Una inversión multimillonaria en una propiedad de lujo en Londres que salió mal, un cardenal vaticano antaño poderoso que grabó en secreto una conversación con el papa y una asesora de seguridad acusada de gastar fondos de la Iglesia en marcas de moda. No, no se trata de la trama de un nuevo thriller histórico, sino de lo que ha surgido de lo que se ha denominado el «juicio del siglo» del Vaticano, en el que se examinó una letanía de malas prácticas financieras que costaron millones de dólares a la Santa Sede.
El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu, de 75 años, que alguna vez ocupó uno de los cargos más poderosos del Vaticano, fue condenado este sábado a cinco años y medio de prisión por su participación en diversos delitos financieros, según una declaración de la sentencia del Tribunal del Vaticano.
Becciu se convierte así en el primer cardenal declarado culpable y sentenciado por un tribunal del Vaticano. Él siempre ha negado los cargos en su contra y tras la sentencia su abogado reafirmó su inocencia y dijo que el cardenal apelaría el veredicto.
Becciu, que anteriormente ocupó el cargo de jefe de gabinete papal equivalente, fue condenado por su papel en la inversión multimillonaria de la Santa Sede en una propiedad de Londres, pagando más de 570.000 euros a una consultora que utilizó los fondos para uso personal.
Giovanni Angelo Becciu llega a la iglesia de Santa Sabina en Roma para la misa del miércoles de ceniza el 22 de febrero de 2023. (Crédito: Pool Vaticano/AGF/Shutterstock)
El juicio es una prueba crucial para el papa Francisco en su larga batalla para aportar transparencia a las notoriamente turbias finanzas del Vaticano. Para garantizar que el cardenal fuera juzgado, Francisco tuvo que cambiar la ley de la Iglesia . Además de la pena de prisión, al cardenal se le ha prohibido de por vida ejercer cargos públicos y se le ha impuesto una multa.
Becciu fue uno de los diez acusados en el juicio de dos años y medio de duración supervisado por un panel de tres jueces. Todos ellos fueron condenados por algunos cargos pero absueltos por otros.
Cecilia Marogna, la asesora de seguridad, fue condenada a tres años y nueve meses de prisión tras ser declarada culpable de apropiación indebida de cientos de miles de euros autorizados por Becciu y destinados a ayudar a liberar a una monja secuestrada.
Entre los otros que fueron juzgados se encontraban dos financieros italianos con sede en Londres involucrados en la inversión inmobiliaria del Vaticano. Los jueces han condenado hoy a Raffaele Mincione a cinco años y medio de prisión y a Gianluigi Torzi a seis años.
El Vaticano dispone de algunas celdas, pero las condenas más largas se cumplirían en una prisión italiana.
Antes de que comenzara el juicio, el papa destituyó a Becciu, su otrora estrecho colaborador de su cargo de jefe del departamento vaticano para la canonización de santos, y le quitó su derecho a votar en un futuro cónclave.
El papa Francisco, a la derecha, y el cardenal Giovanni Angelo Becciu, en el centro, fotografiados durante la misa de canonización de dos nuevos santos en la plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 9 de octubre de 2022. (Crédito: Maria Laura Antonelli/Shutterstock)
La inversión en Londres
En el centro del proceso estaba la compra por parte del Vaticano de una vasta propiedad en el suroeste del barrio londinense de Chelsea, construida originalmente como sala de exposición de coches para los grandes almacenes Harrods. La Santa Sede gastó unos US$ 400 millones en la operación a lo largo de varios años, pero terminó con pérdidas de 150 millones tras vender finalmente el activo. Los fiscales del Vaticano argumentaron que la Iglesia fue estafada en millones al pagar demasiado por la propiedad, mientras que una serie de intermediarios ganaron enormes sumas y los responsables del trato fueron negligentes.
Inicialmente, la Santa Sede invirtió US$ 200 millones en un fondo dirigido por Raffaele Mincione, financiero italiano afincado en Londres, que controlaba una participación del 45% en la propiedad de Chelsea. La inversión inicial se autorizó cuando el cardenal Becciu era jefe de gabinete. La otra mitad del edificio era propiedad de Mincione.
