La noche de este 11 de enero, el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, envió a la Asamblea Nacional el Proyecto de ´Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica’. Esta norma está encaminada a fortalecer la seguridad de los ecuatorianos frente a la crítica coyuntura en la que, entre otros eventos, se han suscitado actos terroristas conllevando a la declaración de “conflicto armado interno”.
El Gobierno ha tomado medidas para abordar la situación, incluyendo el aumento de los recursos para la seguridad pública y la implementación de nuevas políticas para combatir la violencia. Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante y se necesitan más esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos.
La Ley tiene por objeto enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica por la cual atraviesa el Ecuador y que ha agravado la difícil situación fiscal que fue heredada. La propuesta permitirá la recaudación de tributos para atender las obligaciones del Estado en la implementación de planes, programas, acciones y políticas públicas para los sectores sociales del Ecuador; así como estabilizar las finanzas públicas, redistribuir los ingresos, y afrontar la necesidad de recursos por el conflicto armado interno.
Para ello, el Gobierno Nacional plantea que la tarifa del impuesto al valor agregado sea del 15%. Con esto, el Estado recibirá un valor neto de USD 1.306 millones anuales adicionales que serán destinados a la seguridad y la protección social. Este IVA continúa siento uno de los más bajos de la región.
Esta medida NO incluye a los productos de la canasta básica ni:
Productos alimenticios de origen agrícola, acuícola, avícola; es decir: leche, huevos, carne, pollo, etc.
Productos alimenticios de la canasta básica; es decir: pan, azúcar, sal, mantequilla, etc.
Medicamentos.
Servicios básicos: agua, luz, teléfono.
Transporte de pasajeros y de carga a nivel nacional.
Salud.
Educación.
Alquiler de viviendas.
Productos de higiene femenina.
Entre otros.
A través de las Intendencia y Gobernaciones de todo el país, desplegaremos operativos de control para evitar la especulación de precios.
Mediante esta medida el Gobierno contará con el flujo financiero necesario de forma inmediata para enfrentar la inseguridad y, al mismo tiempo, construir un entorno seguro para la población ecuatoriana a largo plazo, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. Con esto también se podrá garantizar la protección social.
