La solicitud de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue analizada la noche del viernes 1 de diciembre por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). El organismo dispuso a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que elabore un informe técnico jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de requisitos, el cual deberá ser entregado en un plazo de tres días.
El juicio político a la fiscal fue planteado el 27 de noviembre por la asambleísta Gissela Garzón, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), quien en su cuenta de X (antes Twitter) señaló que “la crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional”.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) la solicitud para proceder con el enjuiciamiento político deberá contar con las firmas de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea. Además, deberá tener el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará.
Gissela Garzón indicó que el pedido de juicio político contra la fiscal contó con el respaldo de la Revolución Ciudadana. Dicha bancada cuenta con 51 legisladores.
En el pedido de interpelación la asambleísta del correísmo argumenta una serie de supuestas “acciones u omisiones” en doce casos judiciales, entre los cuales están: Sobornos, León de Troya, Encuentro, INA Papers o Sinohydro, Danubio.
“La fiscal general del Estado, encargada de investigar y procesar a personas que poseen fuero de corte, muy contrariamente a lo que sostiene públicamente, no es objetiva”, dice el documento entregado por Garzón.
La fiscal Diana Salazar replicó que no hay sustento para el juicio político en su contra y dijo que se trata de un intento por buscar impunidad de sentenciados en casos de corrupción.
“Finalmente –aunque de nuevo sin sustento– pudieron dar el primer paso en su desesperada búsqueda de impunidad y solo sobre el terreno político, ya que ni las mentiras ni los inventos les funcionaron. Y, de nuevo, no lo lograrán: mi compromiso sigue siendo con la justicia”, posteó tras conocerse el pedido impulsado por la asambleísta Gissela Garzón.
El juicio a la fiscal general es un tema que divide a la tres bancadas que formaron un pacto para la designación de autoridades del Parlamento. La Revolución Ciudadana impulsa el enjuiciamiento, mientras que el Partido Social Cristiano (PSC) y Acción Democrática Nacional (ADN) no lo apoyan.
Además, la organizaciones Construye, Gente Buena y Avanza también se han manifestado no estar de acuerdo con la interpelación.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC), dijo en una entrevista con EL UNIVERSO que el enjuiciamiento a la máxima autoridad de la Fiscalía podría llegar a discusión del pleno en unos 14 meses, ya que antes se deben atender otros pedidos de juicios políticos que están pendientes, incluidos los planteados contra los exministros del Interior y de Energía, Juan Zapata y Fernando Santos, respectivamente, que se presentaron antes del proceso contra Diana Salazar. (I)
