El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional la cuarta iniciativa legal con carácter de urgente en materia económica. Se trata del proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública.
Según el documento, la ley tiene por objeto extinguir los beneficios económicos asociados a la criminalidad, promover el fortalecimiento de la economía, la promoción de la seguridad ciudadana y la búsqueda de la justicia social; así como mejorar la transparencia y concurrencia de la contratación pública.
Estarán sujetos todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras que residan y/o realicen actividades económicas en el Ecuador.
La finalidad de la ley es facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado, y a su vez evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública, dice el texto.
El proyecto reforma seis cuerpos legales: Ley Orgánica de Extinción de Dominio; Código Orgánico Integral Penal (COIP); Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; Código Orgánico Administrativo; y la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.
En ese sentido, se plantea establecer que la extinción de dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial, cuando no se han podido justificar el origen licito de los activos que se refiere esta Ley, sin contraprestación, ni compensación alguna para su titular, ni quien ostente o se comporte como tal y se aplicará sobre bienes y valores adquiridos u obtenidos mediante acciones u omisiones contrarias al derecho.
Dispone que la Procuraduría General del Estado, cuando se trate de la defensa del interés público, presentará la denuncia en fase de investigación patrimonial o la acusación particular dentro del procedimiento de extinción de dominio e impulsará las diligencias probatorias correspondientes en la investigación patrimonial.
En la etapa jurisdiccional, la Procuraduría deberá presentar la acusación particular ante un juez competente en extinción de dominio con la determinación de la cuantificación del bien o bienes objeto de extinción de dominio.
Por tratarse de proyecto con carácter de urgente en materia económica, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para el análisis y tratamiento.
Esta nueva iniciativa del Ejecutivo llega cuatro días después del proyecto de ley urgente que propone subir 3 puntos del IVA (del 12 % al 15 %), para financiar las acciones de seguridad en el marco de la declaración de conflicto armado interno.
Dicho proyecto fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el último fin de semana y ahora está en manos de la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno. La mesa legislativa empezó el tratamiento la tarde del lunes 15 de enero. (I)
