Dos días antes de que se cierre formalmente la instrucción fiscal por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, Christian Zurita, periodista y expresidenciable en reemplazo de Villavicencio; el asambleísta electo Patricio Carrillo y el amigo cercano del candidato asesinado, Carlos Figueroa, llegaron a la Fiscalía de Pichincha para entregar cuatro dispositivos celulares personales.
Más allá del pedido hecho por la fiscal que lleva el caso en el que son procesadas trece personas y de no ser ellos los sujetos de la investigación, Zurita dijo que se acercaron a realizar la entrega como un acto de transparencia y con el fin de que la investigación avance y se pueda identificar y conocer quiénes son los responsables intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.
“Tenemos que señalar que nuestros dispositivos personales con información personal que involucra la información de pacientes, clientes y que, en mi caso, involucra fuentes informativas humanas, han sido entregados bajo nuestra responsabilidad y bajo una condición de voluntario. (…) Hemos entregado nuestros teléfonos, a pesar de que no existe una disposición judicial real que identifique las razones por las que piden nuestra información. Aspiramos a que no exista ningún tipo de filtración de la información que estamos entregando, porque se juega la integridad de clientes, pacientes y de fuentes humanas que entregan información”, explicó Zurita.
Ni Zurita ni Carrillo dicen conocer por qué solicitaron sus teléfonos y tampoco entienden ni conocen si la información que recaben de sus dispositivos va a ser usada dentro de esta investigación que está en curso o dentro de una nueva que se va a abrir. Independientemente de aquello, el periodista e investigador cree que debe abrirse otra investigación para tratar de identificar a todos los responsables en este crimen.
El excandidato presidencial de la alianza Gente Buena-Construye asegura que debe quedar claro que por transparencia están haciendo la entrega de sus equipos celulares personales y además para que se descarte lo que “facinerosos” quieren indicar, respecto a que cercanos a Fernando Villavicencio están involucrados con el crimen ocurrido la tarde del 9 de agosto pasado, al final de un mitin político.
Además, Zurita señaló que ya que se han entregado estos cuatro equipos celulares, respaldaron a que, por un principio de seguridad personal, el resto del equipo no entregue sus teléfonos. También dejó claro que el teléfono personal de Fernando Villavicencio no tiene absolutamente nada que ver con la investigación, no se dio el asesinato por ese equipo celular y ante todo lo que se estaría dando, anotó Zurita, ese celular se mantendrá en condiciones de seguridad.
Por su parte, el legislador electo por el movimiento Construye, Patricio Carrillo, explicó que lo que ha pedido la Fiscalía, previa solicitud de una defensa de una de las partes procesales, es un acto intuitivo. Lo calificó así porque, dijo, no hay razones para este pedido de teléfonos. “Este es un tema intuitivo e interesado, indiscutiblemente, porque están provocando no solo dilatar la investigación, sino distraer la información. También están provocando y potencialmente podrían provocar nuevos objetivos. Eso hay que tener cuidado y lo denunciamos. Nos están poniendo en mayor riesgo”.
Carrillo tiene confianza en que la estrategia de inteligencia que ha planteado Estados Unidos de pagar por información entregará elementos de convicción necesarios para determinar la alianza mafiosa que estaría detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Para el exministro del Interior, lo que en este caso existe es una alianza mafiosa entre actores criminales, políticos y empresariales ligados a mercados ilegales.
“Esa es la alianza real y verdadera, hacia allá vamos a caminar y en la Asamblea Nacional, el primer día, presentaremos la solicitud no solo para que se cree la comisión ocasional, sino para identificar todas estas distracciones que están atrás. Hago un llamado público de transparencia al Ministerio del Interior y a la PN. Ya es hora de que entreguen el informe administrativo para evitar especulaciones, nos digan técnicamente qué sucedió ese día”, apuntó.
El sábado 7 de octubre próximo se completan los 60 días de instrucción fiscal dispuestos por el juez que lleva el proceso penal por el delito de asesinato. Hasta el momento siete colombianos y seis ecuatorianos son investigados por sus diversas participaciones en la ejecución del asesinato al estilo sicariato.
Fuente: El Universo
ra
