El gobierno recibe a bomberos voluntarios del exterior para apagar los siniestros de las selvas amazónicas, pero al mismo tiempo se niega a abrogar las normas clave que protegen a los pirómanos.
El gobierno de Luis Arce recibe a bomberos voluntarios de Chile y Francia para apagar los incendios de las selvas amazónicas, pero al mismo tiempo se niega a abrogar “leyes incendiarias” que benefician a cocaleros y mineros ilegales.
Esas leyes, diez en total, fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales con el propósito de anular o debilitar las antiguas, que prohibían de manera terminante los incendios de zonas boscosas por quienes quieren habilitar las tierras para la agricultura.
Un bombero boliviano informó que ahora los pirómanos vuelven a prender fuego a los árboles después de que las llamas habían sido dominadas, precisamente amparados por las “leyes malditas”, como las llamó el gobernador de La Paz, Santos Quispe.
En el parlamento, las corrientes de Arce y Morales, que son irreconciliables en todo lo demás, esta vez se empeñaron en proteger las leyes que autorizan e incluso recomiendan el uso de los incendios.
El gobierno de Arce está en un conflicto, en actitudes indecisas y muy contradictorias, sobre el tema de los incendios que han cubierto de humo todo el país, han obligado a suspender actividades escolares y cerrar operaciones en aeropuertos.
A pesar de haber aceptado la llegada de ayuda extranjera para controlar el fuego, en el parlamento los diputados de Arce no aceptan abrogar las leyes incendiarias para no afectar intereses cruzados, según dijo el diputado Félix Ajpi.
Es decir que prefiere proteger los intereses de cocaleros y mineros ilegales en lugar de hacer lo necesario para que el aire vuelva a ser respirable en casi todas las ciudades de Bolivia.
Las contradicciones son más groseras todavía. El Servicio Especial de Áreas Protegidas emitió un instructivo a los guardabosques de los 23 parques nacionales para que no informen sobre los incendios.
Zulema Alanes, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas, denuncia las “políticas incendiarias” del gobierno del MAS que ayudan a la expansión de los cocales y el descontrol de la minería ilegal, controlada por los chinos.
Después de tres días, el gobierno retrocedió en esta medida anunciando que retira la instructiva a los guardaparques y respeta la libertad de prensa, aunque sigue sin revelar el nivel de las reservas del Banco Central.
Mientras el gobierno dudaba, Alanes calificó de absurdo que se prohíba la información, pero no los incendios. Lo mismo ocurre con los cocales nuevos que se instalan en los parques apenas se han apagado las brasas.
Según el economista Carlos Chalup, hay una sospechosa coordinación entre los incendiarios y las oficinas del gobierno masista, pues las tierras quemadas ya han sido asignadas, en propiedad plena, a los dirigentes de los “interculturales”, los adelantados de los cocaleros de Evo Morales.
Los mineros ilegales tienen otro método, más efectivo, que no necesita de los funcionarios del gobierno, porque consiste en ahuyentar a los aborígenes a balazos y luego, si alguno quedara, prenderle fuego al bosque.
De esa manera, los aborígenes, que tuvieron un congreso en Beni, pasaron de vivir en un paraíso amazónico a ver la llegada de los mineros empleados por empresas chinas, lo que lleva a que los peces de los ríos, el único alimento que tienen, termine con sabor a mercurio, un veneno.
Zulema Alanes recuerda a las autoridades del gobierno del MAS que las Naciones Unidas han exigido al gobierno que haga lo necesario para impedir el uso de mercurio en la región amazónica, pero afirma que ha sido en vano porque nada se ha hecho.
Ella dice que, con estas medidas, que ni siquiera las dictaduras militares aplicaban, se viola la libertad de prensa, pero de esa manera se niega a los pobladores la posibilidad de ponerse a salvo o proteger los árboles.
Es más, los mineros ilegales aprovechan el caos que crean los incendios para entrar en áreas protegidas y plantar sus banderas de propiedad de la tierra.
En las áreas aptas para la agricultura, incluso dentro de los parques, que deberían ser protegidos, el gobierno reconoce a cocaleros “antiguos” y “nuevos”, para proteger y dar luz verde a los primeros, y que sigan operando en “áreas protegidas”.
En el parlamento se presentó la propuesta para acabar con el contrasentido de seguir llamando “áreas protegidas” a parques totalmente desprotegidos. Pero los diputados del gobierno opinaron que se trataba solamente de sutilezas.
Las Fuerzas Armadas guardan silencio desde que se difundió la noticia de que los jefes militares reciben territorios en parques nacionales, que pueden alquilar para beneficio personal o institucional.
Fuente: Infobae
