La jueza constitucional, Patricia Segarra aceptó una acción de protección planteada por el Colegio de Abogados de Pichincha, por posible falta de transparencia.
El concurso público para la elección de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) estará suspendido hasta que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) tome una resolución respecto de los reclamos de presuntas irregularidades en la organización del proceso.
La jueza de la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, Patricia Segarra resolvió la acción de protección planteado por Paúl Ocaña Merino, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogado, en contra del concurso para elegir a jueces de Corte Nacional que lleva adelante el Consejo de la Judicatura.
La audiencia virtual para tratar el recurso se reinstaló este 18 de diciembre de 2023, luego que el jueves pasado se suspendió por los recortes de energía eléctrica.
El accionante, cuestionó el desarrollo del concurso por reclamos de varios de los más de 130 postulantes y la existencia de posibles anomalías que vulnerarían la seguridad jurídica y afectarían la transparencia, como en la etapa de elaboración del banco de preguntas que está a cargo de un Comité de Expertos, que lo integran actores políticos, como la exasambleísta de Pachakutik (PK), Mireya Pazmiño o de una familiar del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, entre otros.
También de funcionarios del Consejo de la Judicatura e incluso una jueza de Cotopaxi que estaría siendo investigada por presunto tráfico de influencias.
Para Ocaña ello provocaría falta de imparcialidad, viola los principios de igualdad, probidad, oposición, méritos, autonomía, participación, no discriminación y paridad, anotó Ocaña.
Los abogados del Consejo de la Judicatura defendieron el proceso y la normativa que lo avala, según se expuso en la diligencia.
La jueza Segarra decidió aceptar el pedido de Ocaña y ordenó que el Consejo de la Judicatura suspenda el concurso, hasta que el pleno del organismo resuelva sobre lo actuado y los reclamos de los aspirantes a ocupar esas funciones.
No obstante, el domingo, 17 de diciembre, la Dirección General del Consejo de la Judicatura informó de la decisión de «interrumpir toda la logística» para avanzar en la designación e informó al pleno para que «tome la decisión de la continuación, suspensión o nulidad».
Estas recientes decisiones se dieron como resultado a que el presidente de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo cumple -desde el 15 de diciembre de 2023- una medida de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por presunta delincuencia organizada que investiga la Fiscalía General del Estado.
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A través de la denominada operación Metástasis, la Fiscalía reveló lo que sería una red de corrupción que había estructurado Leandro N. (procesado por narcotráfico y lavado de activos y que fue asesinado en octubre del 2022 en la cárcel de Cotopaxi) y en la que habrían participado alrededor de 31 personas, entre ellas: Wilman Terán; el exdirector del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y general de la Policía Nacional en servicio pasivo, Pablo R.
Además de policías, jueces provinciales, fiscales, abogados en libre ejercicio. Se conoce de otros siete sospechosos considerados prófugos.
Wilman Terán solicitó este lunes y desde la prisión, 16 días de permiso con cargo a vacaciones y que su suplente, Álvaro Román Márquez, asuma la presidencia durante su ausencia. (I)
