El expresidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó en su plataforma Truth Social que el martes 9 de enero estará de manera presencial en Washington D. C., donde la Justicia evalúa si el magnate republicano puede ser juzgado por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 a escala federal o si, por el contrario, tenía entonces inmunidad presidencial, el argumento de su defensa. El fiscal especial Jack Smith elevó el interrogante a la Corte Suprema el mes pasado, aunque esta desestimó tratar el caso de manera inmediata, quedando en manos de instancias judiciales inferiores.
Arranca la temporada de juicios y la campaña para Donald Trump a menos de 11 meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Lo hace con un posicionamiento claro: el exmandatario defenderá su inmunidad de forma presencial el martes 9 de enero, en la audiencia del Tribunal de Apelaciones de Washington D. C. que evaluará si el magnate republicano tenía o no inmunidad presidencial entre noviembre de 2020 y enero de 2021.
Así lo confirmó este lunes en su plataforma Truth Social, con un breve comunicado:
«Asistiré a los argumentos de Tribunal Federal de Apelaciones sobre la inmunidad presidencial en Washington, D.C., el martes. Por supuesto tenía inmunidad, como presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe. No estaba en campaña, las elecciones ya habían terminado. Estaba buscando fraude electoral y encontrándolo, lo cual era mi obligación hacer, y por otra parte dirigiendo nuestro país. Si no obtengo inmunidad, entonces el corrupto Joe Biden no tiene Inmunidad (…) Joe ha abierto una gigantesca caja de Pandora».
El expresidente estadounidense está acusado penalmente por el fiscal especial Jack Smith de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 a escala federal. Unos eventos que desembocaron en el asalto violento al Capitolio por parte de sus fieles más radicales el 6 de enero de 2021, mientras el Congreso certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden.
Concretamente, Smith acusa a Trump por cuatro delitos penales federales: «conspiración para defraudar a Estados Unidos»; «conspiración para obstruir un proceso oficial»; «obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial»; y «conspiración contra los derechos de los estadounidenses». En total, estos delitos suman 55 años de prisión.
Sin embargo, la defensa del republicano alega que Trump desempeñaba entonces sus funciones presidenciales y, por ende, pesa sobre él una inmunidad que impide que pueda ser juzgado por ello. Además, según su equipo legal, el polémico ex jefe de Estado ejerció su derecho a la libertad de expresión cuando dijo, sin pruebas, que había fraude electoral.
El escrito de acusación del fiscal especial reza que las afirmaciones reiteradas de que Trump había ganado las elecciones eran “falsas, y el acusado sabía que eran falsas. Pero el acusado las repitió y las difundió ampliamente de todos modos para hacer que sus afirmaciones conscientemente falsas parecieran legítimas, para crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y para erosionar la fe pública en la administración electoral”.
Ante la controversia, Jack Smith solicitó el pasado 21 de diciembre que la Corte Suprema federal resolviera con carácter urgente si, efectivamente, Trump tenía o no inmunidad. Un extremo que el Alto Tribunal rechazó, quedando en manos del Tribunal de Apelaciones de Washington en primera instancia.
El juicio, a la espera de lo que evalúe la Justicia estatal, se espera que empiece el próximo 4 de marzo, un día antes del ‘Supermartes’, una fecha clave para la nominación del futuro candidato republicano.
Por otra parte, la interferencia electoral también ha desatado un amplio debate jurídico enmarcado en la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense. En ella se hace referencia a una eventual «insurrección» en la que Trump habría participado, alentando a sus seguidores a asaltar el Capitolio.
La Corte Suprema federal tampoco se ha pronunciado por el momento sobre ello, pero sí lo han hecho algunos altos tribunales estatales en Colorado y Maine, a la espera de que las altas instancias judiciales puedan o no revertir su decisión. Esas regiones dictaminaron que Trump no puede figurar en las papeletas de la nominación republicana, al considerar que el magnate sí colaboró de una insurrección contra su propio país.
Se activa la maquinaria electoral
Trump enfrenta los estrados judiciales, justo cuando la próxima semana arranca oficialmente la carrera a la Casa Blanca con los conocidos como caucus del estado de Iowa. El 15 de enero las asambleas de electores en los 1.678 establecimientos de ese estado marcarán qué precandidatos están mejor posicionados para ganar la nominación del partido y, por ende, enfrentarse por ganar la Presidencia el próximo 5 de noviembre.
Los caucus de ese estado rural son esenciales porque es la primera vez en el año en que los ciudadanos se pronuncian sobre sus deseos electorales más allá de las encuestas. En el lado republicano, Trump lidera todos los sondeos para hacerse con una contundente victoria, aunque en las últimas semanas su equipo de campaña ha querido rebajar las expectativas.
En los últimos días, los asesores del magnate han hecho recordatorios en privado sobre que ningún precandidato republicano ha ganado en Iowa por más de 12 puntos desde Bob Dole en 1988.
Según los expertos, la presión judicial, la fuerza de las demás campañas republicanas e incluso unas condiciones meteorológicas adversas pueden contribuir a desincentivar una amplia participación vecinal.
Pero la carrera por la nominación republicana no empieza y acaba en Iowa: el 23 de enero será el estado de New Hampshire el que se pronuncie en las primarias. Luego vendrá Carolina del Sur. Hasta el ‘Supermartes’, el 5 de marzo, fecha en la que lo harán otros 15 estados, entre los que figuran California, Texas o Colorado, donde el nombre de Trump podría no aparecer.
El calendario se dilatará hasta julio, cuando la convención republicana en Milwaukee (Wisconsin) nombrará oficialmente a su candidato, que a tenor de las encuestas, será Donald Trump. Este año, el timing se conjuga con un entramado de procesos judiciales.
La Justicia llamará a la puerta del expresidente
El futuro electoral de Trump pasa asimismo por su futuro penal: hay cuatro causas abiertas contra el expresidente, que en marzo de 2023 hizo historia al convertirse en el primer mandatario de Estados Unidos, en ejercicio o no, en ser acusado con cargos penales.
En la rama civil, el 15 de enero inicia la segunda parte del juicio en el que la escritora E. Jean Carroll acusa al magnate de abusar sexualmente de ella y difamarla. Aunque Trump ya fue condenado por ello en agosto, Carroll presentó una nueva querella por las burlas en público del republicano, quien alegó que ni siquiera la conocía.
El 4 de mayo, si la Justicia no lo impide, también dará comienzo el juicio por la interferencia electoral de Trump a escala federal. Y 21 días más tarde, iniciará el proceso conocido como ‘Stormy Daniels’, en el que Trump está acusado de falsificar los registros comerciales de su campaña electoral de 2016 para pagar un soborno de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para acallar una relación extramatrimonial con ella en 2006.
Apenas dos meses más tarde está previsto que inicie el juicio por los documentos clasificados de Mar-a-Lago. Trump está acusado de llevarse documentación ‘top secret’ de la Casa Blanca después de abandonar el cargo. Entre los papeles habría un plan para atacar Irán. Y en agosto, la fiscal Fani Willis del condado de Fulton, en el estado de Georgia, arrancará con el proceso que busca dilucidar si el expresidente lideró una estructura mafiosa para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en ese territorio.
En la búsqueda de la inmunidad, la sombra de la insurrección y el liderazgo republicano, Trump enfrenta un arranque de año insólito que le puede dejar entre la cárcel y la Casa Blanca.
Fuente: France 24