El plan consistía en convertir el edificio en apartamentos, pero el Vaticano se mostró insatisfecho con la inversión, que, según los fiscales, dejó a la Iglesia con cuantiosas pérdidas. El edificio, dicen, había sido sobrevalorado por Mincione y la Secretaría de Estado no fue informada de una hipoteca de 75 millones de libras (US$ 96 millones) sobre la propiedad. El sucesor de Becciu, Edgar Peña Parra, decidió comprar el edificio directamente, pero tuvo que pagar una cuantiosa suma a Mincione.
Posteriormente se contrató a otro financiero, Gianluigi Torzi, para que ayudara a comprar la propiedad, pero se le acusa de estructurar el acuerdo de forma que él se quedara con el control del edificio y el Vaticano adquiriera una «caja vacía». Altos cargos vaticanos afirman que no se les informó debidamente de la operación y que tuvieron que pagar millones a Torzi para salir del acuerdo.
El Vaticano anunció que el juicio comenzaría en julio de 2021, y que los fiscales depositarían un escrito de acusación de 500 páginas en el que se detallan los presuntos delitos.
Tanto Torzi como Mincione se encuentran entre los 10 acusados del caso, que se juzgó en una sala especial dentro de los Museos Vaticanos. Torzi fue juzgado por extorsión, blanqueo de dinero, fraude y malversación, mientras que Mincione fue acusado de malversación, abuso de poder, fraude y blanqueo de dinero. Ambos han negado los cargos que se les imputan. Mincione también ha emprendido acciones legales contra la Santa Sede ante los tribunales londinenses.
Mincione declaró a CNN que el caso contra él «no se basa en nada» y que el Vaticano «ha sido incapaz de demostrar que compró la propiedad a un precio inflado o que perdió dinero». Insistió en que las valoraciones de la propiedad estaban respaldadas por un informe independiente de la firma de servicios financieros PriceWaterhouseCoopers y que el Vaticano era «perfectamente consciente del préstamo del Deutsche Bank» sobre el edificio y de «valores alternativos más bajos». Mincione también dijo que la decisión del Vaticano de adquirir la propiedad significaba que el permiso de planificación sobre el edificio estaba «interrumpido». Añadió que su acción contra la Santa Sede en Londres estaba diseñada para «limpiar» su nombre y que estaba «100% seguro» de que ganaría el caso.
Aunque los reguladores dictaminaron en 2021 que la Santa Sede había progresado en sus reformas financieras, insistieron en que debía redoblar sus esfuerzos para perseguir las irregularidades, incluidas las de altos clérigos.
Luego llegó la noticia de que el juicio, que por primera vez incluiría a un cardenal como uno de los acusados, seguiría adelante, lo que convertiría a Becciu en el primer cardenal en enfrentarse a cargos penales en un tribunal vaticano. Para ello, Francisco tuvo que cambiar la ley para permitir que obispos y cardenales fueran juzgados por un tribunal vaticano. Anteriormente gozaban de inmunidad procesal.
«La dama del cardenal»
Becciu estaba al mando cuando se aprobó la inversión inicial en el negocio inmobiliario de Londres con fondos de la Iglesia. También se le acusó de malversar más de 125.000 euros (US$ 136.000) de fondos eclesiásticos en una organización benéfica sarda dirigida por su hermano, y de autorizar 575.000 euros (US$ 618.000) en pagos de la Secretaría de Estado a Cecilia Marogna, una «consultora de seguridad» supuestamente para ayudar a liberar a una monja secuestrada en África. Los fiscales del Vaticano argumentaron que Marogna utilizó este dinero para fines personales, incluidos más de US$ 54.000 gastados en ropa, calzado y accesorios de moda de marcas de alta gama como Prada, Gucci y Hermes.
Marogna, de unos 40 años, ha sido apodada la «dama del cardenal» por su relación con Becciu. Durante el juicio se mostraron al tribunal imágenes tomadas por Marogna en el interior del apartamento del cardenal y publicadas en las redes sociales con leyendas como «sintiéndome como en casa» y «mi paraíso».
