Fiscalía procesará por prevaricato a tres jueces de la Corte Provincial del Guayas; el pedido para formular cargos ya está en la Corte Nacional

Una pena de hasta cinco años de cárcel sería la sanción que podrían enfrentar los jueces de la Corte Provincial del Guayas Lenín Cevallos, Jessy Monroy y Roberto Angulo si se los encuentra culpables del delito de prevaricato. La fiscal general Diana Salazar, el miércoles último, dio a conocer que ha solicitado a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una fecha para formular cargos contra los tres jueces provinciales.

Mediante un video publicado en la red social X de la Fiscalía,  Salazar explicó que se ha pedido una fecha para sustentar en audiencia la formulación de cargos contra los tres jueces de la Corte Provincial del Guayas en un caso de “abuso de garantías jurisdiccionales por haber reformado ilegalmente una sentencia”.

“Durante los últimos años el país ha sido testigo de que jueces avisando de sus competencias aceptaban acciones de protección a delincuentes para dejarlos en libertad o reformar sentencias. Con fecha 7 de junio de 2023 la Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia en la que dejaba claro que los jueces de garantías constitucionales podrían ser procesados por prevaricar”, señaló la fiscal Salazar.

Para evitar el abuso de acciones constitucionales, la CC emitió un fallo el 8 de junio luego de analizar una acción de protección concedida en ambas instancias en contra del Banco Central. Determinó que los jueces que conozcan garantías jurisdiccionales como habeas corpus, habeas data o acciones de protección pueden ser sujetos de sanción penal por prevaricato si proceden en contra de norma expresa.

En el caso analizado, la CC revocó las decisiones revisadas después de concluir que hubo una desnaturalización de la acción de protección al habérsela concedido en contra de una decisión jurisdiccional adoptada en un proceso penal. Además, concluyó que los jueces ejecutores se extralimitaron en sus competencias al reformar ilegalmente la sentencia de segunda instancia para extender sus efectos a personas no contempladas en ella.

La CC escogió este caso en junio pasado para regular el abuso de las acciones de protección. En su sentencia no solo determinó que los jueces que incurran en esa práctica sí pueden ser procesados penalmente por prevaricato, sino también resolvió que Los jueces Cevallos, Monrroy y Angulo cometieron un error inexcusable al mal usar esa garantía en un caso puntual en el que beneficiaron a empresas privadas y obligaron al Banco Central a devolver  $ 12.5 millones retenidos en un juicio.

Como parte de ese caso la Corte Constitucional además dispuso al Consejo de la Judicatura que inicie los procesos disciplinarios para las sanciones administrativas respectivas.

Salazar indicó que esta causa penal se deriva de la sentencia de la CC que señala que se desnaturalizó una acción de protección. “Continuamos trabajando para que cada acción separada de la ley tenga su sanción. Tengamos en cuenta que son los jueces los encargados de impartir justicia, por lo que este será el precedente para todo acto que pretenda desnaturalizar el derecho”. (I)

Fuente: El Universo

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