Juan Esteban Guarderas acudirá este martes, 10 de octubre, a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para asumir oficialmente su vocalía, una vez que la Corte Constitucional (CPCCS) destituyó a Alembert Vera por incumplir el dictamen interpretativo que blindó la evaluación y designación de autoridades realizada por el Consejo de Participación transitorio.
La normativa ecuatoriana vigente indica que en caso de ausencia de uno de los consejeros principales, el suplente más votado lo reemplazará.
Abogado quiteño, de 38 años, Guarderas dice que tiene varios proyectos, como la revisión de los concursos de contralor general y de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la fiscalización de los contratos del sector público y las declaraciones patrimoniales de los familiares de los políticos.
¿Usted esperaba que la Corte resolviera destituir a Vera?
Sí, por supuesto. Incluso creo que debió haber salido antes. En el corto periodo de Alembert Vera hubo una acción de protección que detuvo la renovación del Consejo Nacional Electoral; dos acciones de protección para detener el concurso del contralor; además, incumplió la decisión de la CC respecto a la gestión de Julio César Trujillo con el tema de la fiscal Diana Salazar y la veeduría… Creo que hizo demasiado daño al país.
¿La salida de Vera garantiza que ya no operará una mayoría correísta en el Consejo?
Tengo miedo, preocupación, porque ahí han votado juntos, de manera sistemática, entre cuatro y cinco consejeros. Así que solo con el cambio de Alembert Vera no está asegurado un cambio en las tendencias de los integrantes del Consejo. Basta que uno de los otros tres o cuatro se tuerza para que nuevamente tengamos un bloque que no cumpla las leyes. Espero que todo mejore, pero sí deseo alertar a todo el país de que es la posición de los consejeros independientes que buscamos la legalidad es muy frágil.
Entonces, ¿cree que la Corte debió destituir también a los consejeros Augusto Verduga, Yolanda Saltos y Johanna Verdezoto?
Le pongo un ejemplo. Digamos que hay un ladrón y que si devuelve lo que robó antes de que lo pesquen, no hay daño; pero el ladrón no tiene excusas para tapar su robo cuando ya le pescaron. Las cosas que hicieron Verduga, Saltos y Verdezoto para protegerse fueron después de que la Corte inició el auto de seguimiento. Que no nos vean la cara de bobos, de que fue gestión genuina, de que se dieron cuenta de que sí había una ilegalidad y que rectificaron sus acciones por el bien del sistema.
¿Qué proyectos tiene?
A mí no me importa que me destituyan, por eso voy a tomar decisiones arriesgadas y patear el tablero. Lo primero que vamos a hacer es verificar lo que se ha hecho en el concurso para el contralor y para la renovación parcial del CNE. El primero es un chiste, una vergüenza, y en el segundo existe un riesgo brutal de que las autoridades del CNE se prorroguen unas elecciones más. Por ley, el CNE tenía que renovarse parcialmente en noviembre del 2021, ya están prorrogados por dos años, han pasado por dos elecciones, y si el periodo electoral se inicia un año antes de las elecciones, o sea en febrero del 2024, y las autoridades no pueden removerse de sus cargos en ese tiempo, significa que este CPCCS tiene apenas cuatro meses para culminar el concurso, y como los meses diciembre y enero no tienen trabajo continuo, Diana Atamaint podría quedarse dos años más, esto es gravísimo.
Otro tema, el Estado ecuatoriano es una bolsa de empleo para las personas mediocres. Hay cuadros muy malos y se han blindado con nombramientos legales. Yo iniciaré un proceso agresivo de supervisión de cuáles cargos, en todo el aparato público del Estado, son legales y cuáles no. Y los que no sean legales, “tela marinera” (o sea, tendrán dificultades).
Asimismo, hay una competencia prevista por la Constitución que nunca ha sido ejercida por el Consejo de Participación, que es el enjuiciamiento de casos de corrupción. Solo han denunciado, no enjuiciado. Y me pican las manos por llegar y hacerlo. También voy a solicitar al SRI que me pasen los reportes de las declaraciones patrimoniales de los familiares de los políticos, para verificar que sus bienes estén acreditados fiscalmente. Como le dije, vamos a patear el tablero.
El CPCCS ha sido, no solo ahora sino desde que se creó, un foco de conflictos y polémicas, y varias veces se ha intentado desaparecerlo. ¿Usted cree que esta institución en realidad sirve?
El CPCCS no ha funcionado más mal que el resto de organismos del Estado. El CPCCS es igual de torpe que el CNE, la Judicatura, las superintendencias, no se diga la Asamblea Nacional. Todo está roto. El Consejo de Participación está roto porque ha estado controlado por los intereses de uno o dos partidos políticos, y no respondió a los intereses de la ciudadanía. Alembert Vera fue el perfecto ejemplo de ello. El Consejo no es que me convenza, pero tiene unas competencias que creo que sí son necesarias: es la principal autoridad anticorrupción, es el que habilita los derechos de participación de la ciudadanía… esto no se ha hecho o se ha hecho mal, lo cual no quiere decir que el CPCCS sea malo. Yo no creo en la Asamblea como autoridad nominadora de los organismos de control, porque ha sido peor que el Consejo de Participación. Si es que le doy la nominación de la Contraloría General a la Asamblea no se tendrá el mejor perfil, sino la negociación entre los partidos políticos para elegir al que más porquerías les tapará a todos.
Usted había planteado ante el Tribunal Contencioso Electoral un recurso para que Alembert Vera y Marcela Aguiñaga sean destituidos por la campaña que realizó el correísmo a favor de la llamada “liga azul”. Se lo negaron porque alegaron que no se pueden controlar las redes sociales y luego usted apeló. ¿En qué etapa procesal está esto actualmente?
Ellos hicieron abiertamente una campaña proselitista. La “liga azul” no es un apodo de la gente, es un nombre que asumieron porque se presentaban con el color azul del movimiento de la Revolución Ciudadana. Ya se han vencido los plazos para que el tribunal resuelva el recurso, el Código de la Democracia da dos días para que se admita a trámite y diez para que se resuelva, esto no ha sido respetado. Yo tenía esperanzas de que antes de que salga lo de la Corte salga lo del Contencioso. ¿Pero qué es lo que pasa si esta decisión del Contencioso se mantiene? La Izquierda Democrática, Pachakutik, CREO, PSC y otros tendrán sus propios candidatos al CPCCS y de facto se va a terminar con la neutralidad que se busca en el Consejo.
Fuente: El Universo
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