Las instalaciones del edificio matriz de la Fiscalía General del Estado, en Quito, han permanecido cercadas por vallas metálicas y con la presencia de vehículos de la Policía Nacional durante las dos últimas semanas, a raíz del inicio del caso Metástasis y el potencial riesgo que corren la máxima autoridad de la entidad, Diana Salazar, y más funcionarios que son parte de la investigación de ese proceso y otros de connotación nacional.
El inmueble se encuentra en el centro-norte de la capital, entre la avenida Patria y las calles Juan León Mera, 18 de Septiembre y Reina Victoria.
A pocos metros de la puerta de ingreso se ubicó un vehículo blindado, color negro, de los que normalmente se usan para contener manifestaciones o para ingresar a barrios de alta peligrosidad. Cerca de ahí se estacionó una Unidad de Policía Móvil (UPC) que está equipada con cámaras de vigilancia.
A diferencia de días pasados, la tarde del viernes 5 de enero no se observó la presencia de efectivos policiales fuertemente armados.
En los alrededores el tránsito vehicular todavía fluyó con normalidad. Los funcionarios de la Fiscalía y usuarios autorizados eran los únicos que podían caminar por la acera del edificio.
Hace dos días, el 3 de enero, durante una audiencia de vinculación del caso Metástasis, la fiscal Diana Salazar reveló que existe un plan para acabar con su vida y atentar contra su familia. Que detrás de esto estaría la misma estructura criminal que asesinó al exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Salazar apuntó a la banda delincuencial Los Lobos y a su presunto cabecilla, Fabricio Colón Pico, como los que estarían planeando matarla.
Tras la grave revelación, el presidente Daniel Noboa dispuso reforzar la seguridad de Diana Salazar con militares.
En la madrugada del viernes, la Policía capturó en Quito a Pico, pero su detención se dio como parte de una investigación por un secuestro, confirmó la Fiscalía. Mientras que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, expresó en redes sociales que la aprehensión del sospechoso ocurrió en el marco del cumplimiento de la política de protección a autoridades.
Extraoficialmente se conoce que la fiscal general tiene un 100 % de riesgo. A eso respondería que la mañana de este viernes la autoridad apareciera en la Corte Nacional de Justicia usando un chaleco antibalas. Ocurrió en la instalación de la audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios, dentro del caso denominado Reconstrucción de Manabí, por su presunta participación en el delito de peculado.
Por cuestiones de seguridad, la protección que recibe la fiscal general del Estado se maneja con reserva y sigilo. No obstante, el resguardo que mantiene el inmueble de la institución y el uso del chaleco antibalas son suficiente muestra de que Diana Salazar y su equipo están en la mira de grupos a los que investigan. (I)
Fuente: El Universo