La responsabilidad política de la dramática espiral de violencia que enfrenta Ecuador, a causa de la proliferación y expansión de los grupos de delincuencia organizada (GDO), recae sobre los hombros de los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
Es la lectura que tiene el presidente Daniel Noboa, al atribuir que “tres gobiernos seguidos han contribuido en que esto se vuelva insostenible”. Así lo dijo el viernes 19 de enero en una entrevista con la emisora colombiana LaFM.
Según su apreciación, durante la administración de Rafael Correa “empezaron a instaurarse estos grupos”; pero en los siguientes gobiernos (el de Moreno y de Lasso) las bandas “se repotenciaron”.
“Esto no es algo de un día para el otro. Esto lleva diez años estableciéndose, por lo menos aquí”, afirmó Noboa. Y describió que “no son bandas convencionales”, sino “grupos narcoterroristas”, con tentáculos en varios países, que operan con el apoyo de cárteles y organizaciones internacionales criminales y terroristas.
De acuerdo con sus cálculos, estos criminales en Ecuador “son más de 30.000 personas armadas”, a quienes el actual Gobierno “declaró la guerra”, “de manera democrática”.
Aquella guerra de la que habla Noboa se sustenta en el Decreto Ejecutivo 111, que firmó el 9 de enero, en el que declaró conflicto armado interno e identificó a 22 GDO como terroristas y actores no estatales beligerantes.
La medida llegó luego de la incursión de un grupo armado al canal TC Televisión y el estado de excepción instaurado desde el 8 de enero a raíz de la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla Los Choneros, de una cárcel de Guayaquil.
El decreto recoge lo dicho por Daniel Noboa acerca de la expansión de los GDO mientras transcurrían los últimos tres gobiernos.
Apuntala que “la incidencia del crimen organizado y la paulatina descomposición institucional ha sido el resultado acumulativo de inexistentes políticas públicashacia la consolidación de la seguridad ciudadana e interés estratégico del Estado”.
Se muestra un cuadro cronológico, extraído de un informe de la Policía Nacional, que resume el aparecimiento de las mayores organizaciones criminales del país. Resalta la presencia de los cárteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que amparan a varias agrupaciones ecuatorianas.
Los beneficios económicos que perciben las bandas por sus actividades ilícitas se calculan en $ 120 millones anuales, aproximadamente.
Los grupos armados mencionados en el cuadro son a los que se calificó como terroristas y beligerantes en el decreto presidencial: Águilas, Águilas Killer, Ak47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones.
La presencia del crimen organizado en Ecuador data de 1985, con la banda de Los Queseros. El siguiente registro que recoge el informe de la Policía es del 2005, cuando aparecen Los Choneros, grupo que alcanzó fuertes vínculos con cárteles mexicanos.
Luego, entre 2014 y 2023 se considera el periodo de “consolidación del crimen organizado”, cuando surge alrededor de una veintena de grupos armados que se caracterizan por tener “un nivel mínimo de organización”. En este lapso aumentaron los homicidios intencionales por armas, municiones, explosivos y accesorios, “llegándose en la actualidad a utilizarse armamento bélico de uso militar exclusivo”.
El informe de la Policía destaca como un hecho relevante la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña o JL, líder de Los Choneros, asesinado el 28 de diciembre de 2020 en una cafetería de un centro comercial en Manta (Manabí).
Ese evento también despunta dentro del documento de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030, publicado por el Ministerio del Interior en los últimos meses del gobierno de Guillermo Lasso. El informe fue elaborado con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la delegación de la Unión Europea (UE) y los Gobiernos de Italia y Reino Unido.
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Rasquiña fue asesinado seis meses después de salir de prisión, durante el gobierno de Lenín Moreno. JL estuvo encarcelado desde 2011 por un crimen por el que fue sentenciado a 20 años, pero un juez de Guayaquil disminuyó su condena a 8 años y luego una jueza le concedió el beneficio de prelibertad porque había cumplido el 60 % de la pena.
En febrero de 2013, en el gobierno de Correa, JL y 17 internos más escaparon de la cárcel La Roca. Rasquiña fue recapturado en noviembre de ese año en Colombia.
El proceso de su liberación fue objeto de una investigación de la Fiscalía, que hallóirregularidades en el sistema judicial. Sin embargo, la causa no prosiguió tras la muerte de Zambrano, el asesinato de su abogado Harrison Salcedo —también defensor de Jorge Glas— y el fallecimiento por COVID-19 del juez que rebajó la pena del delincuente.
