Por ser incompatible con la Constitución, la Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen no favorable al proyecto de Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas presentado por el presidente Guillermo Lasso.
La decisión se tomó con los votos a favor de los nueve jueces constitucionales, durante una sesión mantenida el jueves 5 de octubre. No obstante, la sentencia se dio a conocer la noche del viernes. El dictamen tuvo el voto concurrente de la jueza Carmen Corral.
El decreto ley fue enviado por Lasso el 5 de septiembre, en el marco de las atribuciones que tiene el Ejecutivo tras la activación de la muerte cruzada.
Entre las medidas que se proponían constaba el cambio de la fórmula de cálculo para el incremento de asignaciones presupuestarias a los sectores de educación y salud, basándose en el presupuesto devengado del año previo. Que el Estado contribuya con el 33,33 % al fondo solidario tripartito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para el tratamiento de enfermedades catastróficas.
Además, se planteaba prohibir el cobro de intereses y/o multas generados por el no pago oportuno de bienes, servicios adquiridos, así como contribuciones periódicas, aportes, cuotas y/o inscripciones, siempre que esto ocurra entre entidades públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado; se excluía de esto a las universidades y escuelas politécnicas. Eliminar los intereses de la deuda del Estado con el IESS por concepto del aporte del 40 % a las pensiones de jubilados.
El Ejecutivo también propuso la remisión del 100 % de intereses, multas y cualquier otro tipo de recargos generados por el retraso de pagos de bienes y servicios entre entidades del Estado, debido a la deficiencia temporal de caja fiscal provocada durante la pandemia del COVID-19, de las transferencias realizadas para cubrir las obligaciones totales de capital correspondientes a favor de las entidades del sector público, hasta el 31 de diciembre de 2023.
En el dictamen, la Corte Constitucional recordó al presidente Lasso que los decretos de urgencia económica que se envíen al organismo, en el marco de la muerte cruzada, “deberán remitirse con el tiempo suficiente para realizar el control previo de constitucionalidad, tomando en cuenta su número, extensión y complejidad respecto de la materia económica que aborden. De no ser así, a la Corte Constitucional no le sería posible ejercer con oportunidad el control constitucional respectivo”.
La iniciativa del presidente fue rechazada por diversos sectores, como maestros, trabajadores, afiliados y jubilados del IESS, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entre otros. Para oponerse realizaron plantones y presentaron recursos legales, con el fin de que la Corte no apruebe el decreto ley.
El magisterio aseguraba al modificar el cálculo para la asignación presupuestaria del sector de educación habría una reducción de más de $ 1.000 millones.
En la parte relacionada con la seguridad social, la procuradora del IESS, Miriam del Carmen Toro, expuso a la Corte que se perjudicaría a la institución, ya que no podría cobrar intereses por un monto de $ 1.129 millones, ahondando la crisis de la entidad.
En su razonamiento, la Corte determinó que “el eliminar cuentas por cobrar del IESS sin justificación técnica alguna, atenta directamente en contra de su sostenibilidad”, lo cual sería contrario a normas constitucionales. (I)
Fuente: El Universo
