El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) esperará conocer los resultados de una acción de protección para convocar a los miembros de la comisión ciudadana de selección de la autoridad de la Contraloría General del Estado a explicar los reclamos ciudadanos en torno al desarrollo del concurso público.
En contra de la elección del titular de la Contraloría General se han presentado unas cuatro acciones de protección de parte de los postulantes, de la que una mantiene suspendidas las etapas del proceso a través de una medida cautelar.
Al momento, se encontraba en la etapa de sumatoria de notas de los méritos y del examen escrito de 48 concursantes, para proceder con la designación de aquel que haya obtenido el más alto puntaje.
Sin embargo, el 5 de octubre, el juez de Samborondón (Guayas), Edwin Tierra Gusqui aceptó un pedido de medida cautelar que mantiene suspendido el proceso por trece días, hasta que se resuelva el fondo del recurso en una audiencia convocada para este 20 de octubre a las 09:00 de forma telemática.
La accionante es Julia Palma Farfán, una postulante, que reclama a la comisión ciudadana que se violó su derecho a la igualdad, porque otros candidatos que no cumplieron con los requisitos fueron admitidos y porque no valoraron sus años de experiencia y otros méritos en la calificación.
Otra acción de protección la planteó Guido Escobar Pérez, a quien le redujeron diez puntos en sus méritos, porque seis de diez comisionados, consideraron que estaba «sobrevalorado» su carpeta.
El juez no aceptó dictar medidas cautelares, pero convocó a audiencia para el próximo 1 de noviembre a las 14:30. Sobre otros dos recursos están por definirse fechas de audiencia.
En ese contexto, el 4 de octubre pasado, el pleno del CPCCS, en la anterior administración de Alembert Vera, resolvió convocar a los diez miembros de la comisión ciudadana a explicar los reclamos y novedades ocurridas con los resultados de la prueba de conocimientos que rindieron 48 personas el 30 de septiembre.
Querían conocer por qué los comisionados sesionaron el domingo 1 de octubre, leyeron las calificaciones de las pruebas y aprobaron el informe de resultados. Por qué hay dos postulantes que no han sido informados de sus calificaciones y, por qué suspendieron de sus funciones de secretario a Francisco Toral, quien se desempeñaba como asesor del exvocal Alembert Vera.
El llamado a comparecer se definió para el 10 de octubre, pero hubo una reconfiguración del Consejo con la destitución de Vera de su cargo por parte de la Corte Constitucional y se decidió solicitar un informe jurídico que evalúe la pertinencia de llamarlos tomando en cuenta que hay una medida cautelar en firme.
Dicho criterio recomendó a los siete vocales no recibir a los diez comisionados porque la orden judicial es de obligatorio cumplimiento y podría derivar en una destitución de los consejeros.
Se concluyó que «cualquier actuación posterior» del Consejo debe analizarse según el pronunciamiento del juez de Samborondón.
En una plenaria de este miércoles, 18 de octubre, por unanimidad, los siete vocales acogieron la recomendación, por lo que no escucharán a los comisionados.
No obstante, solicitaron un informe legal que exponga cuáles serían los mecanismos por los que se puede acudir a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre los recursos de garantías jurisdiccionales que se presentan en contra de los concursos para designar a las autoridades de control del Estado.
Por otra parte, está pendiente que la presidenta del CPCCS, Nicole Bonifaz, remita una terna de candidatos para que los comisionados designen al secretario, según lo dispone el reglamento para elegir al contralor.
La comisión ciudadana solicitó al exconsejero Vera que envíe su terna de forma «urgente», pero con su salida, Bonifaz deberá enviar a sus tres candidatos.
Para los comisionados, el accionar del exsecretario Francisco Toral puso en riesgo la credibilidad y prosecución del concurso sin sustento ni justificación.
Ello porque Toral pidió al presidente de la comisión, Marco Chalco que declare la nulidad del informe de calificaciones de los exámenes escritos, con el que el postulante Xavier Torres Maldonado se posicionó como el virtual ganador del concurso público al sumar 85,5/100 entre sus méritos y la prueba. (I)
