“Esta mesa legislativa priorizó el tratamiento de proyectos de ley enfocados en el eje de seguridad, que sin duda combatirá el financiamiento de las organizaciones criminales, que afectan gravemente a nuestro país”, dijo la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, al instalar la sesión.
Añadió que el lavado de activos, por su naturaleza, fomenta el deterioro moral, social y la corrupción, con movimientos desestabilizadores en las economías de las naciones, además de las consecuencias negativas sobre la gobernabilidad, aumento de la violencia social, de la riqueza de forma ilegal, generación de efectos inflacionarios, competencia desleal, descrédito del sistema financiero, entre otras consecuencias nefastas para la sociedad.
En este contexto, la comisión avocó conocimiento de las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa que calificó el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; y, el proyecto de Ley para Reprimir y Prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
La segunda propuesta reforma el COIP, Ley Notarial y la Ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales.
La mesa legislativa, con el respaldo de nueve votos, resolvió solicitar la unificación de las dos iniciativas, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En el siguiente punto de la agenda, los comisionados con nueve votos aprobaron el cronograma de trabajo de los proyectos antes referidos, acogiendo la moción del legislador Juan Pablo Molina. Este instrumento contiene el detalle de las actividades entre diciembre 2023 – marzo 2024, hasta el conocimiento y votación del informe para primer debate.
