El CPCCS tiene que conocer el informe final de la comisión ciudadana y designar a la autoridad. El reglamento le da dos días término para proceder.
Para cerrar el concurso público para la elección de la autoridad de la Contraloría General del Estado, que se ha extendido por un año, resta que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designe con el voto de mayoría o por unanimidad; aunque el funcionario electo deberá esperar que la Asamblea Nacional lo posesione para que asuma oficialmente sus funciones.
La comisión ciudadana que llevó a cabo el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir a la primera autoridad de la Contraloría envió su informe final el 1 de noviembre al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que proceda con la designación.
No obstante, aún hay expectativa por conocer los resultados de una acción de protección que interpuso una persona identificada como Francisco Luna Aguirre, en contra del informe de recalificación de méritos de 103 candidatos que se aprobó el 30 de octubre de 2023.
Luna presentó su recurso horas antes de que la comisión resuelva sobre el informe final de notas de méritos y del examen escrito de los 103 postulantes que se presentaron en el concurso.
La causa recayó en la Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito de Carapungo (Quito), en el despacho del juez Miguel Michuy Vega, pero hasta el momento no se ha fijado fecha para la audiencia y tampoco hay un pronunciamiento sobre la solicitud de medidas cautelares que hizo Luna para que se suspenda el proceso.
El reglamento para la designación señala en su artículo 48 que la comisión ciudadana tiene un término de dos días para enviar al pleno del CPCCS el informe final con los candidatos que superaron las fases del concurso y tiene el carácter de vinculante «por lo que no se podrán alterar las valoraciones».
Luego, los consejeros tienen un término de dos días para designar al nuevo contralor según el candidato que haya obtenido la más alta calificación.
La comisión envió su informe final el 1 de noviembre y estaría previsto que entre este lunes o martes se produzca una sesión extraordinaria del CPCCS para designar.
En el mencionado documento, el candidato a ocupar el cargo por su alto puntaje sobre 100 es Mauricio Xavier Torres Maldonado, que alcanzó 91/100, frente a otros 42 concursantes que obtuvieron menos puntaje de sus méritos y prueba escrita.
En tanto que los 55 restantes serían descalificados porque no asistieron a dar el examen escrito el 30 de septiembre pasado.
El pleno del CPCCS está compuesto por siete vocales, en los que no habría unanimidad para acoger los resultados del concurso. Cuatro estarían a favor del informe de la comisión y tres reclaman falta de transparencia en el desarrollo del concurso.
De los siete votos, los cuatro a favor serían de Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Juan Esteban Guarderas y Nicole Bonifaz.
En la minoría se encuentran Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, quienes cuestionaron a los miembros de la comisión ciudadana por falta de transparencia en la etapa de recalificación de los puntajes de méritos y el examen de conocimientos.
De haber un bloque de mayoría a favor del informe y que de ello resulte la designación de Mauricio Torres, su resolución será enviada de inmediato a la Asamblea Nacional para que proceda con la posesión.
Según reza el artículo 50 de la norma, «proclamados los resultados definitivos del concurso, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana remitirá en forma inmediata el nombre de la autoridad seleccionada a la Asamblea Nacional para su posesión».
Pero el cumplimiento de ese procedimiento deberá esperar algunos días, debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe proclamar los resultados definitivos y adjudicar escaños a los asambleístas nacionales y del exterior de las elecciones anticipadas que se repitieron para los ecuatorianos migrantes el 15 de octubre pasado.
A lo que se suma, que los candidatos u organizaciones políticas no interpongan recursos subjetivos contenciosos a la adjudicación de escaños en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El cronograma planteado por los legisladores electos es que el 20 de noviembre se realizaría la ceremonia inaugural de la legislatura para terminar el periodo pendiente, es decir, hasta mayo del 2025.
Una vez instalado el nuevo Parlamento y haya electo a sus autoridades internas, posesionará en sus cargos a Daniel Noboa Azín y Verónica Abad Rojas, como presidente y vicepresidenta, electos en la jornada de segunda vuelta del 15 de octubre.
Así también, se convocará a Torres para que sea posesionado en el cargo.
Desde ese momento, Mauricio Torres podrá iniciar sus funciones para un periodo de cinco años, hasta el 2028, según lo establece la Constitución en su artículo 205.
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Bajo este contexto, terminará formalmente el periodo 2017-2022, para el cual fue electo el ahora excontralor Carlos Pólit Faggioni, quien renunció a su cargo en junio del 2017 y fue censurado por la Asamblea Nacional de ese entonces por su participación en actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, por el cual fue procesado por concusión y es considerado prófugo de la justicia ecuatoriana.
A Pólit lo reemplazó como contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, que también fue procesado por delincuencia organizada. A este último lo sucedió Valentina Zárate, que renunció, y finalmente asumió Carlos Riofrío González, que se encuentra en funciones prorrogadas desde marzo del 2022, a la espera de que el CPCCS designe al nuevo titular de la Contraloría. (I)
Fuente: El Universo
