Durante todo el 2022 se cometieron 198 suicidios en el Distrito Metropolitano de Quito, donde concejales trabajan en una ordenanza metropolitana.
Regular el internamiento de manera alargada en los centros de rehabilitación y consentimiento informado o eliminar estereotipos respecto a las personas que tienen asistencia en salud mental son algunos de los aspectos que forman parte de la ley de salud mental aprobada por la Asamblea Nacional.
La normativa ampara el ejercicio del derecho a la salud mental en todo su ciclo de vida y para ello el Estado debe garantizar una atención integral en la red pública de salud.
Se creó el marco legal para prevenir la mortalidad, morbilidad, discriminación, discapacidad e institucionalización de las personas con trastornos mentales, con una atención oportuna y preventiva.
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En la ley se prevé la coordinación con todas las carteras del Estado, relacionadas con salud mental, el desarrollo de conceptos como derecho de información suficiente, autonomía de la voluntad, consentimiento libre e informado, así como también desarrolla el establecimiento de un Plan Nacional de Salud Mental en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría ha hecho un seguimiento a la normativa que ha durado alrededor de tres años.
Pablo Jiménez, médico psiquiatra, presidente del gremio núcleo Pichincha, destacó de la ley el enfoque dado desde la salud comunitaria. Indicó que no es la enfermedad únicamente sino la promoción y prevención a nivel social.
Además que la atención de la enfermedad debe ser hecha con un enfoque multidisciplinario y de integración familiar.
Sin embargo, hay observaciones como la de que el diagnóstico se consensuará, pues señaló que es el resultado de un protocolo establecido y no que para llegar a esa conclusión se juntan con especialistas de otras ramas.
El punto central, a su criterio, es que no se define un presupuesto para la salud mental. Actualmente, refirió, es de 0,8 % que se destina al único hospital psiquiátrico estatal Julio Endara.
“De ninguna manera esto puede ser considerado un presupuesto que permita lo que la ley propone, que es la implementación de programas comunitarios y de prevención y de atención”, dijo.
Cree que un presupuesto para salud mental adecuado debería estar entre el 3 % al 7 %. Para 2023, el presupuesto para todas las actividades de salud fue de alrededor de $ 3.600 millones.
La ley otorga a los GAD la potestad de intervenir financieramente construyendo espacios físicos llamados de desintoxicación o espacios como los centros de atención ambulatorios de internación para pacientes que tienen problemas de drogas.
Acerca de la participación de gobiernos locales, el gremio médico lo ve adecuado, sin embargo, refiere que muchos de ellos manifestarán que sin el presupuesto en esas áreas el tema no está dentro de sus competencias.
En la capital se hizo un perfil epidemiológico del suicidio. Entre los motivos para el suicidio, entre el 2015 y 2022, estuvieron, en su orden: problemas sentimentales, económicos, enfermedades terminales, problemas familiares, problemas mentales y problemas escolares.
El Municipio de Quito abrió un centro de atención ambulatorio en el centro de la ciudad, en La Ronda.
Brinda servicios centrados en trastornos mentales graves, y trastornos por uso de sustancias.
Además ofrece sus servicios en diversos ámbitos individual, familiar, multifamiliar y grupal. Actualmente cuenta con grupos específicos como el de hombres y mujeres abstinentes, club de adolescentes, familiares de personas con consumo de drogas, así como usuarios con sintomatología depresiva y ansiosa, indicó la Secretaría de Salud del cabildo.
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Andrés Campaña, concejal de Quito, consideró que hay carencia de políticas públicas para tratar afecciones mentales, por lo que está desarrollando un proyecto de ordenanza metropolitana que podría estar aprobado enero del 2024.
Su preocupación está en que por problemas de salud mental en 2022 hubo 198 suicidios en la capital.
Acerca del proyecto, sostuvo que se referirá a que exista salud mental comunitaria con un despliegue territorial. Indicó que no se deba aplicar solo en las tres unidades de salud del Municipio sino que lleguen, por ejemplo, a parroquias rurales como Tababela, Checa y Pacto, donde se han identificado problemas de salud mental.
El Ejecutivo tendrá seis meses para elaborar un reglamento para la aplicación de la ley una vez que sea publicado en el Registro Oficial.
Jiménez espera que las ambigüedades existentes se pulan en ese reglamento. (I)
