OEA y Comunidad de las Democracias urgen a Guatemala a que respete y apoye la transición del gobierno a Bernardo Arévalo

Mientras continúan los asedios del Poder Judicial contra el presidente electo, Luis Almagro y Thomas Garrett, secretarios generales de ambas organizaciones, insisten en pedirle a las autoridades guatemaltecas “mantener los valores y principios” democráticos.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, junto al secretario de la Comunidad de Democracias (CoD), Thomas Garret, emitieron este jueves un comunicado en el que le piden al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que intervenga para “apoyar el proceso de transición” y lograr que el Estado de ese país “respete la voluntad soberana del pueblo guatemalteco” para la transición del gobierno al presidente electo, Bernardo Arévalo.

“Urgimos a las autoridades guatemaltecas a mantener los valores y principios reflejados en la Declaración de Varsovia y la Carta Democrática Interamericana, documentos a los que Guatemala ha manifestado su adhesión, eviten intentos de revertir el resultado de las elecciones legítimas y garanticen y respeten el proceso de transición presidencial”, dice el texto firmado por Almagro y Garret.

La Comunidad de Democracias es una organización intergubernamental que promueve la agenda democrática, colaborando con gobiernos y organismos de la sociedad civil. Está integrada por 25 miembros de distintos continentes y se basa en la Declaración de Varsovia, firmada por 101 países en el año 2000 y que apoya justamente los procesos de transición democrática en todo el mundo.

La OEA viene dando seguimiento a la crisis institucional en Guatemala con varias misiones de seguimiento, basadas en la Carta Democrática de la organización. La Misión de Observación Electoral (MOE) de los comicios de priemera y segunda vuelta en Guatemala fueron clave, al igual que la MOE de la Unión Europea, para desmontar los intentos de algunos actores políticos y judiciales del país que quisieron instalar la versión de que en los comicios hubo fraude.

El presidente electo Bernardo Arévalo junto a Luis Almagro durante su visita a la OEA en octubre.

Además, en varias oportunidades el Consejo Permanente de la organización se manifestó repudiando los ataques del Ministerio Público al presidente electo, Bernardo Arévalo, que deberá asumir el cargo el 14 de enero. Otra misión de la OEA participa en la mediación entre los grupos indígenas que protestan solicitando la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Y una tercera misión acompaña el proceso de transición.

La declaración conjunta

Almagro y Garret consideran que “los continuados intentos del Ministerio Público de Guatemala para subvertir los resultados de las elecciones del 20 de agosto de 2023 constituyen una grave violación de los principios y normas democráticos”.

Para ellos, el paso más grave fue el dado la semana pasada cuando el MP solicitó de retirar la inmunidad de Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera. Para ambos secretarios generales esto se da en “un contexto de esfuerzos por parte del Ministerio Público de comprometer los resultados de las elecciones y el proceso de transición actualmente en marcha”.

Los líderes de ambas instituciones entienden que el derecho de formar gobierno y asumir sus cargos están contemplados tanto por la declaración de Varsovia, documento que fundó la Comunidad de Democracias, como por la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Ambos son documentos firmados por Guatemala.

Para la OEA y la CoD el gobierno en funciones tiene “la obligación” de impedir acciones extra-constitucionales que ataquen la transición. Los secretarios generales sostienen en su declaración que el gobierno de Giammattei debe “respetar los resultados y ceder el poder cuando su mandato legal concluye”.

El gobierno en funciones de Giammatei ha insistido en cada oportunidad que ha tenido que Giammattei va a entregar el poder el 14 de enero a la hora 14 y que, además, está colaborando activamente en la transición con Arévalo. Sin embargo, lo que se le cuestiona al gobierno en funciones es que no solo no ha pedido la renuncia de Porras, a quien Giammattei asignó para el cargo y consideró su “amiga”, sino que ni siquiera ha criticado los intentos desestabilizadores del Ministerio Público.

Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, está en el centro de una tormenta política. Miles de manifestantes piden su renuncia por los intentos de la fiscallía que ella preside de revertir los resultados de la reciente elección presidencial. El presidente del país, Alejandro Giammattei, es su principal apoyo hasta ahora.

