El próximo 21 de noviembre se prevé realizar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso de lavado de activos de una empresa que habría captado ilegalmente $ 30 millones entre el 2020 y enero de 2022. La cita, que ha sido diferida varias veces en los últimos diez meses, está convocada a las 14:30 en la unidad judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
A esta diligencia deberán comparecer los cinco procesados: Cristhian J., socio mayoritario, su conviviente Natalie G., el exaccionista de la empresa Vicente S. (2020) y sus socios Christian R. y Priscila Z., y los representantes legales de 27 compañías, que -según la Fiscalía- estarían involucradas.
La empresa investigada, que fue creada en 2020 para dar ‘servicios financieros’ en Santo Domingo de los Tsáchilas, atraía a sus clientes a través de las redes sociales. Les ofrecían invertir su dinero en empresas internacionales y prestigiosas con ganancias mensuales desde el 8 %. No obstante, esta firma no tenía permiso para realizar este tipo de operaciones, según la alerta que emitió la Superintendencia de Compañías en 2021.
“No estaban autorizados para captar dinero, entregar dinero e intervenir en la bolsa”, sostuvo el fiscal Luis Rosero, en la audiencia de formulación de cargos, el 12 de julio de 2022. En esta cita, el funcionario aseguró que parte del dinero recaudado fue utilizado presuntamente para ‘inyectar’ capital a otras empresas y comprar bienes, según la investigación de la Fiscalía.
En esa cita, el juez dispuso a Inmobiliar la incautación de seis inmuebles, cuatro en Santo Domingo, un departamento en el sector de Cumbayá, Quito, y otro predio en una urbanización de Manta. Aunque, tres meses después, fue revocado el decomiso de los primeros tres bienes y, en reemplazo de esta medida, se pidió la prohibición de enajenar estas propiedades. Además, se ordenó la retención de cuentas bancarias, la incautación de cinco carros y cinco motos y la prohibición de vender otros 16 vehículos.
La trama de lavado de activos se inició, según el proceso, a los pocos meses de crear la empresa investigada, cuando el socio mayoritario constituyó otras nueve compañías, entre el 2020 y enero de 2022. Una de ellas, abierta en mayo de 2021 para ‘actividades deportivas’, recibió de la empresa investigada nueve transferencias por $ 589.567 durante el segundo semestre de 2021. Ese dinero se utilizó, según la información financiera, para la construcción y equipamiento de un gimnasio. Mientras que el socio de una firma agrícola sostuvo, en su versión judicial, que a él le prestaron $ 520.000; sin embargo, esta empresa reportó no haber tenido ingresos en 2021 -año en que fue constituida- y en 2022 no presentó sus registros financieros a la Superintendencia de Compañías.
“Intentaban dar legalidad a los dineros ilegalmente captados; una de las formas de lavar los dineros es crear varias compañías y darles objetos sociales para evadir responsabilidad penal y ganar anonimato; otro elemento importante en el lavado de activos es inyectar capital a las compañías (…), el monto del lavado de activos superaría los $ 18 millones.
Fiscal Luis Rosero, en el proceso judicial.
No obstante, el abogado defensor de Cristhian J., alegó que la “Fiscalía no ha demostrado que la captación del dinero sea ilícito, el dinero es lícito”, y criticó que se haya iniciado la investigación previa en 2021 “en secreto”, sin haberles notificado: “Existe una investigación por captación de dinero, en esa sí nos notificaron y acudimos a defendernos, pero por lavado de activos no nos notifican, eso es abuso de poder punitivo”.
En tanto que el juez José Alvarado cree que “sí existen elementos de configuración del delito”, pues entre 2020 y 2022 la UAFE detectó “un incremento en sus cuentas y transferencias a otras firmas, y para esto coadyuvan los otros procesados”.
Ninguna de las cinco personas naturales investigadas está detenida, todas recibieron medidas sustitutivas. A tres de ellos, que inicialmente les dictaron prisión preventiva, se les cambió la medida por el uso de grillete electrónico, presentación periódica y prohibición de salir del país. Esta última disposición le fue revocada a la esposa de Cristhian J. por tener un embarazo de ‘alto riesgo’ y para que pueda recibir una intervención médica en Estados Unidos.
Otros sospechosos en este caso fueron absueltos, como una empleada cubana, quien -según las investigaciones- habría cobrado $ 5 millones en cheques.
Algunos de los inversionistas que se sienten perjudicados por la empresa –disuelta en febrero de 2022- piden, a través de sus redes sociales, que se les devuelva su dinero y ser considerados parte de esta causa. “Se debería incluir en el proceso a las personas que nos captaron el dinero, en mi caso, hasta el final solicité garantía de la licitud de la compañía y me daban unos discursos lindos. Ahora, ni la cara dan para brindar información sobre el proceso”, comentó un usuario, mientras otro criticó: “Sigo esperando en primera fila para que devuelva la plata y ya un año sigo viendo cómo se gasta la plata que a mí me costó tanto trabajar”.
De las diez empresas de Cristhian J., solo dos figuran como disueltas, en febrero de 2022. Las otras ocho firmas, que están siendo investigadas dentro del proceso, siguen activas.
Fuente: El Universo
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