Priscila Zárate recuerda que al menos tres veces, a inicios de 2022, fue asaltada poco antes de llegar a su casa en la manzana Q2 de la ciudadela la Atarazana, en el norte de Guayaquil. Sujetos en moto la apuntaron con armas en esas ocasiones y le arrebataron de forma violenta la cartera y mochila.
El último asalto lo sufrió una semana antes de que entre moradores se organizaran para colocar portones en ese sector. La medida la tomaron como una alternativa para protegerse contra la delincuencia y, de esta manera, mantener a sus familias a buen recaudo.
A más de un año de la implementación de los portones, dice Zárate, los asaltos se redujeron y esto le generó cierta tranquilidad. “No nos vemos aquí sin las puertas, es como un blindaje que tenemos, como nuestro espacio seguro”, expresa ella.
La Atarazana no es el único sector que implementó esta medida para protegerse de la delincuencia. Ciudadelas como Alborada, Albatros, La Garzota, Urdenor, Samanes, Esteros, Acacias, entre otros sectores, han optado por esta forma de protección y poco a poco pasaron de ser ciudadelas abiertas a conjuntos cerrados.
Los moradores han realizado inversiones que van desde los $ 100 para la instalación de estas estructuras. Las instalaciones de rejas se incrementaron en 2022, aunque hay sectores que optaron por esta medida desde mucho antes.
Durante la administración de Cynthia Viteri el número de solicitudes para la colocación de las estructuras se elevó y en 2023 continúan sumándose sectores que colocan las rejas a grupos de casas e incluso implementan garitas, portones eléctricos, sistemas de videovigilancia y tarjetas magnéticas para los ingresos.
Aunque el Municipio, durante la anterior Alcaldía, recibía este tipo de peticiones, Guayaquil no cuenta con una regulación específica para la instalación de estas estructuras.
Víctor Ponce, director de esta instancia municipal, explicó a este Diario, el pasado 18 de septiembre, que con la normativa se prevé ordenar y regular la implementación de estas estructuras.
En el cuerpo legal se incluirán sanciones para quienes no se apeguen a lo que principalmente se busca: no bloquear accesos que perjudiquen la actuación de instituciones en caso de emergencias y faltar al derecho de la libre movilidad.
Según Ponce, una de las novedades que se ha detectado en los sectores que tienen portones, y lo que motivó a conformar mesas técnicas para regular su instalación en la ciudad, fue que hubo casos en los que se dificultó el ingreso de ambulancias o patrulleros durante alerta de emergencias por el bloqueo en intersecciones.
Por ello, desde el Municipio se trabaja junto a otras dependencias como Justicia y Vigilancia, Urbanismo y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para, de forma técnica, analizar en qué sitio es idóneo colocar o mantener las estructuras.
En los sitios en donde ya existen las rejas, explicó el funcionario, se realizará un estudio para constatar que no existan bloqueos para la instituciones de emergencia y no se afecte el derecho a la libre movilidad. El Municipio indicó que se realizarán estudios técnicos para que la extracción sea mínima.
El cabildo está consciente de las inversiones que han realizado en las diferentes ciudadelas para colocar las estructuras y ponerse a buen recaudo.
“No es tumbar o retirar, sino regular. Hay que entender que todos los sectores que han colocado rejas, hasta el momento, se pudiera decir que han sido de manera irregular porque no existe una ordenanza que regule este tema en Guayaquil”, dijo Ponce.
En la administración anterior era la Dirección de Justicia y Vigilancia la que establecía los lineamientos mínimos para la colocación de las puertas. Por ejemplo, que todos los vecinos involucrados estén de acuerdo en la colocación de las infraestructuras metálicas y que haya una organización estructurada.
Por otra parte, que la puerta esté abierta y únicamente permanezca cerrada por las noches con el objetivo de no afectar el libre tránsito de los ciudadanos. Sin embargo, moradores han indicado que las puertas sí suelen estar cerradas durante el día por los asaltos que se dan a toda hora.
Eduardo Salazar, miembro de la comitiva de moradores de Urdenor 1, dijo que las autoridades deben tomar en cuenta que estas son medidas urgentes para “mermar la delincuencia” y que han implicado organización e inversión de las familias.
“La ordenanza debe permitir lo ya realizado por las comunidades de moradores, que esto se mantenga sin que se incurra en gastos adicionales”, dijo Salazar.
Susana Rivas, residente de Las Acacias, manifestó que debe existir una socialización previa del proyecto de ordenanza con los diferentes barrios. Además, reiteró, que si se retiran los portones que se han colocado en las peatonales debe existir una acción complementaria junto a Policía Nacional para brindar seguridad a las familias.
“No nos vamos a oponer a proyectos que sean para mejorar la ciudad, pero si toman una decisión debe venir acompañada de otra. Si nos quitan las puertas, nos deben poner carpas con policías las 24 horas”, señaló.
Fuente: El Universo
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