La viuda de Fernando Villavicencio, el candidato a las elecciones presidenciales de Ecuador asesinado en agosto en Quito, informó el pasado martes que entregó el celular de su esposo al FBI y que la Fiscalía ecuatoriana nunca le solicitó el aparato.
En una entrevista de Primicias, Verónica Sarauz aseveró que la justicia estadounidense “se va a encargar de ahora en adelante de las investigaciones” y agregó que hasta ahora el Ministerio Público no le había pedido que proporcionara el teléfono móvil.
“Hemos entregado el celular porque sabemos que la información que está allí, en manos de los agentes del FBI va a estar bien custodiada”, expresó.
El FBI en Ecuador
Una comisión del Buró Federal de Investigaciones llegó al país suramericano el pasado 13 de agosto, según informó el Gobierno del saliente presidente, Guillermo Lasso. En su estadía en Ecuador, el FBI se reunió con la Policía Nacional y con la Fiscalía.
Según recordó la esposa de Villavicencio, toda las investigaciones que hacía el también periodista “involucran a altísimos grupos políticos, además del narcotráfico”.
En una entrevista publicada poco antes de ser asesinado, Villavicencio aseguró haber hecho unas 260 investigaciones sobre casos relacionados con corrupción.
¿Cómo va el caso?
En octubre pasado la Fiscalía informó que un testigo había aportado datos sobre los preparativos del asesinato y los montos ofrecidos por los autores intelectuales. De igual forma, proporcionó los nombres de quiénes estarían detrás de la muerte del político.
Se espera que el próximo 29 de noviembre se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de seis de los detenidos, puesto que los otros siete murieron en sus lugares de reclusión.
En agosto se dictó prisión preventiva contra los seis supuestos autores materiales directos, todos de nacionalidad colombiana, de los cuales cinco se encuentran en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil (Guayas).
Johan David Castillo López, el individuo señalado de ser autor del atentado, murió en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado, adonde fueron conducidos inicialmente.
Un mes después, en septiembre, otras siete personas fueron detenidas y las investigaciones se centraron en el cruce de informaciones en aparatos electrónicos, a través de llamadas y mensajes en plataformas de comunicación instantánea. RT
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