Una Asamblea Nacional con varios problemas administrativos, financieros, de seguridad, de relaciones interinstitucionales, laborales, entre otros, fue lo que encontró Henry Kronfle (PSC), desde que asumió la presidencia del Parlamento, el 17 de noviembre.
El legislador socialcristiano hizo un resumen de las condiciones en las que recibió el mando de la Función Legislativa. A través de un video publicado en redes sociales, la noche del lunes 4 de diciembre, Kronfle brindó información e hizo hincapié en las consecuencias que provocó la muerte cruzada, que de decretada por el expresidente Guillermo Lasso para disolver a la Asamblea Nacional.
“Son situaciones muy delicadas que estamos manejando con entereza y un compromiso firme para darles una urgente solución”, dijo el titular del Parlamento.
Detalló que el 17 de noviembre el presupuesto de la Asamblea estaba en $ 33,9 millones, lo que implica un 34 % menos de los $ 51,5 millones asignados antes de la muerte cruzada.
En cuanto al personal, indicó que entre 2021 y 2023 hubo alrededor de 1.300 funcionarios legislativos. Pero para cuando la Legislatura volvió a abrir sus puertas -seis meses después de la muerte cruzada- contó con solo 387 servidores, entre personal administrativo y asambleístas.
“Recibí una institución con una operatividad del 29 % en relación a las administraciones anteriores”, dijo Kronfle, al tiempo de enfatizar que pese a la limitación se cumplió con la reapertura de la Asamblea y el cambio de mando presidencial.
Ahí señaló que la muerte cruzada, aplicada el 17 de mayo, perjudicó la situación laboral de los funcionarios legislativos que perdieron sus empleos. Explicó que quienes se sintieron perjudicados emprendieron acciones legales contra la Asamblea y hoy existen 15 juicios en marcha, entre reparaciones económicas y acciones de protección.
En lo institucional, Henry Kronfle apuntó que las 24 casas legislativas, ubicadas en las diferentes provincias, estaban cerradas y no existen mecanismos de participación ciudadana. Eso sin contar problemas de mantenimiento de equipos y vehículos, agregó.
El abandono de la Función Legislativa también derivó en que se pierda la certificación ISO 37001 anticorrupción.
Sobre los proyectos rezagados del anterior periodo, Kronfle señaló que suman 578 proyectos de ley pendientes de entre 2021 y 2023, de los cuales 468 están en proceso. Hay seis juicios políticos en trámite.
La Secretaría General no ha completado la transferencia documental a varias comisiones, entre las cuales está la de Fiscalización. “Esta última preocupa de sobremanera por su importancia en la Fiscalización”, comentó.
El presidente del Legislativo ofreció que durante su gestión se enfocará en obtener las certificaciones ISO 9001, 37001 y 27001.
Reactivará mecanismos de participación ciudadana y se reportará a aquellos exfuncionarios que no entreguen documentación necesaria. Que trabajará por la modernización institucional, en temas de cooperación internacional.
“Vamos a depurar las malas acciones y no aceptaremos presiones, vengan de donde vengan”, sentenció el asambleísta socialcristiano.
Señaló que en el actual período se han recibido tres solicitudes de juicio político -una de ellas esa a la fiscal general Diana Salazar-, pero precisó que las mismas se tratarán luego de atender los procesos pendientes y en orden. (I)
