Reparto de comisiones legislativas obliga a sostener acuerdos entre correístas, socialcristianos y Gobierno

En el reparto de las quince comisiones especializadas permanentes entre las bancadas correísta, socialcristianos y el Gobierno, realizada por la Asamblea Nacional el domingo 19 de noviembre, se impuso un control cruzado entre las tres fuerzas políticas aliadas.

Tampoco haber alcanzado las presidencias o vicepresidencias de las mesas es una garantía de obtener una mayoría, por sí solos, al momento de aprobar los informes de los proyectos y decisiones que se tomen en las mesas. De las tres fuerzas políticas dominantes en el Parlamento, ninguna tiene mayoría en las comisiones, todas dependen del aval de sus aliados.
Ni el sector del Gobierno representado por la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), que según los acuerdos políticos con RC y PSC, logró el control absoluto en las dos comisiones económicas que era de su interés porque se anuncia el envío de leyes económicas urgentes que generen recursos a favor de la caja fiscal.

Del mismo modo, no logró mayoría en la comisión de Relaciones Internacionales y en la mesa de Seguridad Integral, donde dependerá de los votos de los correístas y socialcristianos para aprobar los informes sobre migración y temas de seguridad, que es una de las promesas del gobierno de Daniel Noboa.
En la comisión de Régimen Tributario presidida por la asambleísta de gobierno Nathaly Farinango, la bancada ADN colocó a cuatro delegados de nueve integrantes de la mesa, pero dependerá de la posición que asuman los tres asambleístas que incluyó el correísmo en la mesa, uno del PSC y uno del grupo de Gente Buena, para poder aprobar los informes. De no sostenerse el acuerdo político inicial, bien los correístas y socialcristianos, con el apoyo de la delegada Gente Buena, pueden hacer hacer mayoría; aunque también el Gobierno puede alcanzar mayoría si obtiene el voto de la delegada de Gente Buena.
El escenario se repite en la comisión de Desarrollo Económico que preside Valentina Centeno (ADN), que si bien tiene cuatro votos del oficialismo, no logra por sí sola obtener mayoría cuando el correísmo ubicó en esa mesa a tres de sus representantes, el PSC uno, al igual que el partido Avanza.

Respecto a la comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana presidida por Jonathan Parra (ADN), ninguna fuerza política de las tres aliadas (RC-PSC-ADN), tiene mayoría, pues el sector del Gobierno posee tres delegados a igual que los correístas; por lo tanto, para aprobar los informes de los proyectos deberán contar con el apoyo del voto unitario del PSC, Gente Buena y Construye.
En cuanto a la comisión de Soberanía y Seguridad Integral, si bien el sector del Gobierno tiene la presidencia con la asambleísta Inés Alarcón, no posee el control absoluto de la mesa porque solo tiene dos sillas, mientras que el correísmo colocó a tres de sus delegados, el movimiento Construye dos, el PSC uno, al igual que un independiente, Rafael Dávila, que anticipó que apoyará al Gobierno, pero no firmó el documento sobre la conformación de bancadas.

Donde sí el correísmo muestra interés, en el momento de integrar las mesas, es en la comisión de Justicia, conformada por diez asambleístas, donde ubicó a cuatro legisladores, incluido a quien preside la comisión, Fernando Cedeño (RC), pero igualmente no obtiene al menos seis votos porque depende del apoyo del PSC que tiene dos delegados; Gente Buena al igual que el representante de la alianza Claro que se Puede, cada uno tiene una silla.
Respecto a la comisión de Fiscalización y Control Político el correísmo obtuvo la presidencia con la legisladora Pamela Aguirre y colocó tres delegados más; pero tampoco tiene el control absoluto de la mesa, pues el Gobierno incluyó a tres legisladores de su bancada, uno los socialcristianos y uno que pertenece a Gente Buena.
El asambleísta Camilo Salinas, subcoordinador de la bancada Construye, reclamó por la distribución de espacios en las comisiones especializadas permanentes y anunció que su bancada vigilará de cerca la actividad que lleve adelante la comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre, porque Fernando Villavicencio, quien presidió la mesa hasta que se disolvió la Asamblea Nacional, dejó marcada una hoja de ruta de diferentes denuncias sobre hechos de corrupción.
Como están compuestas las comisiones responde a un “pacto oscuro”, que al corto plazo perjudicará al país si el presidente electo, Daniel Noboa, no reacciona.

¿Qué es lo que les preocupa a las tres fuerzas políticas de la nueva mayoría para que el movimiento Construye no tenga un delegado en la comisión de Justicia?, preguntó Salinas. (I)

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