Una semana después de haber enviado a la Corte Constitucional (CC) once preguntas para una consulta popular, el Gobierno nacional presentó un nuevo bloque de nueve preguntas.
La entrega se concretó la tarde de este lunes, 8 de enero, por el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien acudió al edificio de la Corte, ubicada al norte de Quito, para ingresar la solicitud de dictamen previo de constitucional.
Este nuevo cuestionario se da luego que el gobierno de Daniel Noboa ha recibido críticas y rechazo de sectores sociales y políticos por el contenido de las once preguntas iniciales, que no plantean cambios a la Constitución, sino reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) mediante proyectos de ley que deberán ser analizados por la Asamblea Nacional.
Las nuevas preguntas plantean temas como extradición, extinción de dominio, eliminación concesiones mineras ilegales y trabajo por horas.
El viceministro Esteban Torres, dio lectura a un breve resumen del contenido de esta propuesta y aspiró a que haya un Sí de la ciudadanía:
- La extradición, una demanda ciudadana con una modificación jurídica pertinente.
- Extinción de dominio, otro clamor ciudadano.
- La revocatoria de las concesiones mineras ilegales, otorgadas de forma “oscura” hace algunos años.
- La posibilidad de que los leyes de carácter urgentes no solo sean de carácter económicas, sino de seguridad y de interés nacional.
- Respaldo a los policías y militares para que se permitan los indultos sin “tanto trámite”.
- El establecimiento de una justicia constitucional especializada para “evitar la corrupción con las puertas giratorias que usan los delincuentes para dejar las cárceles usando las medidas de garantías constitucionales”.
- Incorporar la opción del arbitraje internacional, que actualmente está prohibido por la Constitución para permitir mayor inversión en el Estado.
- Jueces especializados que juzguen a policías y militares, porque “no se puede permitir que la justicia contaminada” esté sustanciando los procesos judiciales.
- Permitir el trabajo por horas, prohibido este momento por la Corte Constitucional, para promover plazas de trabajo a los jóvenes.
El primer cuestionario fue presentado el 2 de enero y es la jueza constitucional Teresa Nuques Martínez la que está a cargo de su análisis para remitirlo a debate del pleno de la CC. El organismo tiene 20 días para emitir un pronunciamiento, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Fuente: El Universo
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