Afirmó que ya fueron identificados y denunciados 13 dirigentes sociales.
El vocero del Gobierno argentino, Manuel Adorni, anunció que las organizaciones sociales que marcharon el pasado miércoles tendrán que pagar los 60 millones de pesos (75.000 dólares) que costó el operativo policial para evitar el cierre de calles.
«Se firmó finalmente la resolución para establecer parámetros del costo de ese operativo, vamos a intimar a organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no corresponde a la ciudadanía», afirmó en conferencia de prensa.
También reveló que este viernes el Ministerio de Seguridad publicará el informe sobre el operativo que ya derivó en denuncias por los delitos de extorsión y defraudación al Estado en el manejo de programas sociales.
En ese sentido, anticipó que la línea 134 que se puso a disposición de las personas que fueran presionadas para marchar, recibió 16.150 llamadas, de las cuales 1.200 denuncian una serie de delitos.
Gracias a esas comunicaciones, agregó, se logró identificar a 32 personas con nombre y apellido, así como la organización a la que pertenecen, y que presuntamente extorsionaban a los beneficiarios para que fueran a protestar bajo amenaza de no entregarles los planes sociales en los que están inscritos.
Nombres
Adorni advirtió que durante la movilización del miércoles fueron identificadas 14 organizaciones que son las que tendrán que pagar el costo del operativo policial.
Entre ellas se encuentran el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, Libres del Sur, Barrios del Sur y el Movimiento Patria Justa.
El pasado miércoles se llevó a cabo la manifestación que organizaciones de izquierda realizan cada año en el centro de Buenos Aires para rememorar el estallido social de 2001 que culminó con represiones en las calles y la renuncia anticipada del fallecido expresidente Fernando de la Rúa.
Sin embargo, en esta ocasión también sirvió para repudiar el duro protocolo anunciado por el Gobierno que, de acuerdo con organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, viola el derecho a la protesta social y criminaliza a los manifestantes.
La marcha se llevó a cabo en un clima de tensión, pero culminó sin mayores incidentes y con más policías que manifestantes, lo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró un éxito.
Fuente: RT
