El nuevo cuerpo legal obliga al Estado abrir en la red de salud pública espacios para atención gratuita de los casos de salud mental.
Por unanimidad de 130 asambleístas presentes en la sala, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de salud mental que permite a los ciudadanos ecuatorianos el ejercicio del derecho a la salud mental en todo su ciclo de vida y para ello el Estado debe garantizar una atención integral en la red pública de salud.
Este proyecto fue uno de los últimos aprobados por la Asamblea Nacional del anterior periodo y recibió doce observaciones por parte del exmandatario Guillermo Lasso, pero como la Asamblea Nacional fue disuelta los plazos para su tratamiento se suspendieron y recién este 14 de diciembre se reactivó el tratamiento y se acogieron todas las objeciones.
La legisladora ponente y vicepresidenta de la Comisión de Salud, Ana Herrera (RC), destacó que cada ocho personas sufren un trastorno mental y que tras la pandemia en el país se incrementaron los casos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, tasas de suicidio, consumo de alcohol y situaciones de violencia.
La asambleísta representante de Cotopaxi explicó que las objeciones son más de forma que de fondo y complementan competencias y facultades, lo que conlleva a que no se altere el sentido de esta ley, por lo que recomendó el allanamiento a las doce objeciones.
Una vez recogidas las objeciones, los textos pasarán a publicarse en el Registro Oficial y desde ahí el Ejecutivo tendrá seis meses para elaborar un reglamento para la aplicación de esta ley que vincula al sistema de salud mental dentro del sistema rector de salud nacional.
Lo que hace esta ley, explicó Herrera, es regular el internamiento de manera alargada en los centros de rehabilitación y consentimiento informado. Lo que hace la ley es eliminar estos estereotipos respecto a las personas que tienen asistencia en temas de salud mental.
Durante el debate, los asambleístas destacaron que la Organización Mundial de la Salud recomienda que deben existir 23 especialistas por cada 10.000 habitantes y en nuestro país existe una brecha de necesidades de cerca de 2.056 psicólogos en primer y segundo nivel de atención y que la ley no solo aborda la protección, sino la sanación y la vida.
A través de este proyecto se crea el marco legal para prevenir la mortalidad, morbilidad, discriminación, discapacidad e institucionalización de las personas con trastornos mentales, con una atención oportuna y preventiva, tratamiento y rehabilitación acorde con la mejor evidencia científica, recuperación e inserción social, familiar, laboral y comunitaria, alineados a los derechos humanos.
En la ley se prevé la coordinación con todas las carteras del Estado, relacionadas con salud mental, el desarrollo de conceptos como derecho de información suficiente, autonomía de la voluntad, consentimiento libre e informado, así como también desarrolla el establecimiento de un Plan Nacional de Salud Mental en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizado.
El legislador Camilo Salinas, del bloque Construye, manifestó que la ley otorga una herramienta jurídica para poder abordar los problemas de trastornos mentales y además la problemática socioeconómica de las drogas, como atención prioritaria comunitaria en tema de promoción, prevención y una intervención integral, teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud deben existir 20 psicólogos por cada 100.000 habitantes; por lo tanto, debe haber unos 3.500 profesionales de psicología contratados en el sistema de salud pública, lo cual no hay.
Lo importante de este proyecto, añadió Salinas, son las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para poder ayudar en el plan nacional de salud mental y poder invertir en la necesidad de atención que existe. En esta ley se otorga a los GAD la potestad de intervenir financieramente construyendo espacios físicos llamados de desintoxicación o espacios como los centros de atención ambulatorios de internación para pacientes que tienen problemas de drogas.
Además de eso, dijo Salinas, los GAD pueden trabajar y fortalecer a la red complementaria de salud para poder trabajar en promoción y prevención de la salud mental. (I)
Fuente: El Universo
