El movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) perdió la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre, pero controla la primera función del Estado. Es la conclusión de la periodista y analista Thalía Flores, tras concretarse la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.
«Lo que resulta en la teoría es que existen derrotas electorales que terminan siendo victorias. El correísmo perdió la segunda vuelta y controla la primera función del Estado y aparentemente da la idea de que estarán cogobernando», opinó Flores.
El domingo, 19 de noviembre de 2023, el pleno de la Legislatura repartió a sus bancadas en las quince comisiones especializadas permanentes, en un contexto en el que el movimiento correísta de la Revolución Ciudadana cuenta con una mayoría de 51 asambleístas y coopta seis de las quince mesas, y presidirá la comisión de Fiscalización y Control Político con su militante Pamela Aguirre a la cabeza.
De los nueve miembros, la RC tiene mayoría: son cuatro, tres del oficialismo en el Acuerdo Democrático Nacional (ADN), un representante del PSC y un independiente.
En esa esfera, esa bancada esboza su agenda de trabajo que contempla llevar a juicio político a la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar; y también revivir el enjuiciamiento al presidente de la República saliente, Guillermo Lasso, que estaba a punto de votarse en mayo pasado, pero se declaró la disolución del Parlamento por grave crisis política con la muerte cruzada.
Todavía deben analizar qué harán con aquellos que quedaron pendientes en el periodo anterior, como de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Consejo de la Judicatura (CJ); de la ministra Paola Flores, de Mujer y Derechos Humanos; y, no se ha descartado interpelar a los ministros de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y de Energía y Minas, Fernando Santos.
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El legislador Franklin Samaniego (RC) reconoció que impulsarán el juicio a la fiscal Salazar y también a Lasso, en cuyo caso el proceso «no se evacuó y está suspendido por la muerte cruzada, pero este momento la Asamblea está instalada y nos tocará retomar como lo indica la ley», comentó.
Su coidearia, Paola Cabezas, reivindicó la facultad que tienen los legisladores de fiscalizar. «No se trata de poner límites a la fiscalización, porque eso sí es impunidad. Vamos a trabajar en las leyes que son necesarias y el presidente de la República (Daniel Noboa) sabe que cuenta con nuestra bancada», dijo.
Cabezas prefirió no adelantar las causales, pero hay «temas que estaban bajo la responsabilidad de Salazar y ha mirado para otro lado», acotó la asambleísta, que presidirá la comisión de Garantías Constitucionales y en la que una de las prioridades es tramitar el pedido de amnistía para su dirigente nacional, actualmente asilado en México, el excanciller Ricardo Patiño.
Para Thalía Flores hubo «desproporción» y una «selectividad» en la integración de estos espacios, porque decidieron quién sí y quién no se suma a las comisiones más importantes, excluyendo a los miembros del movimiento Construye que no controlan ninguna, por ejemplo.
Esas posiciones podrían dar la imagen de que se están «cometiendo algunos excesos en el manejo del equilibrio» apuntó, por lo que cree que Noboa debe transparentar qué fue lo que se acordó con la RC y el Partido Social Cristiano (PSC).
«Es importante conocer qué acordaron con el presidente Noboa. Alguien que quiere gobernabilidad debe equilibrar las fuerzas, porque por más que sea una mayoría, no se puede entregar el control total. Debe haber transparencia con el electorado y que se diga qué acordaron y qué espera de esa Asamblea a la que le ha dado un poder enorme y que parecería que va a cogobernar con él».
Sebastián Mantilla, analista político y director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP), indicó que vislumbra un escenario complicado y difícil para el primer mandatario electo, porque con lo ocurrido el fin de semana «él (Noboa) no va a controlar la Asamblea, tiene las comisiones de Desarrollo Económico y de Régimen Económico, pero con eso no hace mayor cosa, y tener una vicepresidencia no es lo mismo que tener la presidencia del Legislativo».
Pronosticó que la agenda de fiscalización va a plantearla la RC para «traer a Rafael Correa al país y librarlo de responsabilidades en los juicios» por presuntos hechos de corrupción.
«Parecería que los esfuerzos van encaminados hacia allá. Lo que se trata es de limpiar la imagen del correísmo para las elecciones presidenciales del 2025 y abrir el paso a la llegada de líderes históricos», lamentó Mantilla, cuando el país se enfrenta a problemas económicos, del agro, de la seguridad ciudadana. «Es el reparto de siempre, el reparto del poder para buscar impunidad, que puede romperse si no se apoya la agenda del correísmo», manifestó.
Thalía Flores advirtió que Noboa podría tener que gobernar «todo el tiempo alerta de lo que hace la primera función y eso es desgastante, por lo que debe haber un proceso de transparencia para que su gestión empiece con claridad y no bajo la opacidad».
Mónica Palencia, quien sería designada como ministra de Gobierno de la administración entrante de Daniel Noboa, dijo que reserva su análisis para el futuro.
«Si llego a estar en un puesto público, estaré dentro del Ejecutivo, y cualquier comentario que haga sobre las relaciones del Ejecutivo con otros organismos serán en ese contexto», zanjó Palencia este lunes y aseguró que trabajarán para un «bien superior, para la paz, para la justicia».(I)
Fuente: El Universo