Con el deceso de Rasquiña se marcaron divisiones que empataban con lo que ocurría en el extranjero con cárteles mexicanos.
El poder de Los Choneros quedó en manos de alias Fito, quien actualmente es considerado el criminal más peligroso del país y cuyo escape de la cárcel Regional de Guayaquil —descubierto por las autoridades el 7 de enero— desencadenó sucesos altamente violentos.
Aparte del homicidio de Zambrano, el informe de la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada 2023-2030 enumera otros factores que datan de la década de los 80, que contribuyeron a que Ecuador sea un centro clave para la distribución y procesamiento de droga a escala mundial.
Desde la ubicación geográfica, al encontrarse en la ruta del tráfico de coca entre Perú y Colombia. Actividades de grupos guerrilleros en la frontera norte. La dolarización de la economía, a inicios de la década de 2000. Ingreso de cárteles extranjeros (casos de Óscar Caranqui y alias Gerald). El bombardeo de Angostura en 2008. La salida de la base de Manta en 2009. La fragmentación de grupos insurgentes colombianos.
Para 2016 se establecieron emisarios de cárteles y grupos delictivos internacionales. En 2018 ocurrió la explosión de un coche bomba en un regimiento policial en Esmeraldas, provocado por el Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. Ese mismo año sucedió el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio (caso que ha permanecido en reserva en los gobiernos de Moreno y Lasso).
Desde 2019 hasta 2023, la violencia recrudeció teniendo a las cárceles como epicentro de la hecatombe. Se multiplicaron los atentados y crímenes en las calles, orquestados por los capos desde las prisiones; al tiempo que la cantidad dehomicidios e incautación de droga llegaron a niveles insospechados, convirtiendo a Ecuador en el país más violento de la región y uno de los más peligrosos del mundo.
Hay muchos aspectos que influyen de manera interna y externa en la crisis, pero a nivel político lo que delata es una carencia del entendimiento, preparación y aplicación de políticas públicas de largo aliento, sin importar el Gobierno de turno, que trasciendan de la óptica de mayores detenciones de personas y más incautaciones de droga. Además, la falta de verdaderos consensos entre las fuerzas políticas y la débil institucionalidad también abonan a la crisis, opinaron expertos consultados.
Se suma la contaminación de la Función Judicial y del aparataje estatal a favor de la corrupción y el crimen organizado, algo que ha quedado evidenciado con el destape del caso Metástasis, en el que también son mencionados actores políticos (existe una conversación en la que Leandro Norero reveló que un cártel mexicano habría mandado a matar a Rasquiña).
La respuesta del presidente Daniel Noboa para combatir el mal es a través del Plan Fénix. Sin embargo, a decir de analistas, de dicho plan no se conocen cuáles son sus estrategias de política pública, sino que hasta ahora las acciones consisten básicamente en militarizar las calles.
“Cada Gobierno asegura que está haciendo las cosas correctas y culpa a sus sucesores y antecesores) del problema. No hay una cultura de diálogo (político) ni cultura de paz”, comentó María Fernanda Noboa, doctora en Estudios Internacionales en Estudios Estratégicos y de Seguridad.
A eso se añade, dijo la especialista, que se ubica en cargos estratégicos del Gobierno a personas con poco o nulo conocimiento en las áreas de seguridad y defensa. La falta de experiencia de las autoridades de turno afecta la conducción adecuada de las políticas, así como el empleo efectivo de las fuerzas del orden, reflexionó Noboa.
Por su parte, Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, señaló que hay, al menos, tres grandes ejes que han funcionados en otros países y que se podrían emplear en Ecuador. La desestructuración de las organizaciones criminales, mediante investigaciones del patrimonio y financiamiento. Generación de una política carcelaria que tenga infraestructura, pero que identifique y separe a los funcionarios corruptos. Identificar blancos estratégicos de los mercados ilícitos, como el tráfico de armas.
Adicionalmente, “tiene que haber un acuerdo político, a niveles de la Asamblea; eso es lo que se puede medir”. “Lamentablemente, dependemos mucho del Gobierno de turno para seleccionar la política pública. Un terreno común a mediano y largo plazo es fundamental”, recomendó Rivera. (I)
Fuente: El Universo