinato. Parte de esa fase reservada de indagación es el testimonio anticipado que rindió el 8 octubre pasado una persona que, bajo juramento, narró, entre otras cosas, detalles de los preparativos y montos ofrecidos por los supuestos autores intelectuales y señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen.
En la Asamblea Nacional también se inició una investigación sobre el crimen de Villavicencio y el 29 de noviembre pasado se conformó una comisión ocasional especializada integrada por siete legisladores de todas las bancadas, la cual tiene 90 días para entregar un informe, el cual no es vinculante. Para finales de febrero próximo concluiría este tiempo dado y adelantó la presidenta de la Comisión, Viviana Zambrano, que es posible quje se pida una prórroga para ahondar con el análisis.
Como parte de las comparecencias dispuestas por esta comisión, la semana que termina a esa mesa llegó el coronel (sp) Fausto Cobo, exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Según el exfuncionario del Gobierno de Guillermo Lasso, en mayo, julio y agosto de 2023 fueron los momentos que el CIES emitió alertas sobre el riesgo “muy alto” que corría el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Los dos primeros avisos también abarcaron a otras figuras políticas, como el también hoy excandidato presidencial Jan Topic, por el contexto de las elecciones anticipadas. En el caso de Villavicencio, el exdirector del CIES señaló que era evidente el riesgo que enfrentaba porque denunció públicamente al crimen organizado, al terrorismo y la corrupción. Además, recordó que el excandidato en varias ocasiones dio a conocer las amenazas de muerte que recibió.
Para mediados de diciembre de 2023, la Fiscalía realizó allanamientos y detenciones para dar inicio al denominado caso Metástasis, por el delito de delincuencia organizada. Información encontrada en 15 celulares que fueron incautados luego del asesinato del narcotraficante Leandro Norero, el 3 de octubre de 2022, quien se mantenía en el CPL de Cotopaxi, pues era procesado por variso casos relacionados con trafico de drogas, lavado de activos y crimen organizado.
En esos equipos celulares se habrían encontrado una serie de conversaciones vía chat a través de la plataforma Threema en los que intervendrían y se mencionarían a los 39 procesados que hay en Metástasis. Entre esos mensajes periciados algunos entre Norero y Xavier J., uno de los líderes de la “empresa criminal” conformada en este caso, en los que se habla de lo incómodo que era Villavicencio y sus denuncias y de la necesidad de hacer algo, ya sean acercamientos o atentados, para que dejara de hablar de ellos y los casos de corrupción en los que podrían estar relacionados.
Todo ese material estaría siendo ingresado a la investigación previa que se mantiene abierta para definir a los posibles autores intelectuales del crimen de Villavicencio.
Durante la audiencia de vinculación de ocho personas al caso Metástasis, la fiscal general Diana Salazar reveló que tenía conocimiento de un sinnúmero de alertas sobre que tratan de atentar contra su seguridad, la de sus familiares y del equipo que está interviniendo en la investigación de la organización liderada por Leandro Norero y estructurada para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para él, su familia y cercanos a la agrupación delictiva.
“Hemos recibido alertas de cómo están adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio, ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. (…) Es momento de decirle a todo el Ecuador que la justicia no estará de rodillas, impasible, inmutada, ni derrotada ante sus agresores. (…) No nos van a callar”, aclaró la Fiscal antes de decir que Fabricio Colón Pico, de 44 años de edad, era uno de los que estaba detrás de la planificación de los atentados en su contra. “Ahora si lo digo públicamente y que me vengan a asesinar”.
La fiscal de Pichincha para la audienia de evalñuació y preparatoria de juicio mantendría elementos de convicción suficientes que ubicarían a los trece sospechosos -los siste asesinados y los seis que continuan con vida- en algún nivel de participación en el acto material del asesinato. Pericias a llamadas y mensajes vía celular, cotejamientos balísticos, de voz, de ADN, huellas dactilares, explotación de videos, versiones e incluso el testimonio anticipado habrían servido para establecer las relaciones previas y posteriores que existieron entre los hoy procesados por el crimen.
Por ejemplo, según la Fiscalía, se definió que del teléfono de Carlos A., vía llamadas y mesajes de WhatsApp, salió la orden para que Jhojan Castillo ejecute el asesinato. El ahora procesado en esos momentos guardaba prisión en el CPL de Cotopaxi y estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos. También los seguimientos policiales hechos a Laura C. o alias Laura la ubican como la líder de una “organización delictiva aliada a Los Lobos” en el sur de la capital, quien tenía la posibilidad de emitir “disposiciones para ejecutar actividades ilícitas como distribución y expendio de sustancias ilícitas, robo, adquisición de armas de fuego, entre otros”.