“Celebrar elecciones periódicas, libres y justas basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía popular, la separación de poderes y la independencia de las ramas del gobierno son elementos esenciales de la democracia representativa”, agregaron Almagro y Garret en la declaración conjunta.

“Urgimos a las autoridades guatemaltecas a mantener los valores y principios reflejados en la Declaración de Varsovia y la Carta Democrática Interamericana, documentos a los que Guatemala ha manifestado su adhesión, eviten intentos de revertir el resultado de las elecciones legítimas y garanticen y respeten el proceso de transición presidencial”, agrega la declaración.

La OEA está integrada por todos los países del continente americano, menos Nicaragua, dado que hace dos años la dictadura de Daniel Ortega denunció la carta de la organización y desde el pasado fin de semana no integra su Consejo Permanente. Por su parte las dictaduras de Venezuela y Cuba no tienen representación.

La Comunidad de la Democracia está integrada por Argentina, Canadá, Cabo Verde, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Hungría, India, Italia, Japón, Lituania, México, Mongolia, Nigeria, Polonia, Portugal, República de Corea, Rumania, Sudáfrica, Suecia y Uruguay. También la integraba Mali, que está suspendida luego del golpe militar.

Los últimos avances sobre la transición en Guatemala

Los ataques del Ministerio Público sobre el partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, comenzaron durante el proceso electoral. Arévalo tiene un fuerte discurso anticorrupción y promete desmontar lo que llama el “pacto de corruptos”.

Previo a las elecciones, las autoridades habían proscripto a varios candidatos. Las encuestas no registraban a Arévalo con chances de entrar al balotaje. Todos los sondeos lo ubicaban por debajo del 5%. Sin embargo, en las elecciones de primera vuelta, donde la opción más votada fue el voto en blanco, Arévalo logró ubicarse en segunda posición entre los candidatos, detrás de Sandra Torres, ingresando así al balotaje.

Una de las acciones más polémicas fue cuando los fiscales guatemaltecos del Ministerio Público (MP) se llevaron cajas con actas de las elecciones presidenciales de este año durante un allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral. Supreme Electoral Tribunal/Handout via REUTERS

Antes de la segunda vuelta comenzaron los asedios judiciales. El MP empezó a indagar un supuesto delito de 2017, cuando se registró el Movimiento Semilla. Lo denunciaron por firmas falsas. Allí empezaron una indagatoria penal contra un partido, algo que no habilita el Código Penal, porque los delitos de ese tipo son contra personas. El objetivo era inhabilitar a Semilla.

Luego de una serie de amparos y el rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a inhabilitar al partido, dado que la ley electoral imposibilita suspensiones durante el proceso de elecciones, el MP empezó a atacar también a las autoridades electorales.

Bajo denuncias falsas de fraude electoral, deslegitimados no solo por el TSE sino también por las misiones de la OEA y la Unión Europea, intentaron también sin éxito tirar abajo los resultados de la primera vuelta.

En el balotaje Arévalo ganó por 20 puntos de diferencia, con el 60% de los votos. Pero el asedio del MP continuó con distintas causas. La última de ellas, realizada la semana pasada, fue el intento de quitarle la inmunidad a Arévalo y Herrera, por mensajes en redes sociales alentando la lucha de los estudiantes universitarios que resistían unas elecciones supuestamente fraudulentas de un rector.

El presidente electo Bernardo Arévalo ha sido objeto de ataques constantes por parte del Ministerio Público. (AP Foto/Moisés Castillo)

Los mensajes de Arévalo y Herrera, del año 2022, reivindicaban la lucha de los estudiantes y los profesores. Luego la universidad fue ocupada el año pasado. Esta semana la Justicia detuvo a seis de los involucrados en esa ocupación, entre ellos una excandidata a legisladora de Semilla. Y a la vez, se acusó también al presidente y vice electos de ser cómplices por alentar la ocupación con mensajes en sus redes sociales. Para las organizaciones internacionales, intentando penalizar esos mensajes se estaría afectando la libertad de expresión.