La Contraloría General del Estado recibirá a un nuevo ocupante en el despacho principal, que propone un nuevo modelo de gestión enfocado en fortalecer los medios de prueba para la determinación de indicios penales en las auditorías a los organismos del Estado e implementar el modelo de gobierno abierto.
Se trata de Xavier Mauricio Torres Maldonado, de 52 años, quien fue designado como titular de la Contraloría General este 7 de noviembre de 2023, por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La designación se produjo con base en el informe final del concurso público de méritos, oposición e impugnación que aprobó una comisión ciudadana, que la integraban diez miembros.
Si bien se concretó su elección, Torres debe esperar que la Asamblea Nacional lo posesione para iniciar formalmente sus funciones.
No hay fecha para ello, pues tras los comicios nacionales anticipados del 20 de agosto y del 15 de octubre, los legisladores electos deben posesionarse en sus cargos y está previsto que el 20 de noviembre se instale la sesión inaugural.
Luego, deberán fijar la fecha de posesión del presidente y vicepresidenta de la República electos, Daniel Noboa Azín y Verónica Abad Rojas y, seguirán con la posesión del nuevo contralor
Al conocer de su elección, el contralor subrogante, Carlos Riofrío González, lo felicitó y exaltó que «un funcionario de carrera tome la posta en la conducción del organismo superior de control, para dar continuidad técnica, sistemática y apegada a la legalidad», se detalló en un comunicado.
Además, anunció la predisposición para dar paso a «una transición ordenada y transparente».
Mauricio Torres es ingeniero comercial, abogado, docente, es funcionario de carrera de la Contraloría y llega con al menos tres propuestas puntuales para iniciar su gestión en un periodo de cinco años.
Entre los ofrecimientos está crear una acción de control de «auditoría forense» y un modelo de gestión de gobierno abierto bajo los ejes de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, con el objetivo de potenciar la atribución fiscalizadora que tiene la Contraloría sobre más de 4.000 instituciones y organismos privados que gestionan dineros públicos.
Para ello, propone llevar al Legislativo un proyecto de reformas legales a su ley y poner en marcha esta «auditoría forense» que permita reforzar los indicios de responsabilidad penal que surgen eventualmente de los exámenes especiales o auditorías que se hacen a las dependencias estatales.
Estos informes se remiten a la Fiscalía General del Estado para su investigación, pero en ocasiones se «archivan» o son desestimados por los jueces, lamenta Torres, por lo que su aspiración sería evitar que ello suceda, ha dicho en declaraciones a la prensa.
La iniciativa pretende capacitar a los funcionarios, incluso en el exterior, para que puedan elaborar peritajes especializados que sirvan como medios de prueba para la Fiscalía.
Esto, tomando en cuenta que en la actualidad están facultados a realizar siete tipos de acciones de control:
- Auditoría de gestión
- Auditoría de obras públicas
- Auditoría financiera
- Declaraciones patrimoniales juramentadas
- Examen especial
- Examen especial de paraísos fiscales
- Supervisión de firmas privadas
Para Torres el sistema de gestión de la Contraloría «sí funciona», pero no desestima que requiere del apoyo de la Asamblea Nacional para reformar la ley orgánica y crear, de ser el caso, esta auditoría forense.
Otra propuesta es rotar, por lo menos cada seis meses, al personal de las áreas sensibles de la Contraloría y así contrarrestar actos de corrupción o la existencia de ‘redes’ ilícitas relacionadas con las áreas de determinación de responsabilidades civiles, administrativas y las glosas.
Ofrece alternativas para que los auditores puedan acompañar a los funcionarios de las instituciones controladas en materia de contratación pública para evitar errores y posibles hechos irregulares.
Torres pidió «gobernabilidad» a las fuerzas políticas, pues quiere «trabajar» y lo hará «sin dedicatoria», puntualizó en una entrevista en la cadena Ecuavisa.
Desde la Fundación Ciudadana y Desarrollo, su director, Mauricio Alarcón, ve con agrado la propuesta del contralor entrante porque fortalecerá la institucionalidad y la confianza de la ciudadanía.
«Es positivo que tenga esta propuesta como su norte, porque si bien la Contraloría ha trabajado por mejorar su gestión, aún queda mucho por hacer en la depuración de esas supuestas ‘redes’ de corrupción», manifestó Alarcón, quien recuerda que en la lucha contra la corrupción puede haber una colaboración multilateral con el aporte de la sociedad civil, sector privado y la academia.
El concurso para elegir a esta autoridad se inició en noviembre del 2022 y concluye un año después y participaron 103 concursantes, de los que solo 42 cumplieron el último requisito de rendir el examen escrito.
De ellos, Torres alcanzó la más alta calificación con 91/100 puntos, de los que 49 correspondieron a sus méritos y 42 a su prueba de conocimientos.
Su designación se dio con los votos de los consejeros Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Juan Esteban Guarderas, Johanna Verdezoto, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz, que acogieron los resultados del informe de la comisión ciudadana que tenía el carácter de vinculante. Solo el vocal Augusto Verduga tuvo un voto en contra.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/OBBRE2HJQVGQBL2GIT5E4FASSE.jpg)
Torres pasaba desapercibido en el proceso, hasta que el 12 de septiembre, cuando la comisión aprobó el informe de calificación de méritos de 103 aspirantes, la comisionada Melisa Cabrera alertó que se había «equivocado» en puntuar su carpeta y que no tenía 41,50/50, sino que 45,5.
Tras rendir el examen escrito, tuvo una nota de 42 y sumó 87,5. Hasta que en la fase de recalificación, se le revisaron méritos y le subieron 3,5 puntos, ascendiendo a los 91, que lo posicionaron como el mejor postulante de esta atropellada carrera que enfrentó unas doce acciones de protección de ciudadanos inconformes. (I)
Fuente: El Universo
