Tras la muerte de los colombianos Camilo R., Adey G. y Jules C., tres de los siete investigados por el asesinato de Fernando Villavicencio que fueron encontrados muertos en sus celdas en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, un juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado dejó sin efecto el señalamiento de audiencia para formular cargos por el delito de delincuencia organizada que existía contra los tres extranjeros, además de los ecuatorianos Byron G. y Luis P.
El pedido fue hecho por José Córdova, agente fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional 3. Él solicitó dejar sin efecto el señalamiento de audiencia de formulación de cargos prevista para este 23 de octubre, a las 09:00.
Camilo R., Adey G., Jules C., junto con los también colombianos Andrés M., José N. y Jhon R. y el ecuatoriano José M. fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil -los seis extranjeros- y en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito -el ecuatoriano-, entre el viernes 6 y el sábado 7 de octubre pasados.
Los asesinados eran parte de la instrucción fiscal que se cerró el 7 de octubre pasado, luego de cumplirse los 60 días de esta etapa abierta el 10 de agosto pasado, un día después de que fue asesinado al estilo sicariato Fernando Villavicencio, en ese momento presidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. El candidato fue atacado pasadas las 18:30 del 9 de agosto último, en momentos que salía de un mitin político realizado en un coliseo ubicado en el norte de Quito.
Los seis colombianos fueron parte del primer grupo de detenidos en este caso, mientras que José M. fue parte de las siete detenciones producidas un mes después de iniciado el proceso que investiga a quienes participaron directa e indirectamente en el asesinato de Villavicencio. Cerrada la instrucción fiscal en el proceso principal, el de asesinato, seis personas enfrentarán una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que aún no tiene fecha para instalarse.
Una vez aceptado el pedido, el juez a cargo de la causa dispuso que se archive la solicitud, manteniéndose así el caso en etapa reservada de investigación previa.
Con el fallecimiento de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R. y José M., en las causas por los delitos de asesinato y tráfico de drogas a gran escala, lo que resta es que los certificados de defunción de estas personas sean ingresados en los procesos para que formalmente se concrete lo que en el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se define como extinción del ejercicio de la acción penal.
En el proceso penal por asesinato continúa ingresando información respecto a pericias dispuestas dentro de los 60 días de instrucción fiscal. Además, este lunes 23 de octubre, a partir de las 16:00, se realizará una audiencia en la que tres jueces de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha tratarán de forma reservada el recurso de apelación a la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Carlos A.
Carlos A., ecuatoriano que estaría relacionado con el grupo delictivo Los Lobos y que al momento de su detención en esta causa estaba internado por otro caso en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de El Inca, en el norte de Quito, es parte del grupo de siete personas que fueron vinculadas el 8 de septiembre pasado a la instrucción fiscal abierta el 10 de agosto, un día después de que se produjo el ataque criminal contra Villavicencio afuera de un coliseo en el que terminaba un mitin político.
Según la Fiscalía, la orden para ejecutar el asesinato del presidenciable y periodista de 59 años habría salido, vía llamadas y mensajes de WhatsApp, desde el teléfono de uno de los ahora procesados, quien al momento del crimen guardaba prisión en el CPL de Cotopaxi, en Latacunga. El directamente involucrado con las comunicaciones con el colombiano hoy fallecido Jhojan David Castillo López sería Carlos A.
Hace pocos días, a Carlos A. se le negó un habeas corpus que solicitaba para ser cambiado, por seguridad, a un CPL donde en su mayoría están personas que integran la banda delictiva de la que supuestamente es parte. (I)
