La Comisión de Seguridad pidió la comparecencia de varios funcionarios relacionados a seguridad y a la Fiscal General del Estado Diana Salazar.
Algunos con asombro y otros preocupados fue la tónica con la cual los asambleístas reaccionaron frente a la ejecución de parte de la Fiscalía General del Estado del operativo denominado Metástasis, el caso que involucra a funcionarios públicos con la delincuencia organizada.
En la madrugada del 14 de diciembre se produjo más de 75 allanamientos en siete provincias y capturado al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, así como al exjefe de Antinarcóticos Pablo R. y otros exfuncionarios.
La fiscal General, Diana Salazar, habló de que el caso se desprende de una investigación tras la muerte de Leandro Norero e involucra a funcionarios públicos y bandas criminales. Que “el caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado para a través del dinero mal habido operar en instancias políticas y judiciales y lograr impunidad en unos casos”, dijo.
A nivel legislativo existe un juicio político presentado en contra del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, uno de los detenidos en este caso, y la acusación relacionada con un supuesto incumplimiento de funciones cuenta con 39 firmas y está a la espera de una decisión de calificación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El proponente del juicio es Jorge Peñafiel, de la bancada Construye, quien dijo que el país se despertó este 14 de diciembre con una grata sorpresa de que hay acciones efectivas y verdaderas para desmantelar las estructuras que existen de corrupción en la justicia.
En principio, dijo, que el bloque Construye mantendrá una distancia muy saludable y respetuosa del trabajo de la Fiscalía, que en principio lo actuado por la Fiscal Diana Salazar, abona al clima pero no es necesariamente se refiere a las acusaciones en el juicio político, pero que se mantendrán atentos a los elementos que se encuentren dentro de investigación.
En cambio, el asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Blasco Luna, señaló que llama la atención que a raíz de los últimos acontecimientos políticos ahora sí se quiere investigar cuando hay casos como el Gran Padrino e Innapaper que no se investigan y están represados en la Fiscalía.
Luna manifestó que la fiscal, Diana Salazar, no solo tiene que activarse de último momento y “muy probablemente porque hay procesos políticos que se vienen contra ella, debería activarse en todo momento”; de ahí si existe culpabilidad en quienes hoy han sido allanados y entran en procesos de investigación tendrán que defenderse y si hay culpabilidad deberán responder ante la autoridad competente, anotó.
Indicó que el bloque RC, insistirá en el juicio político a la Fiscal, Diana Salazar, que se ha cumplido el primer paso que es la calificación del proceso por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), y la Comisión de Fiscalización deberá darle el tratamiento que la ley indica y en función de los procedimientos llevarse adelante el juicio.
El vicepresidente de la comisión de Seguridad Integral, Leonardo Berrezueta (RC), anunció que para la próxima semana se convocará a la Fiscal General, Diana Salazar, a una sesión reservada para conocer el alcance de las investigaciones realizadas en materia de narcotráfico, qué está sucediendo y “queremos que la Fiscalía nos comente el alcance de estas investigaciones y hasta donde llega la contaminación del narcotráfico en la Función Judicial”.
El representante del correísmo en Manabí insistió que quieren conocer de manera detalladas cómo están las investigaciones para poder realizar las reformas necesarias o los aportes necesarios que se puede hacer desde la Asamblea.
Lo sucedido en la madrugada del 14 de diciembre, añadió, que es un tema que la justicia tendrá que determinar, pues hay un principio de inocencia y la Fiscalía tendrá que probar su tesis, y los jueces serán los que determinen aquello; “lo que nos preocupa en el fondo es cómo tanto operador de justicia está presuntamente contaminado con el tema de narcotráfico, qué está pasando detrás, eso es lo que el país necesita saber”.
El socialcristiano, Vicente Taiano, manifestó que lo sucedido el 14 de diciembre son presunciones muy graves y “lo que hoy hemos visto simplemente ratifica el estado de la problemática que vive nuestro sistema de judicial, problemas de gestión procesal y no cabe otro camino que esto se informe con claridad al país, se actúe con contundencia cuando existan los argumentos porque nadie puede estar sobre la ley”.
El representante del PSC del Guayas indicó que se presenta la gran oportunidad de un punto de quiebre de aplicar correcciones cumpliendo los procedimientos, pero “no es posible que el máximo órgano administrativo de la justicia tenga esos problemas”.
La legisladora Valentina Centeno (ADN), reiteró que no apoyarán el juicio político en contra de la fiscal General del Estado, Diana Salazar, la decisión que se tomó en el CAL es parte de un procedimiento reglamentario, que jamás apoyarán un juicio y es “más felicitamos el trabajo que está haciendo”, subrayó. (I)
Fuente: El Universo
