El juez Oswaldo Dávila de la Unidad Judicial Penal Norte número 2 de Guayaquil concedió la acción de protección con medidas cautelares que la empresa Agencias Universales (Agunsa) interpuso contra la Autoridad Portuaria de Manta (APM). La empresa chilena es la concesionaria de la terminal internacional de carga del Puerto de Manta a través de la Terminal Portuario Manta (TPM).
Tras dos intentos fallidos de instalación de la audiencia, el pasado 10 y 24 de noviembre, finalmente el pasado 1 de diciembre se desarrolló y ese día el juez determinó que se suspenda cualquier acto administrativo que continúe con el procedimiento de solicitud de descargo de parte de APM hacia TPM y el grupo Agunsa para que justifiquen las transferencias de acciones realizadas en noviembre de 2022.
La medida adoptada por la empresa chilena se dio luego que APM denunciara la supuesta compraventa de acciones y la inequidad en la distribución de recursos al Estado.
En noviembre pasado, el presidente de TPM, Roberto Salazar, indicó a este Diario que no se ha realizado la compraventa, que hubo una reestructuración, pero que tampoco se logró.
De acuerdo con APM, las medidas cautelares imposibilitan a la APM continuar con cualquier procedimiento administrativo interno que permita “ejercer la facultad de control sobre el contrato suscrito entre las partes y que fue calificado como lesivo para el Estado ecuatoriano por la Contraloría General del Estado”.
Como medida de reparación, el juez Dávila dispuso el cierre del procedimiento administrativo y la publicación de un boletín de prensa por parte de APM donde aclare que no existió incumplimiento alguno por parte del accionante.
Sin embargo, APM apeló la resolución, según indicó, para que los jueces de la Corte Provincial del Guayas conozcan sobre esta causa.
La terminal internacional de carga del puerto de Manta fue concesionada a Agunsa por 40 años. El contrato se firmó en diciembre del 2016 y las operaciones se iniciaron en marzo del 2017. (I)