Cuando la policía vaticana informó a Becciu que el dinero transferido a Marogna no se estaba utilizando como estaba previsto, éste les pidió que no se lo hicieran saber a nadie «porque le acarrearía graves perjuicios a él y a su familia». Durante un interrogatorio antes del juicio, a un testigo le preguntaron los fiscales si Becciu y Marogna mantenían una relación íntima, lo que él negó. Tanto Becciu como Marogna han negado una relación impropia.
Marogna ha negado cualquier delito y declaró al periódico italiano Corriere della Sera que gastó los fondos del Vaticano en honorarios para ella y sus colaboradores, viajes y otros gastos de manutención. Insistió en que había desarrollado una «red de relaciones en África y Oriente Próximo» para ayudar a diplomáticos y misioneros vaticanos.
También durante el juicio, el tribunal escuchó una llamada telefónica que Becciu había grabado en secreto con el papa en la que pretendía confirmar con el pontífice que Francisco había autorizado los pagos para liberar a la monja secuestrada. Según una transcripción, el papa dijo que recordaba «vagamente» una conversación sobre los pagos, pero pidió repetidamente a Becciu que explicara lo que quería por escrito.
La batalla por la reforma
Este caso ha traído a la memoria al difunto Roberto Calvi, en el centro, que era presidente del Banco Ambrosiano en el momento de su quiebra en 1982. (Crédito: Mondadori Portfolio/Getty Images)
La batalla del papa para reformar las finanzas vaticanas ha puesto de manifiesto el problema que supone colocar a clérigos, sin formación financiera profesional, a cargo de grandes carteras financieras. A raíz de la investigación sobre las propiedades de Londres, Francisco ordenó que los fondos controlados por la Secretaría de Estado de la Santa Sede fueran gestionados por una entidad vaticana diferente, donde un contable experimentado, Fabio Gasperini, supervisa las operaciones diarias. En 2019, se estimaba que la Secretaría de Estado de la Santa Sede gestionaba activos por valor de unos US$ 1.000 millones.
La Santa Sede posee una cartera de propiedades en ciudades como Roma, París y Londres, que surgió a raíz de la compensación que le pagó Italia por la pérdida de los Estados Pontificios, las partes de Italia bajo dominio papal hasta el siglo XIX. En este acuerdo de 1929, el Tratado de Letrán, las autoridades italianas también reconocieron a la Ciudad del Vaticano como entidad soberana. La mayor parte de las propiedades del Vaticano se encuentran en Roma y se utilizan para alojar a los empleados de la Iglesia. La financiación del Vaticano procede en gran medida de las donaciones de católicos de todo el mundo y de los ingresos de los turistas que visitan la Capilla Sixtina y los museos vaticanos.
Durante el pontificado de Francisco, el Vaticano ha comenzado a publicar estados financieros anuales, que recientemente revelaron un déficit en los ingresos, mientras que el Papa ha tratado de centralizar las inversiones para mejorar la rendición de cuentas. El acuerdo de inversión inmobiliaria en Londres también fue señalado como sospechoso por el sistema de control interno del Vaticano en 2019, lo que desencadenó la investigación que condujo al juicio.
Las finanzas del Vaticano han sido durante mucho tiempo fuente de escándalos, y este caso ha traído a la memoria a Roberto Calvi, el hombre conocido como «el banquero de Dios», que apareció ahorcado bajo el puente de Blackfriars, en Londres, en 1982. Había sido presidente del Banco Ambrosiano en el momento de su quiebra, siendo el banco vaticano su principal accionista.
En 2019, el papa describió el acuerdo de inversión de Londres como un «escándalo», mientras que esta semana dijo a los auditores del Vaticano que el «señuelo de la corrupción es tan peligroso que debemos ser extremadamente vigilantes».
Francisco ha tomado muchas medidas para hacer frente a las finanzas del Vaticano. El juicio demuestra que queda mucho trabajo por hacer. El papa ha advertido a menudo: «El diablo entra por los bolsillos».
Fuente: CNN
