El dramático asesinato del entonces candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue, más que un estallido, la demostración de la espiral de violencia relacionada con el narcotráfico en el país, una tendencia preocupante que marca un camino que se distancia de su reputación de relativa calma, a pocas semanas de la segunda vuelta entre Luisa González y Daniel Noboa.
Gladys Gonzáles e Iván Briscoe, analistas del think tank Crisis Group, advirtieron en un artículo publicado en Foreign Affairs que el balotaje está siendo opacado por la crisis de seguridad y el rol de las organizaciones criminales, que han aprovechado la transformación de Ecuador en un centro de narcotráfico, formando alianzas con bandas locales. La violencia se extiende más allá de los conflictos relacionados con las drogas, afectando a las prisiones y contribuyendo al malestar social.
En el trazado histórico, apuntan que los recortes presupuestarios del ex presidente Lenin Moreno en materia de seguridad, continuados por Guillermo Lasso, ahondaron una crisis de corrupción en las cárceles, la policía y las aduanas, por lo que cuestionan la eficacia de la estrategia de seguridad de Ecuador, marcada por los estados de excepción y por permitir a los ciudadanos el uso de armas para la autodefensa.
A medida que Ecuador se acerca a una crucial segunda vuelta electoral el 15 de octubre, los candidatos proponen un enfoque híbrido, que combina el refuerzo de la policía, el control de las prisiones, la prevención basada en la comunidad y el tratamiento de las causas socioeconómicas.
Pero los autores señalan que el controvertido enfoque de “mano dura”, exitoso en El Salvador pero manchado por abusos contra los derechos humanos, encuentra poca resonancia entre el público ecuatoriano.
“El aparente éxito de Bukele no es fácil de emular”, aclaran. Según sostienen, la amenaza criminal es distinta: mientras en El Salvador las mafias controlaban comunidades y ejercían una violencia extrema, también eran pobres y marginales al narcotráfico transnacional, más dependientes de la extorsión a empresas locales.
“Si se toman medidas duras (…) se corre el riesgo de alimentar una reacción violenta y nuevos esfuerzos de los jefes del crimen para cooptar a los funcionarios políticos y de seguridad”, alertaron, y señalando como ejemplo lo sucedido en México después de que en 2006 Felipe Calderón lanzara una guerra total contra las drogas, que trajo un aumento marcado de violencia. “Sin esfuerzos sostenidos para abordar la pobreza y la corrupción endémicas, las medidas de mano dura serán, en el mejor de los casos, efímeras y, en el peor, contraproducentes”, expresaron.
Gonzáles y Noboa sugieren que el compromiso con los grupos criminales, aunque desagradable, podría ofrecer un alivio a corto plazo, permitiendo al gobierno abordar problemas endémicos como la pobreza y la corrupción. El artículo aboga por la colaboración internacional, instando al apoyo de Estados Unidos y la UE. Llama la atención sobre el éxito de Guatemala en la reducción de la impunidad a través de reformas apoyadas por la ONU y donantes extranjeros, sirviendo como modelo potencial para Ecuador.
“La epidemia de violencia de Ecuador se ha extendido con una velocidad alarmante. Cada año desde 2020, el número de muertes violentas casi se ha duplicado; los homicidios de este año ya van camino de superar el récord de 4.824 del año pasado”, destacaron los autores.
Gonzáles y Briscoe señalan a las provincias costeras, en particular Guayas, Esmeraldas, El Oro y Manabí, donde se producen más de la mitad de los asesinatos. Estas áreas son estratégicamente importantes debido a sus puertos en el Océano Pacífico, especialmente Guayaquil, un conducto clave para la exportación de cocaína latinoamericana. La laxitud de la seguridad portuaria, el retraso en la instalación de escáneres electrónicos y la coacción criminal de los trabajadores portuarios para facilitar el tráfico de drogas se describen vívidamente.
“En esencia, el control de los puertos se ha convertido en una parte fundamental del modelo de negocio de los narcotraficantes ecuatorianos, al igual que el control de la frontera sur de Estados Unidos lo es para sus homólogos mexicanos”, explicaron.
El ensayo articula la conexión entre figuras políticas y bandas de narcotraficantes, ejemplificada por el asesinato de Villavicencio, vinculado a su propuesta de control militar de los puertos, y examina cómo Ecuador se transformó en un centro neurálgico del narcotráfico debido a la convergencia de las fuerzas del mercado internacional, que redirigieron las rutas de suministro de drogas. Mientras tanto, el empeoramiento de las condiciones económicas fomentó el reclutamiento de bandas y la violencia.
Según indican, la dolarización del país también es un atractivo para las mafias. “Las fronteras de Ecuador siguieron siendo porosas, y su economía, que había sido dolarizada en 2000 para evitar la caída libre económica, se convirtió en un lugar atractivo para que los grupos criminales aparcaran dinero sucio”.
Fuente: Infobae
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