La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador denunció que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso presentó un ‘amicus curiae’ para “favorecer actividades mineras ilegales e inconsultas en perjuicio” del río Gala, ubicado en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
En un comunicado difundido este martes advirtió a la Corte Constitucional que se “pretende regularizar actividades que ya han causado impacto y daño ambiental y social en un contexto de decisiones previamente tomadas e impulsadas por el Ejecutivo al más alto nivel”.
“Lasso participa nuevamente como ‘amicus curiae’ para influir a favor de las mineras en la justicia ecuatoriana”, acusó el Frente Nacional Antiminero en X.
Origen de la polémica
A finales de 2022, la Justicia ordenó dejar sin efecto la concesión minera Leliatere 1 al evidenciar “claramente el impacto ambiental en la zona del afluente al río Gala”.
Sin embargo, el Ejecutivo ecuatoriano presentó recientemente un escrito de ‘amicus curiae’ en favor de la empresa minera Colibrimining, que se constituyó en 2020 y posteriormente recibió la concesión para operar en esta zona de la provincia de Azuay.
‘Amicus curiae’ se refiere a la persona física o jurídica que sin estar legitimada como parte o como tercero en un litigio interviene voluntariamente ante un tribunal para colaborar con este aportando información objetiva.
“Denunciamos este abuso de poder y esta forma de presión desde el Ejecutivo a la función judicial”, escribió la Alianza, que calificó esta intervención gubernamental como “evidencia que los intereses económicos priman sobre la naturaleza y los derechos ambientales”.
Ahora la decisión quedará en manos de la Corte Provincial de Azuay. RT
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