La Inversión Extranjera Directa es considerada solo como complementaria en la constitución ecuatoriana

Durante 2023, Ecuador atrajo un promedio de $88 millones de Inversión Extranjera Directa (IED) cada trimestre. Esto representa menos de $30 millones por mes o menos de $500 millones al año.

Así, menos del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) llegó como inversión de fuera a una economía que padece de falta de liquidez, de bajo crecimiento económico, de un Estado con millonarias cuentas por pagar y un mercado laboral altamente informal.

Países como Colombia y Perú, en cambio, registraron niveles de IED de $13.000 millones y $5.000 millones respectivamente.

Según un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la IED sumó $150.000 millones en América del Sur durante 2023. Eso quiere decir que Ecuador atrajo menos del 0,33% de ese flujo de recursos que financiaron proyectos en sectores como minería, petróleo, agricultura, servicios, entre otros.

En el caso de Ecuador, sectores como la agricultura y la industria han recibido menos de $70 millones y menos de $125 millones anuales de inversión extranjera, respectivamente. Por el contrario, la minería ha llegado a representar hasta el 60% de la escasa inversión que llegó al país en un año.

Una de las razones de fondo del rezago de Ecuador es que, partiendo desde la misma Constitución, la Inversión Extranjera se trata como algo secundario, solo un complemento que depende de la discrecionalidad de los políticos y burócratas de turno.

Principal obstáculo

En el artículo 339 de la Constitución aprobada en 2008 se establece que: “La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados”.

En otras palabras, de acuerdo con Carlos Verdesoto, economista e investigador en temas de inversión productiva, la IED es considerada como un “suplemento atado a los designios de los políticos y no como una prioridad en un país pobre y sin recursos”.

El resultado es que la mayoría de los grandes proyectos de inversión, sobre todo durante la década correísta, se hicieron a costa de endeudar a un Estado sin suficientes recursos propios.

“Todo termina estando en manos del Estado, e incluso en sectores llamados estratégicos, como petróleo y minería (donde la mayoría de los países vecinos han logrado atraer grandes flujos de inversiones, la participación privada es una excepción que depende de la decisión de los políticos”, puntualizó.

En el artículo 338 de la Constitución de 2008, asimismo, se establece que “El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país”.

De acuerdo con Verdesoto, con esto se restringe el flujo de fondos extranjeros al país y se espera que la economía y la inversión se desarrolle solo “entre las cuatro paredes de los mismos ecuatorianos”.

Desde LA HORA ya analizó que, desde un punto de vista liberal, se necesita destrabar, desregular y abrir la economía ecuatoriana para que entren más dólares, se pueda disparar la inversión e incluso para que baje el costo del dinero o las tasas de interés.

A través de su cuenta de X, el abogado corporativo, Juan Francisco Román, dijo, al respecto de los artículos 338 y 339 de la Constitución: “Escribieron esto en la Constitución, promovieron la prioridad a la inversión nacional; y, a la extranjera como complementaria. Crearon hegemonía de mercado, crearon oligopolios dándole al 1% de las empresas en Ecuador una mayoría insoportable de poder económico”.

Así, las restricciones constitucionales no solo dejan todo en manos de la discrecionalidad de los políticos, sino que han creado un mercado cerrado, con poca competencia, concentración de poder de mercado, bajos ingresos para la mayoría y altos ingresos para unos pocos con escasa movilidad social. (JS)

En los últimos 6 años, la minería ha llegado a representar hasta el 60% de la Inversión Extranjera Directa (IED) anual, a pesar de las trabas legales, las consultas populares y los paros.

Las mismas lógicas se replican en leyes económicas de Noboa

El Gobierno celebró la aprobación de la Ley de Competitividad Energética (segunda ley económica urgente de Noboa) y la calificó como un cambio radical para atraer inversión al sector eléctrico.

Sin embargo, Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, analizó que esa normativa tiene cinco errores principales.

En primer lugar, no elimina realmente las restricciones a la inversión porque la participación de capital privado sigue siendo una excepción complementaria, que debe ser delegada por el Ministerio de Energía y Minas u otro órgano estatal.

Tampoco crea un mercado energético competitivo en el que cualquier empresa (privada/pública) pueda entrar a generar, transmitir o distribuir.

A su vez, no transparenta los subsidios eléctricos que deberían reconocerse en el presupuesto estatal, más no en las empresas eléctricas porque esto cierra la puerta a la inversión privada.

Finalmente, se direcciona únicamente la inversión a fuentes de energías renovables no convencionales (solar, eólica y geotérmica.), pero se cierra la puerta a las termoeléctricas a base de gas natural; e hidroeléctricas (que también son renovables).

Así, la inversión continúa supeditada a la discrecionalidad del Estado y no se concretan incentivos realmente de mercado para que llegue la inversión; sobre todo tomando en cuenta que, en muchos casos, el inversionista queda a merced de pagos desde un sector público moroso y con escasez de ingresos.