Aunque la Corte Constitucional no dio paso a la posibilidad de iniciar un proceso de titularización de las tierras concesionadas ubicadas en playas y bahías en las que las camaroneras desarrollan sus actividades productivas, este sector no considera que sea una mala noticia del todo, no por la decisión en sí, sino por los motivos.
El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), José Antonio Camposano, indicó que el dictamen de la Corte sobre el Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres no establece inconstitucionalidad de esta propuesta que ha sido planteada varias veces y “esto es positivo”.
La Corte decidió excluir las disposiciones reformatorias del proyecto de decreto ley desde la primera hasta la cuarta. “El presidente de la República busca, mediante una facultad limitada y excepcional, introducir una reforma con implicaciones en varios sectores y actores de aquellas áreas”, señala el dictamen de la Corte Constitucional.
Camposano explicó que “las razones para no dar paso a la propuesta se centraron en la vía que se pretendía usar ya que, consideraron, se trataba de un medio muy limitado y excepcional para abordar un asunto que tiene varios puntos de vista como el ambiental, el de los derechos de otros actores que operan en zonas aledañas y de los propios camaroneros que se verían beneficiados por la titularización”.
“Los argumentos de la Corte son válidos, por lo que incorporaremos esas observaciones en caso de decidir llevar la iniciativa nuevamente a la Asamblea Nacional para su análisis y aprobación”, sostuvo el presidente de la Cámara.
Según la Federación Ecuatoriana de Acuicultores (Fedac), que representa a los gremios de producción de camarón y de laboratorios de larvas de Esmeraldas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Guayas, 65.000 hectáreas de concesiones camaroneras podrían haber sido beneficiadas con la aprobación de la disposición, lo que según el gremio habría ayudado a mantener su producción de $ 1.800 millones al año ante los efectos del fenómeno de El Niño.
Estas 65.000 hectáreas son parte de las cerca de 110.000 que estarían en riesgo por el evento climático, según consta en el estudio “Estrategias ante el fenómeno de El Niño”, publicado el 5 de junio pasado por la Subsecretaría de Acuacultura.
A finales de septiembre, cuando el decreto ley aún estaba en análisis en la Corte Constitucional, el subsecretario de Acuacultura, Axel Vedani, expuso sus argumentos a favor del proyecto: “No es el mismo trato de un sector agropecuario, bananero o de otro tipo (…), que sí tiene la posibilidad porque ellos pueden hipotecar su hacienda. Si viene El Niño y mañana viene una palizada y se lleva su tierra, el bananero va a poder hipotecar y ¿por qué el camaronero no?, ¿cuál es la diferencia, que es un bien público?”.
Desde la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador (Fenacopec) se celebra la decisión de la Corte. La presidenta del gremio, Gabriela Cruz, considera que han “ganado una batalla, nos movilizamos a Quito, hemos intervenido en el amicus curiae, esta es la tercera intención del Gobierno de querer privatizar playas y bahías”, pues recordó que la primera vez fue a través de una consulta a la Corte Constitucional, la segunda ocasión fue en el 2022 en la Asamblea que negó el proyecto de Ley de Inversiones donde constaba y el tercer intento fue este último también en la Corte Constitucional que en su dictamen del 5 de octubre les puso un alto a varios artículos del decreto ley para desastres, en el que el Ejecutivo volvió a intentar pasar esta opción.
Esta agrupación argumentaba que esto afectaría a más de 13.000 cangrejeros artesanales, pero esa postura fue rechazada por los camaroneros, que señalaron que titularización voluntaria de concesiones acuícolas no se refiere a los manglares y no toca ni modifica ninguna ley relativa a los manglares.
La dirigente cree que la iniciativa de los camaroneros no se volverá a presentar en el próximo Gobierno. “Estamos seguros de que no van a volver a tocar el tema, hay cosas mucho más importantes, como generar fuentes de trabajo, darnos una mejor seguridad marítima para poder trabajar… en vez de dar privilegios a los señores camaroneros en querer legalizar una vez más playas y bahías”, indicó.
Tala de manglar, impacto que ya se daba antes del dictamen de la Corte, según pescadores
La presidenta de la Fenacopec afirmó que uno de los impactos negativos del proyecto, si pasaba la Corte, era la tala de los manglares, aunque lamentó que aun sin haberse aprobado la normativa ya se daban estas irregularidades. “Todavía no ganaban los camaroneros la pelea en la Corte Constitucional y ya comenzaron a talar, por ejemplo, frente a Santo Domingo, en el golfo de Guayaquil, en Jambelí, en El Oro, hasta la misma Cámara de Acuacultura está denunciando la tala del manglar (…), hay camaroneros, no todos, irresponsables…”, criticó Cruz.
Y es que la Cámara de Acuacultura denunció el 11 de octubre el hecho en un comunicado y mostró fotos y videos al Ministerio del Ambiente de “una evidente tala de manglar en el golfo de Guayaquil”.
El infractor, según la Cámara, es un camaronero de 26 hectáreas. La CNA además solicitó a la Subsecretaría de Acuacultura analizar el retiro de su acuerdo ministerial de concesión por ampliar ilegalmente su zona permitida.
Esta denuncia se suma a las más 20 que el gremio ha presentado desde el 2019. “La sanción por ampliar ilegalmente zona concesionada es dar de baja el acuerdo ministerial de concesión. Hemos pedido que la Subsecretaría de Acuacultura proceda de esa forma. No podemos tolerar este tipo de actos”, sostuvo Camposano. (I)
