Los estados de excepción decretados durante el Gobierno anterior, el de Guillermo Lasso, no sirvieron para contener la violencia e inseguridad impuestas por Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). En eso coinciden especialistas en seguridad que consideran que esta medida fue adoptada como ‘parche’ y no apuntaba a combatir el problema de raíz.
En la práctica, en las ciudades más conflictivas como Guayaquil y Durán, mientras militares y policías ejecutaban operativos de control de armas a pocos metros se perpetraban asesinatos.
La mayoría de los crímenes registrados a nivel nacional, según las autoridades, tienen que ver con una disputa entre bandas delictivas por territorio para venta de drogas, extorsiones (conocidas como ‘vacunas’), entre otros delitos. En este contexto, Ecuador llegó este año a cifras récord en cuanto a muertes violentas.
Entre el 1 de enero y el 5 de diciembre asesinaron en el país a 7.258 personas frente a los 4.632 casos de todo el 2022. La Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, es la jurisdicción con más homicidios, entre el 1 de enero y el 11 de diciembre tuvo 2.587 crímenes.
La violencia criminal en las calles llevó al gobierno de Guillermo Lasso a declarar al menos una docena de estados de excepción en algo más de dos años de gestión. Este régimen se aplicó a nivel general y en territorios específicos.
Por ejemplo, entre los más recientes estuvo el estado de excepción vigente desde el 24 de julio en Durán (Guayas) y en las provincias de Manabí y Los Ríos, según el Decreto 824. Esta medida se adoptó por el incremento de muertes violentas en esas jurisdicciones, entre ellas, la del alcalde de Manta (Manabí) Agustín Intriago, el domingo 23 de julio.
Pero a raíz del asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio (9 de agosto, en Quito), con el Decreto 841 del 10 de agosto ese régimen se extendió a todo el país, sin restricciones de movilidad, es decir, sin toque de queda.
Bajo la figura de estado de excepción, entre otras cosas, los militares se sumaban al control de armas y apoyo a labores por la seguridad en las calles. En su momento las autoridades de turno dieron cuenta de los logros y resultados alcanzados con esta medida, en medio de la desaprobación ciudadana que seguía viviendo en las calles los efectos de la violencia criminal.
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Decretar tales regímenes para aquello ya no sería necesario a partir de que la Asamblea Nacional reformara parcialmente la Constitución este 21 de diciembre, con el voto favorable de 125 legisladores.
Se trata del artículo 158 en el que se dispone que las funciones de coordinación para la participación de las Fuerzas Armadas estarán subordinadas a las disposiciones del presidente de la República.
Con ello se permite la participación de los militares, como apoyo complementario de la Policía Nacional, en el combate a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada.
Aprobada esta reforma el texto, según el artículo 442 de la Constitución, debe pasar a un referéndum en un plazo de 45 días, en un proceso que debe coordinar y convocar el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Para Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el control interno de la delincuencia será beneficioso, considerando el nivel de infiltración que los GDO han logrado en instituciones como la Policía Nacional.
Pero esto debe ir acompañado, desde su perspectiva, de otras acciones que puede concretar el gobierno actual de Daniel Noboa, electo para un periodo de 18 meses. Son necesarias, según ella, depuraciones en las entidades de las fuerzas del orden, en el sistema judicial y reformas en el sistema carcelario dominado por la delincuencia organizada.
Ya se vio que en la práctica los estados de excepción no lograron disminuir en absolutamente nada la delincuencia y lo que el presidente sí debe hacer es una reforma a la Función Judicial, sobre todo una depuración muy grande a las fuerzas del orden
Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social
“Ya se vio que en la práctica los estados de excepción no lograron disminuir en absolutamente nada la delincuencia y lo que el presidente sí debe hacer es una reforma a la Función Judicial, sobre todo una depuración muy grande a las fuerzas del orden, quiere decir: policía, milicia que es lo que se ve que ya ha empezado a hacer (…) y sobre todo una reforma a las cárceles, que todas están manejadas por los grupos de delincuencia organizada”, expresó la especialista en temas de seguridad.
Abraham Correa, consultor en seguridad, coincide en que los estados de excepción no dieron resultados, al menos no los que esperaba la ciudadanía.
“Fueron como una medida que al principio generó impacto, pero que luego se fue haciendo cada vez más debiles y las organizaciones criminales, la delincuencia, la violencia continuó en el país, porque se convirtió en una acción parche, nada más, porque era la misma actividad, el mismo itinerario, los mismos horarios, los mismos sitios, se perdió contundencia”, refirió él.
Fueron como una medida que al principio generó impacto, pero que luego se fue haciendo cada vez más débiles y las organizaciones criminales, la delincuencia, la violencia continuó en el país, porque se convirtió en una acción parche
Abraham Correa, consultor en seguridad
Para él, es indispensable que en este Gobierno haya una planificación diferente para enfrentar al crimen organizado, algo que implica depurar las instituciones del Estado y reformar algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“Algunos artículos tienen que ser modificados, cambiados para que haya una contundencia y realmente darle el apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Ese respaldo del Ejecutivo, ese respaldo de la justicia, el respaldo de la Fiscalía es necesario para que todas estas acciones que realizan los uniformados no caigan en saco roto. Porque estamos viendo que todas las acciones que realiza la fuerza pública, prácticamente, se desvanecen porque jueces no cumplen con sus funciones, ponen en libertad inmediatamente a los que actúan al margen de la ley”, remarcó Correa.
Él cree que sumar el apoyo de las Fuerzas Armadas como apoyo complementario de la Policía es de vital importancia. Según la reforma aprobada en la Legislatura, ese apoyo debe ser requerido por el comandante general de la Policía Nacional al presidente de la República, quien convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado para realizar un informe motivado.
Luego de aquello se suscribirá un decreto ejecutivo disponiendo el apoyo complementario y subsidiario. Esta intervención complementaria y excepcional se podrá realizar por un término máximo de seis meses con una renovación por el término máximo de treinta días. (I)
Fuente: El Universo