Las bancadas de los partidos opositores Cambio Radical y Centro Democrático aseveran que el titular de la cartera sanitaria, Guillermo Alfonso Jaramillo, pone «en riesgos» a los colombianos.
Un día después de que el proyecto de reforma de salud tuviera luz verde en la Cámara de Representantes de Colombia, las bancadas opositoras del Centro Democrático y de Cambio Radical introdujeron ante el Congreso una solicitud de moción de censura en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
A juicio de Carolina Arbeláez, miembro de la Cámara de Representantes por Cambio Radical, la gestión de Jaramillo «representa un riesgo para la salud de todos los colombianos«, ya que supuestamente el ministro habría generado una «crisis» en la prestación del servicio sanitario.
La parlamentaria expresó que su agrupación política sentía una «profunda preocupación» porque habría una «inminente crisis» que podría atravesar el sistema de salud. En su opinión, esta situación sería propiciada por el Gobierno.
La aprobación cuesta arriba
Tras varios meses de debates, la Cámara Baja aprobó el pasado martes la reforma a la salud, una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro, que ha tenido retrasos y trabas en el Parlamento para avanzar.
Este instrumento, que ahora debe ser discutido en el Senado el año que viene, busca modificar estructuralmente el sistema de salud colombiano para disminuir la intermediación de privados y lograr así que el Estado tenga un mayor control sobre la atención sanitaria.
Los señalamientos en contra, que han tenido amplia cobertura mediática, se relacionan con la desconfianza que ha generado en los dirigentes opositores que el Estado se convierta en el único pagador del sistema de salud, y que la prestación de los servicios médicos se parezca al sistema anterior que regía en el país hasta los años 90, que resultó ineficiente.
Un «peligro»
Arbeláez calificó de «inconveniente» la propuesta y aseveró que el titular de Salud «está incumpliendo con sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias».
Por su parte, el miembro de bancada del uribista Centro Democrático Andrés Forero dijo que los colombianos tenían dos peligros: el proyecto de reforma de salud y la «mala gestión» del ministro de esa cartera.
Según Forero, ha sido el Gobierno el que ha retrasado los pagos para el sector sanitario de noviembre y, además, lo acusó de no presentar cuentas claras sobre las deudas en esa área.
El desabastecimiento
Por otro lado, la diputada de Cambio Radical consideró que «no se están tomando las medidas necesarias para resolver la crisis de desabastecimiento de medicamentos que se está agudizando».
Sin embargo, este tópico, según algunos analistas, es multifactorial y no depende exclusivamente del Ejecutivo.
Los recursos públicos son administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las que todos los colombianos que trabajen o coticen deben afiliarse y pagar un plan obligatorio. Con el control y manejo de los recursos, las EPS pagan a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS), que brindan atención médica a la población.
Desde noviembre, el operador logístico Cruz Verde suspendió la provisión de medicinas no financiadas por el Estado a la EPS Sanitas, por una deuda acumulada de 400.000 millones de pesos (casi 100 millones de dólares), recoge Razón Publica. Por su parte, el Ejecutivo asevera que lo pagos se hicieron y que no hay déficit.
Además de esto, la pandemia afectó el abastecimiento de medicinas en Colombia debido a al incremento de la demanda y la poca producción de las farmacéuticas, que prefieren no fabricar compuestos a precios bajos –como fue establecido en la Administración de Juan Manuel Santos–, sino apostar a los de alto costo, según el Periódico de la UNAL.
Otra de las problemáticas que señala el citado medio es que como hay un Plan de Beneficios en Salud (PBS) «abierto», los médicos tienen la «libertad» de prescribir medicamentos de cualquier precio, lo que genera estrechez de presupuesto estatal.
El conflicto con la Procuraduría
Arbeláez indicó además que no se están atendiendo las alertas que emiten la Procuraduría y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En septiembre, la Procuraduría le pidió al ministro de Salud que informara con «claridad» sobre los presupuestos para las EPS y aseguró que estas empresas no habrían recibido pagos entre julio y septiembre. Tras ese exhorto, Jaramillo se reunió con miembros de la junta directiva de la Asociación de Empresas Prestadoras de Salud y aseguró que se destinarían los recursos para los cancelar las deudas.
La parlamentaria de Cambio Radical también dijo que, aunque aún restan más debates para la aprobación de la reforma de salud, «no hay acciones claras y concretas».
Se espera que el proyecto, que pasó al Senado, sea discutido en 2024 por la Comisión Séptima, y de ser aprobado, vaya a la plenaria.
Fuente: RT
