Los asesinatos de siete presos procesados por el crimen de Fernando Villavicencio, el último fin de semana, evidenciaron nuevamente el débil -si no escaso- control dentro de las cárceles. La crisis llevó a que el presidente Guillermo Lasso encargara por tercera ocasión a Fausto Cobo, uno de sus hombres de confianza, la dirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Cobo ha reconocido que no puede ofrecer soluciones al problema de las prisiones cuando apenas quedan menos de dos meses para que termine el gobierno. En entrevistas recientes ha señalado que se concentrará en trabajar en la Penitenciaría del Litoral y La Roca, y que se enfocará en mejorar la seguridad de los protocolos de ingreso y salida de las cárceles.
La primera vez que lo nombraron director del SNAI fue el 22 de julio de 2021, dos meses después de que empezó la presidencia de Guillermo Lasso.
Aquel momento, Cobo consideraba a las cárceles zonas de guerra. “El sistema carcelario está controlado por narcocriminales que han convertido a las cárceles en zonas de guerra entre carteles y mafias por disputas de mando, control, mercados y territorios para ejecutar sus actividades delincuenciales. LAMENTABLE: las autoridades NO atinan UNA!”, publicó el 22 de julio el coronel del Ejército en servicio pasivo.
Al anunciar la primera dirección de Fausto Cobo en el SNAI, el primer mandatario aseguró que “¡las mafias serán derrotadas!”. Sin embargo, luego de más de dos años, varias masacres, amotinamientos y el paso de seis directores del SNAI, aquella afirmación del presidente no se ha cumplido.
Que otra vez se haya puesto a Fausto Cobo a dirigir el sistema carcelario no sorprende a expertos y, dadas las circunstancias, tampoco se espera que su gestión sea trascendental.
“Si él toma ese cargo es porque no pueden poner a nadie. Nadie quiere ese cargo. Esperar mucho de su designación sería crear falsas expectativas, él tiene muy poco tiempo para hacer cosas”, comentó Jean Paúl Pinto, especialista en seguridad.
A su juicio, en las semanas que quedan lo que podría hacer el director es implementar estrategias de contención y bajar un poco la violencia.
El mayor hito que podría tener Cobo es evitar que no ocurra una nueva matanza en los centros de rehabilitación hasta que llegue el nuevo Gobierno, opinó Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
“Cuando se vuelve una vez más con actores que ya pasaron por esas funciones queda en evidencia que hay una debilidad en cuanto a personas de confianza dentro del entorno del presidente y estabilidad en el caso de cárceles”, analizó Pérez, al tiempo de señalar que hay limitaciones estructurales para controlar las prisiones, que van de la mano con la inestabilidad institucional del país y el estado del sistema de inteligencia.
La solución, dijo Pérez, no depende de una sola persona, sino que parte de una “depuración profunda de la Policía Nacional y del sistema judicial”, para lo cual se requieren la participación y compromiso de actores políticos que lo permitan.
La relación entre Fausto Cobo y presidente Guillermo Lasso es estrecha. Tras dejar en 2013 el Partido Sociedad Patriótica (PSP) -organización política que fundó con Lucio Gutiérrez en 2002-, se unió a Lasso y lo apoyó en sus intentos por ser presidente de la República.
Cobo ingresó a las filas del movimiento Creando Oportunidades (CREO) y con esa tienda política llegó al Parlamento Andino, en 2017, donde fue vicepresidente.
Durante el gobierno de Lasso, Cobo se ha desempeñado como director del SNAI (dos veces en el primer año de gobierno) y desde septiembre de 2021 está al frente del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). La última institución fue creada en 2018 por el expresidente Lenín Moreno, en reemplazo de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain); el CIES es el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia y su director general tiene rango de ministro de Estado.
Cada vez que ha estallado una masacre dentro o fuera de las cárceles, o cuando han ocurrido hechos violentos en las calles, relacionados con actos del crimen organizado, las críticas no solo apuntan a deficiencias del SNAI o de la Policía Nacional, sino también al sistema de inteligencia. No obstante, el Gobierno insiste en que las acciones implementadas, especialmente a través de los numerosos estados de excepción e ingentes decomisos de droga, han surtido efectos.
A decir de Jean Paul Pinto, las medidas han fracasado y demuestran que no se contemplan otras alternativas, diferentes, para enfrentar la crisis. Según el experto, es necesario nombrar a gente civil en los cargos de decisión, que impriman una mirada y doctrina distinta a lo que han venido haciendo los miembros de la fuerza pública, policías o militares en servicio activo o pasivo, que han sido los responsables del manejo de las cárceles y la seguridad.
En cuanto al rol de Fausto Cobo en el CIES, opinó que se espera una rendición de cuentas para analizar si realmente ha dejado fortalecida a la institución en términos de capital humano, tecnología, capacidades y capacitación. Además, Pinto señaló que los informes de inteligencia ante posibles amenazas solo pueden ser efectivos si son atendido por los actores políticos oportunamente.
Según cifras del SNAI, al 29 de septiembre de 2023 había 31.331 personas privadas de libertad (PPL). Por otro lado, dos de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2022-2025 son construir un proceso de pacificación y mantenimiento de condiciones de paz y al año 2025 el cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria debe ubicarse entre los mejores de Latinoamérica. (I)
Fuente: El Universo
