El presidente anunció una serie de reformas en el ámbito laboral, el achicamiento del Estado y la derogación de la ley de alquileres, entre otras medidas.
El presidente de Argentina, Javier Milei, brindó este miércoles su primera cadena nacional, para explicar los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que apunta a la desregulación de la economía en el marco de su programa de ajuste.
El presidente anunció una serie de 30 derogaciones de leyes vigentes y nuevas disposiciones, aunque afirmó que son más de 300, entre las que mencionó:
- Ley de alquileres.
- Ley de abastecimiento.
- Ley de góndolas (control de precios).
- ley de Compre Nacional (fomento de la producción local).
- Ley de control de precios.
- La ley de producción industrial.
- Ley de Promoción Comercial.
- Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.
- Ley de Tierras.
- Derogación del régimen de sociedades del Estado.
- Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.
- Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.
- Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
- Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción.
- Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.
- Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.
- Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, la compañía estatal de vuelos.
- Implementación de la política de cielos abiertos.
- Modificación del Código Civil y Comercial.
- Modificación del Código Civil y Comercial «para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada», explicó el mandatario.
- Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.
- Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.
- Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales.
- Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.
- Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.
- Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.
- Desregulación de los servicios de internet satelital, lo que abre la puerta a la empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, con quien Milei mantuvo días atrás una «gran conversación».
- Desregulación del sector turístico «eliminando el monopolio de las agencias de turismo».
- Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores.
El discurso de Milei
«Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de años de decadencia, comenzamos el camino de la reconstrucción», dijo Milei antes de detallar un plan de estabilización fiscal de ‘shock’ para recomponer «la peor herencia de la historia».
«Este país requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el colapso», manifestó el mandatario tras cuestionar la «expansión del Estado» y el fracaso de las recetas aplicadas «durante décadas».
El mandatario insistió en que el DNU busca «desarmar el andamiaje jurídico opresor que trajo decadencia» al país. Y comenzar a transitar el camino para «volver a ser una potencia mundial».
El presidente cuestionó el nivel de inflación, un «impuesto encubierto» que adjudicó al gasto público del Estado y las regulaciones de precios y del comercio.
El DNU o ‘megadecreto’, como lo calificaron algunos medios locales, consta de alrededor de 600 artículos e incluye una serie de modificaciones a normativas del ámbito laboral y productivo, salud y la reforma del Estado, principalmente en lo que refiere a contrataciones y gasto público. El documento fue publicado en el Boletín Oficial.
Entre las principales iniciativas del DNU figuran cambios en el sistema laboral, la simplificación de algunos trámites burocráticos para modernizar el Estado y la derogación de la ley de alquileres, que Milei ya había prometido eliminar.
El decreto presidencial es una herramienta constitucional del Ejecutivo que tiene fuerza de ley. Si bien no es necesario su paso por el Congreso, el DNU puede ser invalidado con el rechazo de ambas cámaras, es decir, el Senado y Diputados. Se presume que su uso se atañe a cuestiones de «necesidad y urgencia», aunque en la práctica se ha utilizado a criterio de los mandatarios desde la reforma constitucional de 1994.
Por otra parte, el presidente Milei prepara una serie de políticas que sí requieren de la aprobación del Poder Legislativo, por lo que serán presentadas como proyectos de ley, anticipó Crónica. Entre estas cuestiones, el mandatario apunta a una reforma tributaria, modificación de la fórmula de jubilaciones, una reforma política y otras medidas centrales de su anunciado ‘plan motosierra’.
El jefe de Estado anunció que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso, que entra en receso durante enero, a fin de tratar un paquete de leyes que «permitirá avanzar en el proceso de cambio que la sociedad eligió, en un contexto de crisis que requiere de acciones inmediatas», indicó el Gobierno en un comunicado de prensa.
Y advirtió: «Por lo tanto, los diputados y senadores de la Nación deberán enfrentar la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio u obstruir el proyecto de reformas más ambicioso de los últimos 40 años, que permitirán poner en marcha a las fuerzas productivas t comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial».
De acuerdo con Eric Calcagno, sociólogo, exsenador nacional y exembajador de Argentina en Francia, se trata del anuncio del traspaso del poder real a las grandes empresas, que manejan la economía argentina. Además, el experto comparo las iniciativas del nuevo presidente con las políticas de los años 90. «Ya se probó, ya se instrumentó, y no funcionó«, subrayó Calcagno, enfatizando que debido a eso se profundizó la pobreza en el país.
Tensión y protestas
La cadena nacional de este miércoles se emitió horas después de la primera movilización de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco de una gran crisis económica.
Además de ser la primera gran protesta contra el «ajuste extraordinario» que aplicará el Gobierno del libertario, desafió el nuevo protocolo ‘antipiquetes’ anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el que pretende «liberar las calles» de las manifestaciones.
La marcha se desarrolló en medio de un inusual operativo en el que participaron las cuatro fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Hubo momentos de tensión y choques de manifestantes con la Policía. Aunque las organizaciones pudieron movilizarse hasta la Plaza de Mayo, frente a la sede del Gobierno Nacional en Buenos Aires, donde leyeron un documento que cuestionó el «ajuste» y el protocolo de Bullrich, por «criminalizar la protesta».
Por su parte, la ministra destacó en una rueda de prensa que hubo «libre circulación» en las calles y que la convocatoria fue menor a la esperada por los organizadores.
Fuente: RT
