El Ministerio del Interior reactivó la idea luego de que la Justicia imputara a colombianos que integraban una red de préstamos ilegales.
La imputación de la Justicia uruguaya a 18 colombianos y un venezolano por participar de una red que otorga préstamos irregulares reactivó una idea que el Ministerio del Interior tiene hace, al menos, dos años. El viceministro de esa cartera, Guillermo Maciel, informó este martes en el Parlamento que enviarán un proyecto de ley que habilite la deportación de ciudadanos extranjeros que cometan delitos graves en el país.
El proyecto de ley incluirá un cambio en la Ley de Migraciones para que puedan ser deportados los extranjeros que fueron condenados por homicidio, secuestro, abuso sexual u otros delitos económicos.
Maciel conversó sobre la propuesta con los integrantes de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores y, en conferencia de prensa, se refirió a la situación de ciudadanos colombianos que tramitaron la documentación uruguaya y ofrecen estos préstamos. Detalló que hubo dos operaciones grandes de parte del Ministerio del Interior junto a la Fiscalía, que tuvieron como resultado la imputación por usura o asociación para delinquir de esos ciudadanos.
Los “préstamos gota a gota” también se sirven de la tecnología para estafar a sus víctimas y están extendidos en América Latina (crédito Andina)La modalidad se registró hace cinco años y está extendida en Brasil y Argentina. El Ministerio del Interior uruguayo se comunicó con la policía de Colombia porque hay integrantes de esta banda de préstamos que viven en ese país. Una organización paga los pasajes, “implementa lo necesario” para que otros se instalen en Uruguay y les da un “capital de inicio” que tienen que devolver.
Maciel dijo que actualmente las medidas de expulsión de Uruguay de ciudadanos extranjeros están “muy limitadas”. El jerarca comentó que esa eventual modificación se discutió en la Comisión de Constitución.
El mecanismo delictivo al que se refirió Maciel se conoció en febrero, cuando El País informó que prestamistas colombianos tenían contra la espada y la pared a ciudadanos uruguayos.
A través de una tarjeta de presentación y descriptiva, estas personas se acercaban a futuros clientes con propuestas de créditos al instante. El dinero que es entregado en efectivo y debe ser cancelado al día siguiente del reembolso. El proceso lleva 24 horas y es conocido como un préstamo gota a gota.
Cuando la Justicia imputó a 18 colombianos informó que entregaban un préstamo con tasas de interés superiores a las fijadas por el Banco Central y, en caso de atraso en los pagos, incurrían en conductas intimidatorias.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se había expresado sobre la posibilidad de deportar a ciudadanos extranjeros hace dos años. “El Uruguay abre sus puertas a gente para que venga a trabajar a Uruguay, con las mejores tradiciones de acá, y delinquen”, dijo el jerarca.
Sus comentarios se dieron tras otra investigación de la Justicia vinculada a extranjeros. En esa oportunidad dos ecuatorianos y un venezolano fueron imputados por asociación para delinquir y trata de personas con fines de explotación laboral. Entre las víctimas había cinco menores de edad, informó entonces La Diaria.
Fue entonces que Heber planteó su voluntad de expulsar a las personas migrantes que cometen delitos. “Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz, para que aquellos que delinquen se los expulse del país. Expulsados”, opinó el ministro y aclaró que sería para aquellos que tengan una condena firme de la Justicia.
Esa vez Heber anunció que irían por una ley al Parlamento, un planteo que ahora retomó el viceministro. “Nosotros vamos con un criterio, que es que a aquel que generosamente Uruguay le abre sus puertas para venir a trabajar y opta por la delincuencia, es totalmente inadmisible”, explicó.
Heber indicó que Uruguay debe tener un “arma jurídica” para expulsar a “esta gente” a la que el país no quiere “ni siquiera en las cárceles”.
Ese año, los migrantes representaban un 2,5% de la población carcelaria del país. De los 14.000 presos que había en las cárceles, 369 eran ciudadanos extranjeros.
