Dos operaciones financieras, tanto a través de Petroecuador como del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) dan cuenta de las fuertes necesidades de liquidez que tiene el Gobierno para el cierre de su gestión. Y más aún, las serias restricciones que tendrá el próximo, que asumirá en diciembre.
Esta semana, el gerente de Petroecuador, Reinaldo Armijos, anunció una venta spot con pago anticipado, con características similares a una preventa petrolera, por $ 1.200 millones que compromete crudo hasta marzo del 2024; mientras que este Diario conoció de fuentes extraoficiales de un intento de inversión por parte del Biess de comprar bonos por al menos $ 1.000 millones. Estos recursos del Biess servirían para pagar la propia deuda del Estado al Biess ($ 770 millones), pero el saldo para un pago del 40 %, y para pagar otras necesidades urgentes.
Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), explica al momento la caja fiscal está seca. Al 27 de octubre la cuenta de depósitos del tesoro registra $ 606 millones, pero para fin de mes, el rubro será inferior. Para Carrera incluso se podrían registrar problemas para pagar los sueldos. En este sentido, indicó que el déficit elevado no se puede financiar comprando bonos o comprometiendo el petróleo del futuro, lo que se debería hacer es bajar el déficit.
Explica Carrera que con la maniobra que se hará con el crudo habría serias dificultades para el próximo Gobierno en caso de concretarse dicha operación comercial con el pago anticipado que ha mencionado Armijos. Así el actual Gobierno recibiría los $ 1.200 millones con la primera entrega de crudo y en las siguientes entregas, ya el nuevo Gobierno solo entregaría el crudo, pero no recibiría ingresos. En cuanto a la operación con el Biess, Carrera dijo que esta entidad que maneja los fondos del IESS no puede seguir financiando al Gobierno, el cual ni siquiera cumple con los pagos del 40 %. De esta manera, el Biess está financiando por dos vías al Estado con bonos y a través de los atrasos del 40 %. El Biess está imposibilitado de comprar, pues está ilíquido y una operación como la que se ha mencionado le obligaría a desinvertir de los fondos, lo cual no es sano para la institución. En todo caso, Carrera dijo que ha conocido que hay conflicto a lo interno del Biess y no se realizaría la compra.
La nueva operación petrolera tampoco tendría viabilidad, según primeros comentarios en el mercado. Será complejo que alguna empresa acceda a entregar dinero anticipado por el crudo, sin otro tipo de garantías. Además las empresas refinadoras, actualmente ya han comprado para los meses de diciembre a febrero.
Entre tanto, en un informe de Cordes se indica que con corte a septiembre, el Presupuesto General del Estado (PGE) acumuló un déficit de $ 3.172 millones, equivalentes al 2,7 % del PIB que proyecta el Banco Central ($ 119.573 millones). Es decir, a tres meses del cierre del año, el resultado ya es peor del que el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, proyectaba hasta hace poco para todo 2023: entre 2,3 % y 2,5 % del PIB. El déficit sería mucho más pronunciado si se toma en cuenta que normalmente el último trimestre registra los mayores problemas. El déficit de septiembre del 2023 muestra un deterioro importante con respecto al año pasado cuando hubo un superávit de $ 304 millones, pese a lo cual al cierre de ese año el resultado fue deficitario en $ 1.873 millones.
Cordes recordó que el presupuesto del Gobierno ha sufrido tanto por caída de ingresos petroleros como por la de tributos. En el caso de ingresos de petróleo, estos pasaron de $ 2.641 millones en los primeros nueve meses de 2022 a $ 1.455 millones en el mismo periodo de este año, lo que implica una caída de 45 %. Si bien en las últimas semanas se ha registrado un alza en el precio del petróleo, el valor promedio de exportación de enero a septiembre de 2023 sigue siendo más bajo que el del mismo periodo del año pasado.
También han bajado tributos. Cabe señalar que la reducción en los ingresos tributarios del PGE podría ser mayor en los próximos meses como consecuencia de los apagones y su impacto en la actividad económica.
A eso se suma una previsible caída en los ingresos tributarios –por la reducción de la tasa del ISD a 2 % a partir del 1 de enero de 2024, los últimos cambios en el impuesto a la renta y el fin del impuesto al patrimonio de las grandes empresas, por el cual el SRI recaudó $ 348 millones hasta septiembre. A todo esto se suma una nueva caída en la producción petrolera por el cierre de la explotación en el Yasuní, y el posible incremento en el gasto de capital como consecuencia del fenómeno de El Niño. En ese contexto, es importante que el presidente electo dé señales de conocer cuál es la situación fiscal y diga qué piensa hacer para enfrentarla, dice Cordes.
