A la justicia internacional acudirá Alembert Vera para demandar a la Corte Constitucional (CC) por su destitución del cargo de vocal y presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por incumplimiento de un dictamen interpretativo emitido en mayo del 2019.
«Esto se solventará en la justicia internacional, donde estos pusilánimes (los jueces de la Corte Constitucional) enfrentarán condenas ante el Sistema Interamericano, una vez más perjudicando al Ecuador», escribió Vera en un comunicado divulgado en la red social X (antes Twitter).
Vera fue electo vocal del CPCCS en los comicios de febrero del 2023 y posesionado en el cargo, junto a otros seis vocales, el 14 de mayo de 2023 en la Asamblea Nacional. El 15 de mayo fue electo presidente del organismo y casi cinco meses después perdió su cargo.
Este viernes, 6 de octubre, la Corte Constitucional concluyó que Alembert Vera y uno de sus colaboradores incumplieron el dictamen interpretativo 2-19-IC, que impide revisar las decisiones adoptadas por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS-t), en ejercicio de las competencias extraordinarias que le otorgó el referéndum de 2018 y que lo presidió Julio César Trujillo (+).
El incumplimiento se configuró, según la CC, a través de la revisión del expediente con el que la autoridad de la Fiscalía General, Diana Salazar, postuló y ganó el concurso público para ocupar ese cargo que realizó el CPCCS transitorio y por abrir una investigación en su contra por presunto tráfico de influencias y plagio.
Además, por haber dado paso a la formación de una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas del Consejo de Participación transitorio en la elección de los jueces de la misma Corte Constitucional.
Este viernes, 6 de octubre, la Corte Constitucional concluyó que Alembert Vera y uno de sus colaboradores incumplieron el dictamen interpretativo 2-19-IC, que impide revisar las decisiones adoptadas por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición (CPCCS-t), en ejercicio de las competencias extraordinarias que le otorgó el referéndum de 2018 y que lo presidió Julio César Trujillo (+).
El incumplimiento se configuró, según la CC, a través de la revisión del expediente con el que la autoridad de la Fiscalía General, Diana Salazar, postuló y ganó el concurso público para ocupar ese cargo que realizó el CPCCS transitorio y por abrir una investigación en su contra por presunto tráfico de influencias y plagio.
Además, por haber dado paso a la formación de una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas del Consejo de Participación transitorio en la elección de los jueces de la misma Corte Constitucional.
«La herencia nefasta de las atrocidades y miserias del trujillato sigue actuando con sus secuaces vacunadores, puestos a dedo en esta Corte inconstitucional, nueve firmas han aniquilado la decisión del soberano que se pronunció en las urnas a mi favor», reprochó el ahora exfuncionario en su carta fechada el 6 de octubre y que fue difundida este sábado en horas de la tarde.
Acusó a la «Corte inconstitucional» de pretender asegurar la impunidad de la fiscal general del Estado por hechos acaecidos posteriormente a su designación y de «forma grotesca y apresurada señala que por haber cumplido una orden judicial he incumplido un dictamen de la misma Corte».
A su criterio, lo resuelto por los jueces «no es jurídico, sino político» y responsabilizó a los jueces de «ser políticos disfrazados de jueces inconstitucionales, herederos dignos del trujillicidio que ha matado vil y miserablemente la democracia».
En su carta, el vocal y expresidente del Consejo tildó a los jueces de vacunadores, pusilánimes, inconstitucionales y de ser una «Corte extorsionadora que buscará tener de rehén al próximo gobierno de turno, siendo imposible el ejercicio democrático».
«He sido destituido por supuestamente incumplir una sentencia inventada por ellos, para autoprotegerse y asegurar la impunidad de sus actos atroces, el derecho ciudadano de fiscalizar debe estar por encima de sus protervos intereses», exclamó.
El auto de seguimiento de la Corte Constitucional que determinó su destitución y la de su excolaborador y cercano Ismael Merizalde, que se desempeñaba como coordinador jurídico, se aprobó con el voto de los jueces Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín.
El voto salvado fue del juez Enrique Herrería Bonnet, que proponía la destitución de Alembert Vera, de Ismael Merizalde y de los consejeros Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas y Johanna Verdezoto del Salto por aprobar el informe de investigación en contra de la fiscal Diana Salazar.
Además, del juez Leiver Quimis Sornoza, por aceptar la acción de protección presentada por una mujer llamada Betty Moreira Marcillo, para conformar la veeduría ciudadana.
Aunque la Corte no destituyó a los seis vocales que son parte del pleno del CPCCS como Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos, dejó abierta la fase de seguimiento del cumplimiento de este dictamen para que en diez días hábiles se tomen las medidas administrativas para dejar sin efecto y archive las actuaciones administrativas que tengan relación directa o indirecta con el incumplimiento del dictamen.
Fuente: El Universo
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