Cancelar las liquidaciones pendientes por años de los extrabajadores de algunos de los medios incautados por el Estado fue una promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso, pero en pocas semanas dejará el cargo dejándole esta tarea al presidente entrante Daniel Noboa, quien ni en campaña ni hasta ahora se ha referido al tema.
Los extrabajadores -que suman cerca de 180, con cinco fallecidos- pertenecen a los medios Cablevisión, editorial Uminasa del Ecuador y las radios Súper K-800, Carrousel, El Telégrafo y La Prensa Sport y los valores pendientes ascienden a $ 1,8 millones, fuera de lo que debe recibir Cablevisión, que tiene un dictamen aparte emitido por la justicia.
Margarita Constante, vocera de parte de los exempleados, dice a este Diario que ya perdieron la fé en los gobernantes y que sienten que en este gobierno, que está por terminar, fueron utilizados para la foto y para el discurso de campaña.
“El presidente Lasso en los micrófonos de SuperK-800, cuando aún funcionaba, dijo es lamentable lo que están viviendo y seré yo el que cumpla, ya que el Estado no ha cumplido y se va a ir sin cumplir y nosotros de nuestro dinero hasta fuimos el 26 de agosto de 2022 a Carondelet para tomarnos la foto con el señor Leonardo Laso, el secretario de Comunicación de ese tiempo, quien nos dijo en la próxima reunión será con el cheque simbólico, fue una burla, qué pasó, no entendemos”, lamenta.
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Constante cuenta que muchos de los extrabajadores, comenzando por ella, ya cuentan con juicios ganados y lamenta que no se les cumpla con el pago, que necesitan de forma urgente para atender enfermedades como cáncer o diabetes, que han empezado a padecer con los años, o para llevar una vida digna, quienes ya son adultos mayores y deberían estar jubilados.
“Ha pasado más de un año y medio y no hay quien obligue al Estado a pagar… ya hemos presentado hasta una acción de protección que no se concreta, es terrible la situación, pagarnos fue una promesa de campaña, estamos totalmente desmotivados”, dice.
La extrabajadora subraya que todos los afectados están conscientes de este problema no se originó en el mandato de Lasso y que es algo que viene de gobiernos anteriores. Explica que fue Rafael Correa quien los incautó y que Lenín Moreno los siguió incautando y los cerró.
“Nosotros fuimos empleados del grupo Isaías no de ninguno de los expresidentes y fue el Estado el que incautó estas empresas que eran medios posesionados y si el Estado los incautó, los quebró y cerró, es el Estado quien nos debe pagar”, manifiesta.
Ante los años que lleva sin concretarse el pago, Constante cuenta que muchos de los extrabajadores han optado por irse del país, pensando que su dinero no llegará nunca, y decenas de las cientos de familias afectadas se han fragmentado.
Constante dice que su confianza y la de los extrabajadores está en Dios y ya no en ningún mandatario, pero hace énfasis en que espera que Noboa no haga de esto un tema político y sean utilizados nuevamente y pueda cumplir con el pago.
“Esperamos que el gobierno del señor Noboa sea justo, solidario, cumpla con lo que el Estado destruyó y sea el mismo un Estado responsable”, apunta.
Acción de protección presentada por trabajadores aún no se resuelve
La acción de protección presentada por siete trabajadores para que se concrete el pago de los valores pendientes consiste en que se cancele lo adeudado por la transmisión de sabatinas a las radios Bolívar, Súper K-800 y Carrousel. Isabel Cárdenas, su abogada, explica que con estos montos que rondan los $1,8 millones se podrían financiar y cubrir las liquidaciones que llevan años exigiendo.
“Le estamos dando una salida al gobierno, que han dicho que por ser empresas privadas no pueden recibir dinero público. El pedido es en base a dos exámenes especiales que hizo la Contraloría General del Estado, donde reconoce la deuda y menciona como precedente el pago a los trabajadores de Gama TV, que se hizo con dinero público”, subraya.
Cárdenas dice que están a la espera desde hace casi quince días que se vuelva a citar a las partes, pero a su juicio, lo que se está haciendo es dilatar la revisión para que sea el nuevo gobierno el que tome cartas en el asunto.
Cuenta que el juez de garantías penitenciarias Jean Valverde Guevara difirió la fecha de la audiencia para resolver este recurso tras un pedido de Presidencia por no haber tenido tiempo suficiente para preparar su defensa.
Para la jurista, la forma en que ha actuado la justicia pone en evidencia que los jueces no terminan siendo verdaderos administradores de justicia y se deben a la política.
La demora en que se concrete esta acción de protección dice Cárdenas que radica en que si no ocurre hasta el 5 de diciembre no se podrán incluir los montos a cancelar en las partidas presupuestarias para realizar pagos en el sector público. Dice que le preocupa que no se logre esa fecha para que se ordene a la Secretaría General de Comunicación (Segcom) el pago a los medios incautados. (I)
Fuente: El Universo
