La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) ha firmado un convenio de colaboración con el Capítulo Ecuador de la World Compliance Association (WCA Ecuador). Esta acción reafirma el compromiso de la banca privada con el cumplimiento de procesos que trascienden las normativas vigentes relacionados a los controles preventivos contra la corrupción y otros delitos, así como la gestión de riesgos, la ética y la transparencia bajo estándares internacionales.
El Presidente Ejecutivo de Asobanca, Marco Rodríguez, y el Presidente de WCA Ecuador, Santiago Solines Moreno, firmaron el acuerdo por un periodo de dos años, lo que facilitará el desarrollo de proyectos colaborativos y eventos de formación académica relacionados con las buenas prácticas locales e internacionales sobre el cumplimiento normativo en temas de anticorrupción y antisobornos, prevención de lavado de activos, de transparencia, la ética, la reputación corporativa y la gestión de riesgos.
La World Compliance Association Capítulo Ecuador (WCA Ecuador), constituida el 27 de septiembre de 2019, es una asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el ámbito del cumplimiento normativo. Sus objetivos incluyen la promoción, el reconocimiento y la evaluación de las actividades de cumplimiento normativo, así como el desarrollo de herramientas y procesos para una protección adecuada frente a determinados delitos e infracciones cometidas en los sectores público y privado.
Marco Rodríguez, Presidente Ejecutivo de Asobanca, subrayó que la banca ecuatoriana ha adoptado desde hace muchos años los estándares de cumplimiento (compliance). Añadió que, además de las obligaciones legales y su buena gestión de gobierno corporativo, el sector financiero mantiene controles internos rigurosos en términos de cumplimiento normativo y lucha contra delitos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
“En ese contexto, los beneficios de este acuerdo radican en traer expertos y prácticas internacionales, así como debatir en la sociedad ecuatoriana sobre lo que la banca está implementando en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la corrupción. Este convenio envía un mensaje claro de que el sector financiero privado no tolera prácticas contrarias a un tratamiento y comportamiento ético en el cumplimiento de normativas bajo los mejores estándares internacionales.
De hecho, en Ecuador existe una serie de prácticas bancarias que van más allá del cumplimiento normativo, como los procesos de acompañamiento y reporte de temas de prevención de lavado de dinero. Aunque la normativa actual establece que los bancos solo deben reportar sobre operaciones financieras sospechosas, inusuales o injustificadas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los bancos van más allá de lo que exige la ley, proporcionando información requerida por las autoridades competentes del sector público, lo que permite realizar nuevas investigaciones.
Santiago Solines Moreno, presidente de WCA Ecuador, destacó que el sistema financiero ecuatoriano es altamente regulado, lo que hace que el cumplimiento normativo sea inherente a su actividad. En este sentido, señaló que su organización puede ayudar a Asobanca a proponer políticas públicas en el ámbito bancario.
“La Asobanca juega un papel fundamental ya que permite desarrollar proyectos con las entidades bancarias para incidir de forma positiva en la sociedad civil, así como la difusión de información respecto a la mitigación de delitos como el lavado de activos; la gestión de riesgos y sobre tecnificación para las entidades financieras”.
En definitiva, los bancos ecuatorianos continúan implementando las mejores prácticas de cumplimiento en áreas clave como la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el cumplimiento de las leyes bancarias, la protección de la privacidad y la seguridad de los datos de los clientes, la gestión de riesgos financieros y la transparencia en las operaciones financieras.
Esta implementación implica el establecimiento de controles internos y procesos de monitoreo continuo para garantizar que las operaciones financieras se lleven a cabo de manera legal, ética y transparente.
