El cuarto proyecto de ley urgente impulsado por el presidente Daniel Noboa, que propone nuevas reglas para la extinción de dominio de bienes de origen ilícito y que estos pasen a titularidad del Estado, superó el primer filtro en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional.
La tarde del lunes 29 de enero la mesa legislativa aprobó con ocho votos a favor y uno en contra el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción.
El informe contiene varios cambios frente al documento original entregado por el presidente de la República.
Una de las principales modificaciones introducidas tiene que ver con que el tiempo de prescripción de la extinción de dominio se estableció en 80 años, desde la fecha en que los bienes fueron adquiridos; actualmente es de 15 años.
Otro cambio relevante es que el catálogo de delitos susceptibles a extinción de dominio no se limitará a los propuestos inicialmente por el jefe de Estado, sino que abarcará a todo tipo de actividades delictivas y no hará falta que se haya dictado sentencia.
“En ningún caso se podrá alegar prejudicialidad para impedir que se dicte sentencia de extinción de dominio”, precisa el informe aprobado.
El presidente Noboa planteó que la extinción de dominio se aplique sobre los delitos de “concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra los recursos naturales mineros, tráfico de personas, trata, extorsión, usura, asociación ilícita, delincuencia organizada y demás delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada”.
Pero la fiscal general del Estado, Diana Salazar, durante su comparecencia del 26 de enero solicitó a la comisión revisar ese punto, puesto que al fijar únicamente ciertos delitos los criminales tratarán de esquivar la extinción de dominio mediante otros ilícitos que no están contemplados.
Quien votó en contra del informe para primer debate del proyecto de ley fue el asambleísta Jorge Álvarez Granda (PSC). Explicó que si bien está de acuerdo con la extinción de dominio de bienes que son fruto de actividades ilícitas y que los mismos pasen a manos del Estado, no está de acuerdo con que los delitos previamente no tengan sentencia condenatoria.
“Es imposible que en la búsqueda de extinguir bienes mal habidos se perjudique a la propiedad privada de personas que hicieron patrimonio respetando la ley. No podemos permitir que en base a las persecuciones se perjudique el derecho a la propiedad privada”, reflexionó Granda.
Por su parte, la asambleísta Nathaly Farinango, presidenta de la comisión, aclaró que “la sentencia es un requisito de prejudicialidad, no quiere decir que no se vaya a llevar el debido proceso dentro del proceso de extinción de dominio y que luego haya sentencia como tal del juez anticorrupción, que es competente”.
Farinango agregó: “Tenemos que golpear los bolsillos de los delincuentes”. E indicó que durante la construcción del informe para segundo debate se seguirán recibiendo propuestas para el proyecto de ley. (I)
