El problema surge en medio de la congelación del traspaso de dinero desde fondos no utilizados a proyectos energéticos y ecológicos.
Alemania tiene que tomar una decisión sobre su rumbo político en el futuro próximo: seguir prestando ayuda financiera y militar a Ucrania en su conflicto con Rusia o invertir más en la economía nacional para combatir la creciente inflación y los elevados precios de la energía, según un artículo de análisis publicado por The Wall Street Journal.
El Ministerio de Finanzas de Alemania congeló el lunes todas las nuevas autorizaciones de gasto para este año en respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar como inconstitucional las iniciativas de recibir el dinero de fondos no utilizados. El Gobierno alemán planeaba traspasar los 60.000 millones de euros (alrededor de 65.500 de dólares) originalmente destinados a luchar contra la pandemia de covid-19 para los programas ecológicos y energéticos.
Sin embargo, ahora, si Berlín quiere realizar sus proyectos multimillonarios, necesitará implementar algunas medidas económicas, entre ellas, por ejemplo, hacer recortes en el presupuesto o incrementar los impuestos.
Mientras tanto, funcionarios alemanes confirmaron la semana pasada que su país en cualquier caso apoyará el paquete de asistencia a Ucrania de la UE de cuatro años, fijado en 50.000 millones de euros (cerca de 54.500 millones de dólares), según precisaron a WSJ dos fuentes al tanto del asunto. No obstante, Alemania aclaró que no respaldaría el plan de la misma cantidad de dinero de la Comisión Europea, elaborado para poder manejar la migración y otras prioridades de la organización. Cabe destacar que Berlín paga aproximadamente una cuarta parte de los costes del bloque comunitario.
Entre las posibles soluciones figura la introducción del estado de emergencia presupuestario para el año 2023, que permitiría suspender los límites de gasto en circunstancias excepcionales, invocando una cláusula de la legislación fiscal. Sin embargo, según el profesor Lars Feld, economista que consulta al Gobierno, este plan está plagado de dificultades jurídicas, entre ellas el Tribunal Constitucional, que complicó el proceso de declaración de tales emergencias.
